Las trabajadoras y trabajadores de la Atención Primaria de Salud se preparan para un paro nacional los días 29 y 30 de septiembre de 2026, convocado por la CONFUSAM frente a una nueva crisis de financiamiento de los CESFAM, postas y centros de salud municipal. La principal demanda es aumentar en más de $1.000 el per cápita basal para 2027, junto con regularizar los recursos pendientes de 2026.
El conflicto se desarrolla en medio del fuerte ajuste fiscal impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, con medidas que afectan los ingresos y derechos sociales de la población trabajadora: alza de las bencinas y el diésel, cobros y embargos a deudores morosos del CAE y un ajuste fiscal superior a $1,3 billones. En salud, CONFUSAM denuncia una reducción cercana a $19 mil millones en programas de Atención Primaria, mientras el gobierno empresarial impulsa reducir impuestos de las grandes empresas desde 27% a 23%.Hoy el per cápita basal se paga en apenas $11.932 mensuales por persona inscrita, mientras la CONFUSAM sostiene que debería alcanzar al menos los $12.259 y denuncia una deuda acumulada con los municipios superior a $37 mil millones. Además, calcula una brecha histórica cercana a los $4.000 por usuario, por lo que el financiamiento debería aproximarse a $16.000 mensuales.
Sin embargo, no estamos solamente frente a un sistema que subfinancia la salud pública, estrangula a los CESFAM y descarga la crisis sobre trabajadores y usuarios. Estamos frente a un sistema que condena a la mayoría trabajadora a una salud pública precarizada, saturada y permanentemente en crisis, mientras garantiza a una minoría que paga el acceso a una atención privada más rápida y de mejor calidad. Esa es la expresión concreta de una salud para ricos y otra para pobres.
La crisis histórica de la salud.
El actual sistema sanitario tiene sus bases en las transformaciones impuestas durante la dictadura. Entre fines de los años setenta y comienzos de los ochenta se desarticuló el antiguo Servicio Nacional de Salud, se municipalizó gran parte de la Atención Primaria y se crearon las ISAPRE, permitiendo que empresas privadas administraran cotizaciones obligatorias de los trabajadores. Se consolidó así un sistema segmentado: una salud privada ligada a la capacidad de pago y un sistema público que concentra a la mayoría de la población.
Desde 1990, los gobiernos de la Concertación no desmontaron esta estructura, sino que la administraron y reformaron manteniendo sus pilares fundamentales. Aumentaron el gasto, recuperaron infraestructura y ampliaron prestaciones, pero conservaron la separación entre FONASA e ISAPRE, la municipalización de la Atención Primaria y la creciente participación de prestadores privados. Incluso reformas como el AUGE-GES, pese a ampliar algunas garantías, permitieron que prestaciones financiadas por el sistema público fueran cubiertas por redes privadas, fortaleciendo la transferencia de recursos públicos hacia clínicas y centros privados.
La voluntad de no tocar esto modelo de los distintos gobiernos y los partidos del régimen se expreso en la salida que el gobierno de Gabriel Boric dio a la crisis de las ISAPRE. Frente a los fallos de la Corte Suprema que obligaban a devolver cobros realizados en exceso, la Ley Corta de Isapres de 2024 mantuvo formalmente la obligación de restitución, pero permitió planes de pago de hasta 13 años y autorizó una prima extraordinaria cobrada a los propios afiliados para contribuir a la estabilidad financiera de las ISAPRES. Un verdadero perdonazo a las ISAPREs.
TODOS AL PARO DEL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE.
Desde La Voz Obrera reivindicamos los métodos históricos de organización y lucha de la clase trabajadora: la asamblea, el paro y la acción directa, herramientas con las que trabajadores y trabajadoras han conquistado y defendido sus derechos. Por eso apoyamos el paro nacional de la Atención Primaria del 29 y 30 de septiembre, sus demandas por mayor financiamiento y la lucha de quienes sostienen diariamente la salud pública. Para La Voz Obrera, garantizar una salud pública, gratuita y de calidad exige recursos muy superiores a los actuales. Por ello propone la renacionalización del cobre y de los recursos naturales bajo control de los trabajadores y las comunidades, destinando esa riqueza a las necesidades sociales y no a la ganancia de grandes grupos económicos nacionales y transnacionales.
28-09-2026
