Elecciones Presidenciales en Chile:
En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Chile, realizada el 16 de noviembre de 2025, la candidata de la centro izquierda Jeannette Jara se posicionó en primer lugar con cerca del 27 % de los votos, seguida por el abanderado del ultraderechista Partido Republicano José Antonio Kast, que obtuvo alrededor del 24 %. Tercero, dando la sorpresa con el 19% quedó el candidato Franco Parisi del Partido de la Gente con una campaña que se definió “ni de izquierda ni de déerecha” y agrupando un discurso anti-elite. En cuarto lugar con casi 14% Johanes Kaiser con su ultraderechista partido Nacional-Libertario y más atrás en quinto lugar, con 13,2% la candidata Evelyn Matthei, también del sector de derecha tradicional. Si bien ningún candidato alcanzó la mayoría absoluta, Jara y Kast disputarán la segunda vuelta el 14 de diciembre. Las elecciones presidenciales del 16 de noviembre de 2025 confirman el cierre del ciclo político inaugurado abierto con el proceso revolucionario de octubre de 2019. La elección de 2025 expresa la consolidación de este proceso de cierre, donde las clases dominantes volvieron a tomar la iniciativa pero sin dar respuesta duradera a ningún problema estructural del país y del pueblo trabajador, habiendo un compás de espera para nuevas crisis sociales y eventos de la lucha de clases en Chile.
El epicentro de estas elecciones fue la primaria interna de la derecha.
Esta elección estuvo marcada por una verdadera primaria interna de derecha .Apenas conocidos los re sultados tanto la candidato de la derecha tradicional Mathei y el libertario Kaiser acudieron al comando de Kast para reafirmar su apoyo en la segunda vuelta Los tres candidatos sumaron una mayoría de 50,32% en esta elección. La jornada, marcada por una alta polarización política, confirmó el reordenamiento del mapa electoral chileno: una izquierda que mantiene un apoyo significativo pero limitado, y una derecha que, sumando a sus distintas candidaturas, supera el 50 % del electorado, configurando un escenario de fuerte tensión ideológica para el balotaje.
Es la primera elección presidencial con el sistema de voto obligatorio que elevó la participación a niveles superiores al 80% – se aplica desde el 2022 en adelante-. Desde 2022 Chile volvió al sistema de voto obligatorio luego de una década de participación decreciente bajo el régimen de voto voluntario con porcentajes entre 40 % y 50 % que predominaban desde 2012. Por su parte, la votación de Franco Parisi —cercana al 19 %— expresa un voto de descontento general contra el sistema político y sectores que no encuentran representación en los bloques tradicionales. Su peso será decisivo en la segunda vuelta. Los resultados preliminares del Parlamento muestran un fortalecimiento de la derecha en ambas cámaras. Sin lograr todavía una mayoría aplastante. Sea quien sea el próximo presidente, el Parlamento será un instrumento de bloqueo para cualquier demanda de la clase trabajadora —salarios, pensiones, vivienda, salud, fin del subcontrato, negociación ramal— y un garante mediante “grandes acuerdos” de las principales coaliciones de la estabilidad del régimen burgués y del gran empresariado nacional y transnacional.
¿Qué es Kast y el Partido Republicano?
José Antonio Kast fue militante de UDI por más de 20 años, diputado entre 2002 y 2018 y miembro de uno de los clanes familiares más conservadores del país.En 2016, Kast renuncia a la UDI, argumentando que el partido estaba “entregado a la corrección política” y moderado ideológicamente. El Partido Republicano se constituye formalmente en junio de 2019, impulsado por Kast y otros dirigentes de derecha dura y cobra relevancia posteriormente al 2019 como el principal partido defensor de la constitución de 1980 y el modelo de Pinochet.José Antonio Kast y el Partido Republicano representan en Chile una corriente claramente identificada con la ultraderecha internacional contemporánea.
En este contexto, es clave diferenciar la ultraderecha institucional —Meloni, Le Pen, Milei, Bolsonaro— de los grupos fascistas o abiertamente paramilitares. En Chile, el Partido Republicano, como escisión por derecha de la UDI, y el Partido Nacional-Libertario, como desprendimiento del propio Republicano, representan esta ultraderecha “institucional”. El Partido Republicano y Kast se presentan como defensores de la legalidad, el modelo de crecimiento liberal y buscan llegar al gobierno para reforzar el aparato represivo, endurecer la legislación penal y criminalizar a trabajadores, migrantes y sectores populares. Su eje es la restauración del prestigio perdido de las Fuerzas Armadas y Carabineros, pilares del viejo orden pinochetista. No impulsa la formación de grupos paramilitares sino que defiende el rol de Carabineros y las fuerzas armadas, como la vía directa de enfrentar las huelgas o contra tomas de terreno para la vivienda o protestas estudiantiles.
Cuando se habla de la “emergencia” de la ultraderecha en Chile, es fundamental no caer en la ilusión de que se trata de un fenómeno nuevo o ajeno al desarrollo histórico del régimen. Para la clase trabajadora, la pregunta central no es si la ultraderecha apareció de improviso, sino si alguna vez la derecha chilena dejó de ser pinochetista y qué significa, en este marco, un eventual gobierno de Kast. La gran burguesía chilena —los Luksic, los Ponce Lerou, el grupo Yarur y otros— consolidó su poder económico y político bajo la dictadura de Pinochet. Sus partidos históricos, como Renovación Nacional y la UDI, siempre su matriz fundacional fue reaccionaria, profundamente antipopular y violenta contra la clase obrera y los pobres. Su legitimidad “democrática” posterior se construyó sobre la base de la transición pactada, que permitió recomponer el régimen sin desmontar los pilares autoritarios, el modelo económico y la impunidad a los genocidas heredada de la dictadura.
Durante las décadas siguientes, esa misma burguesía se enriqueció aún más bajo los gobiernos de la Concertación, que administró el modelo neoliberal mediante la llamada “democracia de los acuerdos”, sostenida por la Democracia Cristiana y el Partido Socialista. Sin embargo, este equilibrio comenzó a erosionarse en los años 2000, con la irrupción de grandes ciclos de lucha social: el movimiento estudiantil de 2006 y 2011; las huelgas de trabajadores subcontratados del cobre con huelga de más de 37 días por un acuerdo marco; el movimiento No+AFP en 2017; y, finalmente, la explosión de octubre de 2019 que puso al régimen contra las cuerdas.
Sin embargo, debemos tener claridad que tras el 18 de octubre 2019, la burguesía en todas sus cartas del abanico de fuerzas políticas dentro del régimen; supo mantener una batalla ideológica persistente – la lucha de clases es de orden político, económico y también ideológico- en defensa de la gran propiedad privada. Primero contra la propiedad de los fondos de pensiones, hasta la permisología que cuestiona las leyes ambientales, las revisiones de impacto ambiental y la propia legitimidad de las comunidades que son las que padecen las consecuencias medioambientales de un sistema extractivista que pone la ganancia de unos pocos por sobre los intereses de la mayoría. La burguesía chilena, post 18 de octubre dió una gran batalla para imponer ideológicamente los intereses de los grupos económicos y las transnacionales, bajo la defensa férrea de su gran propiedad y de la libertad de explotación.
En ese marco de emergencia de la lucha de clases aguda en Chile , la aparición y crecimiento de la ultraderecha no es un fenómeno aislado, sino el producto directo de la crisis política abierta desde 2019. En este nuevo ciclo, la burguesía necesita nuevos proyectos políticos como Kast y Kaiser para recomponer su autoridad y ganar apoyo entre sectores populares, apelando al orden, la represión, el chovinismo contra trabajadores migrantes y mujeres.
En segunda vuelta: Jara no merece apoyo político de las y los trabajadores.
Desde la izquierda reformista del gobierno (FA-PC) y fuera del gobierno( Izquierda Popular), se vuelve a insistir en respaldar a Janette Jara para “frenar a la ultraderecha”. Este chantaje del mal menor ya fracasó en 2021 y vuelve a fracasar ahora: fue precisamente el gobierno del Frente Amplio-PC —con sus políticas de profundización del modelo en crisis, más ajuste fiscal, entrega del litio y represión— el que abrió la puerta al regreso masivo de la derecha.
El 18 de octubre de 2019 abrió un proceso revolucionario profundo en Chile. Pero esa energía fue desviada por los mecanismos de la reacción democrática: el “Acuerdo por la Paz”, las falsas esperanzas en los procesos constituyentes y el ascenso del gobierno Boric-PC, que se presentó como cambio y resultó continuidad. El gobierno de Boric no solo fue continuidad del modelo de los “30 años”, sino que, al igual que la Concertación, mediante los “grandes acuerdos” con la derecha, profundizó el despojo: aprobó nuevos tratados internacionales (como el TPP-11), mantuvo el decreto 701 de subsidio a la industria forestal con su complementaria militarización del Wallmapu, utilizando la figura de “estado de emergencia permanente” en la Araucanía. Además, se selló el acuerdo de explotación del litio en manos privadas con el contrato SQM-Codelco; se liberalizaron nuevos proyectos mineros en manos de transnacionales, como Los Bronces 2 de Anglo American o Quebrada Blanca 2; y se protegió a las Isapres. En la coyuntura electoral es fundamental identificar que existen acuerdos estratégicos en temas centrales entre las grandes coaliciones del país.
Luego de 4 años de gobierno del Frente Amplio-PC, Chile sigue siendo el paraíso de la precariedad: más del 30 % del país vive del subcontrato; el 60 % de los trabajadores gana menos de 600 mil pesos; el déficit habitacional supera el millón de viviendas; y los megaproyectos extractivos continúan expulsando comunidades mientras acumulan ganancias récord para las transnacionales. La tragedia del 31 de julio en El Teniente marcó un punto de inflexión: mostró brutalmente cómo el modelo de subcontratación mina la vida obrera, precariza la seguridad y destruye familias. Ningún candidato presidencial propuso terminar con la subcontratación ni le habla al pueblo trabajador; todos respaldan el modelo que alimenta a la gran minería privada y al capital internacional.
A su vez, el voto en estas elecciones a la derecha o ultraderecha de más del 50% del padrón, en regiones o comunas populares, no es expresión de la “estupidez” de los pobres, como lo presentan sectores pequeño burgueses que son base del gobierno actual, es la expresión distorsionada de una sociedad en crisis de decadencia, en que el gobierno del Frente Amplio y el PC intentó administrar con medidas cosméticas. Por eso en esta segunda vuelta del 14 de diciembre llamamos a votar nulo contra las dos variantes patronales.
Una elección con el telón de fondo con grandes casos de corrupción.
Las elecciones del 16 de noviembre del 2025 en Chile se desarrollaron con un telón de fondo con grandes casos de corrupción que abren crisis en el régimen. La crisis de corrupción que atraviesa al régimen chileno revela el carácter de esta democracia para los ricos. Los casos que involucran a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, hoy investigada por la Fiscalía por el ingreso de al menos 57 millones de pesos provenientes del consorcio bielorruso CBM a su entorno familiar, muestran cómo una parte del Poder Judicial actuó en sintonía con intereses. A esto se suma el llamado Caso Audios, donde el abogado Luis Hermosilla ex mano derecha del Piñerismo —hoy en prisión preventiva por delitos de cohecho, lavado de activos y fraude tributario ligados a pagos ilegales a funcionarios del SII y la Tesorería— dejó al desnudo la trama de sobornos y tráfico de influencias que articula a empresarios, altos funcionarios y jueces.
En la cúspide de las policías civiles, dos exdirectores generales de la PDI han sido condenados en 2025: Sergio Muñoz, por violación reiterada de secreto en beneficio precisamente de Hermosilla en el Caso Audios, y Héctor Espinosa, declarado culpable de malversar al menos 146 millones de pesos de gastos reservados y lavar esos fondos mediante depósitos a sus cuentas y las de su esposa. En Carabineros, cinco de los últimos siete generales directores han sido formalizados por distintos delitos vinculados al uso fraudulento de gastos reservados, mientras que en el Ejército ex comandantes en jefe como Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo han enfrentado procesamientos y formalizaciones por malversación de caudales públicos y lavado de activos originados también en esos fondos secretos.
Todos estos casos no son anomalías ni “manzanas podridas”: confirman que la llamada democracia chilena funciona como una camarilla de negocios, donde altos mandos militares y policiales, jueces, políticos y grandes empresarios comparten un mismo horizonte de enriquecimiento privado, las elecciones actúan como telón de fondo.
Chile en compás de espera de mayores tensiones.
A su vez, la elección presidencial del 2025, expresa de recomposición de forma parcial la gobernabilidad del régimen tras la fractura abierta en octubre de 2019, pero sin resolver ninguno de los factores estructurales que originaron aquella crisis. Sin embargo, este cierre es más aparente que real: los principales indicadores sociales siguen mostrando una profunda inestabilidad. Chile mantiene una de las estructuras productivas más concentradas y primario-exportadoras de América Latina, donde el 1 % más rico captura en torno al 25 % del ingreso nacional, según estudios del economista Gabriel Palma. Más del 30 % de la fuerza laboral continúa bajo subcontratación, en la gran minería del cobre estatal llega hasta el 80%; el 60 % de los trabajadores percibe ingresos inferiores a los 600 mil pesos; la deuda de los hogares supera el 75 % del ingreso disponible; y el déficit habitacional se estima en más de un millón de viviendas, según cifras del MINVU y de Fundación SOL hacia 2023–2024.
En términos macroeconómicos, Chile mantiene una estructura fiscal dependiente del ciclo del cobre, con una participación del Estado inferior al promedio OCDE y con empresas estratégicas —litio, energía, puertos, forestales y gran minería— en manos de conglomerados transnacionales. Estos rasgos explican que la desigualdad estructural permanezca prácticamente inalterada desde la década de 1990, pese al discurso tecnocrático sobre “crecimiento inclusivo”. La desconfianza con el sistema de partidos políticos tampoco se ha revertido: incluso con voto obligatorio, los niveles de desconfianza institucional continúan por sobre el 70 % en partidos, Parlamento y gobierno, según Latinobarómetro.
Las condiciones materiales siguen apuntando hacia nuevos episodios de crisis social: precarización laboral, degradación ambiental, endeudamiento estructural de los hogares y erosión acelerada de la legitimidad del régimen. Así, la “normalidad” que pretende instalar el régimen es, en rigor, un compás de espera antes de nuevas oleadas de movilización y luchas de clases que volverán a desafiar los límites de la democracia burguesa y del modelo económico chileno.
¿Qué alternativa necesitamos? Construir una organización revolucionaria inserta en la clase trabajadora y el pueblo pobre.
La clase trabajadora no debe alinearse con ninguna de las fracciones políticas que administran el mismo orden del régimen. Ambas expresan intereses estructuralmente vinculados a la reproducción del régimen y, por tanto, no ofrecen una salida histórica a las contradicciones que afectan a la mayoría trabajadora. En este marco, la independencia política de la clase trabajadora no es una consigna moral ni voluntarista, sino una condición objetiva para la construcción de una alternativa capaz de cuestionar las raíces materiales de la explotación y la desigualdad. Sólo una estrategia independiente y de clase puede abrir la posibilidad de una emancipación real, abordando de manera estructural los problemas que enfrentan las y los trabajadores y el conjunto del pueblo.
Los revolucionarios décimos que para revertir esta situación y enfrentar a la ultraderecha no basta con defender la democracia burguesa ni con confiar en sus “instituciones republicanas”. Es necesario partir de las demandas más elementales e inmediatas de clase trabajadora por su subsistencia y condiciones de vida, para unirlas con la forma de organizar la autodefensa obrera y popular, denunciar el carácter reaccionario de los estados de emergencia y las leyes de impunidad a las fuerzas policiales y combatir la ilusión de que con las propias reglas o instituciones de la “democracia” se evitará la ultraderecha. Debemos impulsar comités de base en los lugares de trabajo, estudio y vivienda; promover destacamentos obreros de autodefensa; exigir el derecho de sindicalización en las bases de las fuerzas armadas y policiales. Se debe unir el combate por las libertades democráticas al combate por la destrucción del aparato represivo del Estado burgués.
Las elecciones 2025 demuestran que para conquistar vivienda, salarios reales, fin del subcontrato, nacionalización del cobre y litio bajo control obrero, así como libertades democráticas plenas, no basta elegir administradores más “progresistas” del mismo modelo.
Es necesario reconstruir una dirección revolucionaria, arraigada en los centros de trabajo, en las minas, en las poblaciones y en la juventud. Sin una alternativa de clase, el régimen seguirá avanzando contra las condiciones de vida de los pobres. Ante este escenario, como señalamos, el votar nulo no es insuficiente, si no va unido a la organización permanente y militante. Llamamos a construir comités de base, núcleos sindicales combativos, coordinadoras de trabajadores subcontratados, agrupaciones de jóvenes y organizaciones de mujeres trabajadoras. La tarea histórica del periodo es clara y urgente: levantar una alternativa política de la clase trabajadora independiente de todos los bloques patronales, con un programa de ruptura revolucionaria y la perspectiva del socialismo internacional.
La Voz Obrera Chile se propone ser parte activa de esa construcción.
18 de Noviembre de 2025
