La Voz Obrera Chile, CORI-CI
Introducción:
La minería del cobre es el corazón de la economía chilena. De ella dependen los ingresos fiscales, el presupuesto del Estado y la posición del país en el mercado mundial. Pero tras esa “riqueza nacional” se oculta una contradicción brutal: los trabajadores producen el valor, mientras las transnacionales y los grupos económicos más poderosos del país se apropian de la riqueza, con la complicidad de la burocracia sindical.
Desde los viandazos y huelgas de los años setenta hasta las movilizaciones del siglo XXI, la historia minera es también la historia de la clase trabajadora chilena. Este folleto recoge medio siglo de luchas, desde la resistencia obrera bajo la dictadura hasta la tragedia del 31 de julio de 2025, buscando rescatar su sentido político y programático desde una perspectiva marxista y revolucionaria.¿Porque realizar un estudio de la minería en chile y de la situación de la clase trabajadora minera?. La respuesta está dada por nuestra confianza en la fuerza obrera y nuestra estrategia revolucionaria. En los debates de la izquierda, se repite con frecuencia la idea de que realizar transformaciones profundas —y más aún, revolucionarias— es una tarea de enorme complejidad. Desde el punto de vista de las organizaciones políticas reformistas que basan su estrategia en obtener escaños parlamentarios o cargos dentro de las instituciones del Estado, se suele emplazar a las corrientes revolucionarias tildandolos de “utópicas”, bajo el argumento de que no existiría una alternativa viable al reformismo.
En Chile, la principal expresión de esta política la encarna el actual gobierno, el Frente Amplio, junto al Partido Comunista, que pese a sus diferencias históricas, hoy defienden una misma estrategia: la de transformar el Estado burgués desde dentro y por vías graduales. A 4 años del gobierno de Boric se ha demostrado el fracaso de esta estrategia.
Frente a ese planteamiento, nuestra respuesta es clara: a diferencia de las organizaciones reformistas, confiamos en la fuerza independiente de la clase trabajadora. La historia ha demostrado que han sido los trabajadores, y particularmente los sectores estratégicos como la minería, el motor de las grandes transformaciones sociales. Incluso cuando otras clases terminaron capitalizando políticamente esos procesos, la fuerza que los impulsó fue la del trabajo organizado.
En este marco, queremos recorrer la historia de la clase obrera minera en Chile, sus luchas, sus avances y sus derrotas, para demostrar que no es cierto que en este país falte fuerza social o capacidad material para una transformación revolucionaria. Por el contrario: son las estrategias basadas en la conquista parlamentaria, en los pactos con la burguesía o en los cambios graduales dentro del capitalismo las que han demostrado ser verdaderas utopías.
Los revolucionarios sostenemos que la estrategia basada en la fuerza independiente de la clase trabajadora no sólo es posible, sino necesaria. Este artículo busca defender esa tesis: que la clase obrera minera, con su peso social y su papel en la economía nacional, representa una fuerza real para cambiar el país desde sus cimientos.
Así, al recorrer su historia —de la resistencia bajo la dictadura a las luchas contemporáneas— no sólo evocamos el pasado: reivindicamos el presente y el futuro de la clase trabajadora como sujeto histórico de la revolución en Chile.
1.-La ley del valor y la minería del cobre.
Marx demostró que el valor de una mercancía no proviene de la naturaleza ni del mercado, sino del trabajo humano socialmente necesario para producirla. El cobre, en sí mismo, no tiene valor: sólo adquiere valor cuando el trabajo humano lo extrae, transporta, funde y transforma. En cada tonelada exportada se concentran miles de horas de trabajo no pagado.
El salario del minero apenas cubre el valor de su fuerza de trabajo; la diferencia entre lo que produce y lo que recibe es plusvalía, que es apropiada por el capitalista. Así, el cobre chileno circula en el mundo disfrazado de “precio internacional”, mientras encierra trabajo chileno explotado.
El capital no crea la naturaleza, pero se comporta como si fuera su propietario. Los recursos naturales —minerales, tierra, agua— son, como escribió Marx, “dones gratuitos de la naturaleza al capital”. En Chile, los yacimientos de Chuquicamata, El Teniente o Escondida son explotados bajo esta lógica. Las rentas derivadas de las ventajas naturales o tecnológicas no benefician al pueblo, sino a los monopolios y al Estado burgués, consolidando la dependencia del país.
El valor del cobre está determinado por el trabajo, pero su precio fluctúa según la especulación, la competencia y las crisis del mercado mundial. En los períodos de auge, los precios suben por encima de su valor; en las crisis, caen, revelando las contradicciones del sistema.
Pese a producir cerca de una cuarta parte del cobre mundial, Chile sigue subordinado a la división internacional del trabajo. Su economía depende del valor creado por los trabajadores, pero controlado por el capital extranjero y los grupos económicos nacionales, como el grupo Luksic.
Los trabajadores mineros chilenos producen valor mundial, pero su esfuerzo sostiene las ganancias de BHP, Anglo American y Codelco, sin retorno para quienes lo generan. La lucha minera, por tanto, más que sindical o salarial: es una lucha por reapropiarse el valor del trabajo, para romper la dependencia estructural y colocar la producción bajo control de los propios trabajadores.
“El capital no tiene otro impulso que el de valorizarse, crear plusvalía. Por eso, la liberación de la clase obrera es imposible sin la expropiación del capital.”
— Karl Marx, El Capital, tomo III
2.-Propiedad y control de los grandes yacimientos del cobre. La apropiación del trabajo por el capital.
La estructura de propiedad de la minería chilena expresa la dependencia del país respecto del capital extranjero. Aunque Chile es el primer productor mundial de cobre, más del 70 % de su producción proviene de empresas privadas o transnacionales. El resto pertenece a la empresa estatal Codelco, que opera bajo criterios de rentabilidad y gestión empresarial similares a los del sector privado.
Según la guía comercial de EE.UU., “Chile – Mining”, el 72 % de las minas de cobre están operadas por compañías privadas o transnacionales, y el 28 % restante por el Estado. Esto evidencia cómo los capitales que dominan los grandes yacimientos son una mezcla de transnacionales globales (BHP, Anglo American, Glencore, Rio Tinto) con grupos nacionales privados (por ejemplo Antofagasta plc en Chile) y consorcios asiáticos/internacionales (Mitsui, Marubeni, JECO).Esta estructura plantea la cuestión de quién se apropia de la renta minera: la mayor parte del capital y el control están en manos de entes que no son exclusivamente nacionales.
Según el criterio de las minas con mayor producción anual de cobre fino (en miles de toneladas métricas) según las estadísticas del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) y la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), que publican el Anuario de la Minería de Chile y los Informes de Producción de Cobre 2024–2025,se resumen los principales 15 yacimientos de cobre y sus propietarios:
1. Minera Escondida – Región de Antofagasta
Escondida es la mina de cobre más grande del mundo. Opera a gran altura en el desierto de Atacama y representa por sí sola cerca del 20 % de la producción nacional. Su propiedad está en manos de BHP (Australia–Reino Unido) (57,5 %), Rio Tinto (30 %) y el consorcio japonés JECO (12,5 %). El capital es predominantemente transnacional anglosajón y asiático. Su producción bordea 1,05 millones de toneladas anuales.
2. Collahuasi – Región de Tarapacá
Ubicada en la provincia del Tamarugal, Collahuasi es la segunda mayor operación cuprífera del país. Sus dueños son Glencore (44 %), Anglo American (44 %) y el grupo japonés Mitsui (12 %). El capital es transnacional europeo y japonés. Su producción anual supera las 630 mil toneladas.
3. Los Pelambres – Región de Coquimbo
Operada por Antofagasta Minerals, del grupo Luksic, Los Pelambres combina capital chileno con inversión japonesa (40 % de un consorcio asiático). Es la mayor mina privada de capital nacional y produce alrededor de 340 mil toneladas de cobre fino al año. Su ubicación en la provincia del Choapa la convierte en un eje minero del norte chico.
4. Los Bronces – Región Metropolitana y Valparaíso
Una mina de altura ubicada entre Lo Barnechea y la cordillera de Los Andes. Su propiedad está dividida entre Anglo American (50,1 %), Codelco–Mitsui (29,5 %) y Mitsubishi (20,4 %), combinando capital transnacional y estatal chileno. Su producción anual ronda las 320–340 mil toneladas.
5. El Teniente – Región de O’Higgins
Es la mina subterránea de cobre más grande del mundo y está ubicada en Machalí. Pertenece al 100 % a Codelco, por lo que su capital es estatal chileno. Produce aproximadamente 370 mil toneladas anuales, aunque su rendimiento varía según las inversiones y problemas estructurales.
6. Chuquicamata – Región de Antofagasta
Histórica mina a rajo abierto y actualmente en proceso de transición a explotación subterránea. Propiedad 100 % Codelco, con capital estatal. Su producción se sitúa en torno a 300–320 mil toneladas al año, aunque en declive por la antigüedad del yacimiento.
7. Centinela – Región de Antofagasta
Operada también por Antofagasta Minerals, con 70 % de propiedad del grupo Luksic y 30 % de Marubeni (Japón). Es parte del distrito minero Centinela y aporta unas 250–300 mil toneladas anuales. Su capital es mixto chileno-japonés.
8. Antucoya – Región de Antofagasta
Parte del mismo grupo propietario que Centinela. El 70 % corresponde a Antofagasta Minerals y el 30 % a Marubeni. Produce en torno a 80–90 mil toneladas anuales, siendo una mina de tamaño medio, pero estratégica para el portafolio del grupo Luksic.
9. Zaldívar – Región de Antofagasta
Mina a rajo abierto ubicada cerca de Antofagasta. Su propiedad está repartida entre Antofagasta Minerals (50 %) y Barrick Gold (50 %), combinando capital chileno y canadiense. Su producción anual se aproxima a 110–120 mil toneladas.
10. Quebrada Blanca II (QB2) – Región de Tarapacá
Una de las inversiones mineras más grandes de la última década. Propiedad de Teck Resources (60 %), Sumitomo (30 %) y ENAMI (10 %). Su capital es transnacional norteamericano–japonés, con una minoría estatal. QB2 está diseñada para producir más de 300 mil toneladas anuales en su fase inicial, con proyecciones superiores tras expansiones.
11. Sierra Gorda – Región de Antofagasta
Operada por KGHM Polska Miedź (55 %) y South32 (45 %), representa capital europeo y australiano. Su producción anual se sitúa en 190–200 mil toneladas, con mineralogía compleja y altos contenidos de molibdeno.
12. El Abra – Región de Antofagasta
Propiedad compartida entre Freeport-McMoRan (51 %) y Codelco (49 %). Su capital es mixto estadounidense–estatal chileno. Produce alrededor de 70–80 mil toneladas al año, con fuerte dependencia del mineral lixiviado.
13. Candelaria – Región de Atacama
Candelaria, junto a su operación satélite Ojos del Salado, pertenece en un 80 % a Lundin Mining (Canadá) y en un 20 % a Sumitomo (Japón). Es una mina de capital transnacional norteamericano–asiático, que produce entre 150 y 170 mil toneladas por año.
14. Spence (Pampa Norte) – Región de Antofagasta
Propiedad 100 % de BHP, parte del complejo Pampa Norte. Su capital es transnacional anglosajón. La producción anual es de 200–220 mil toneladas, especialmente después de la expansión con la planta de concentradora.
15. Lomas Bayas – Región de Antofagasta
Propiedad 100 % de Glencore, uno de los conglomerados más grandes del mundo. Su capital es transnacional europeo (suizo). Produce aproximadamente 70–75 mil toneladas de cobre fino al año.
La concentración del poder económico en torno a unas pocas corporaciones transnacionales (BHP, Anglo American, Glencore, Teck, Lundin, Barrick) y grupos nacionales asociados al capital internacional (principalmente el grupo Luksic) demuestra que el control del cobre no está en manos del pueblo. Codelco —que produce cerca del 30 % del cobre chileno— opera bajo las mismas lógicas de rentabilidad y se asocia con estas empresas en distintos proyectos, reflejando la continuidad del modelo dependiente impuesto durante la dictadura y profundizado por los gobiernos posteriores.
La apropiación del valor generado por los trabajadores, por parte de las mineras extranjeras, va acompañada de un robo mayor, pues lo que se exporta desde Chile es concentrado de cobre que contienen otros minerales incluídas las Tierras raras de mayor valor de cotización en los mercados internacionales por su demanda en el rubro tecnológico y médico. Así en la exportación sin refinación ni fundición de concentrados, Chile pierde en promedio por cada tonelada 9.267,97 dólares (Fte. José Miguel Flores, investigador y docente de Aula Universidad de Santiago de Chile) constituyendo de esta manera, un verdadero saqueo de nuestros recursos minerales.
3.- El peso estratégico del proletariado minero: Chile primer productor mundial de cobre .
Chile continúa siendo el primer productor mundial de cobre y uno de los países con mayores reservas. Según el ICSG, la producción mundial en 2024 fue de 22,9 Mt, mientras que Chile aportó 5,51 Mt, es decir, cerca del 24 % del total.El USGS estima cifras similares: 5,3 Mt sobre un total de 23 Mt, con una participación del 23 %. Desde la nacionalización de los setenta, Chile ha mantenido el liderazgo, aunque bajo control cada vez mayor del capital transnacional desde 1973.
Las reservas mundiales ascienden a 980 Mt, de las cuales 190 Mt (19 %) corresponden a Chile. Según Cochilco, el país alcanzará un pico productivo de 6 Mt en 2027, estabilizándose hacia 2034 en torno a 5,5 Mt, lo que equivaldría a un 27 % de la producción mundial proyectada.
Aunque Chile lidera la extracción, la producción refinada se concentra en Asia: China supera las 12 Mt, frente a las 1,9 Mt de Chile. Esto muestra una dependencia industrial estructural: exportamos materia prima y otros países capturan el valor agregado. Durante 2024, la producción nacional creció 4,9 %, impulsada por Quebrada Blanca II y expansiones en Los Bronces y Spence. Codelco estabilizó su producción en 1,33 Mt, pese a problemas estructurales. En 2025, el repunte se mantiene, aunque con superávit global de cobre refinado, lo que contiene los precios. Desde una perspectiva de clase, queremos llevar primeras dos conclusiones, primero : esta estructura confirma que Chile es casi una cuarta parte de la producción mundial y que un un paro minero en Chile impactaría directamente la economía global, hay centralidad estrategia revolucionaria; segundo: la renta minera y la riqueza del cobre chileno sólo podrá beneficiar al pueblo mediante una renacionalización de la gran minería y un gobierno de los trabajadores. Quien controla la minería controla el país.
4.– Las y los trabajadores de la minería como fuerza obrera del país. Historia 1976-2024.
La clase trabajadora minera chilena ocupa un lugar estratégico en la economía nacional. La minería del cobre representa alrededor del 15 % del PIB, más del 50 % de las exportaciones y una proporción decisiva de los ingresos fiscales. Esto significa que un paro general en la minería del cobre podría afectar de inmediato la reproducción del Estado y del capital financiero. Según el Estudio de Fuerza Laboral de la Gran Minería Chilena 2023-2032, la fuerza laboral de la gran minería alcanza a 238.781 trabajadoras y trabajadores, de los cuales 57.898 son trabajadores internos de las empresas mineras (planta) y 180.883 pertenecen a empresas proveedoras y contratistas, es decir, cerca de tres cuartas partes de la fuerza laboral opera bajo régimen de subcontratación. Si se considera el conjunto del sector minero, el INE estima para 2024 alrededor de 287.000 personas ocupadas en la minería a nivel nacional, lo que confirma el peso estructural del sector en el empleo asalariado del país. En términos territoriales, la minería se concentra principalmente en el Norte Grande y Norte Chico (Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo) y en la llamada macrozona centro (Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins). Solo la Región de Antofagasta concentra cerca de 126.000 empleos mineros directos e indirectos, apareciendo como el principal polo laboral del sector. A su vez, el diagnóstico regional de la macrozona centro muestra que esta zona reúne más de 55.000 empleos mineros, lo que equivale aproximadamente al 24 % del empleo minero nacional, y que más del 70 % de esos puestos de trabajo son generados por empresas subcontratistas, confirmando que la subcontratación no es un fenómeno marginal sino la forma dominante de organización del trabajo minero en las principales regiones productoras
A su vez, más allá del peso económico, la minería concentra un tipo de trabajo altamente calificado, disciplinado y socializado: miles de obreros coordinados en faenas gigantescas, interdependientes, con conciencia de su papel en la producción y acceso a material explosivo. Esa cohesión técnica y laboral se traduce que objetivamente puede convertirse en fuerza social, política y militar , porque el minero sabe que sin su trabajo la maquinaria del país se detiene.
En cada huelga, paro o viandazo, los trabajadores del cobre han demostrado que su acción tiene efectos nacionales. La represión que históricamente ha sufrido —desde El Salvador en 1966 hasta la represión de 2015 en El Salvador o la tragedia de 2025 en El Teniente— revela precisamente ese temor de la burguesía: la posibilidad de que la clase obrera minera unifique a todo el movimiento popular bajo su dirección.
La conciencia política de las y los trabajadores no cae del cielo, es el resultado de sus luchas, sus experiencias y los partidos que intervienen. Nosotros La Voz Obrera queremos ser parte de la contribución del desarrollo de la conciencia política de todo el potencial revolucionario de la clase obrera minera. La burocracia sindical, las corrientes políticas burguesas y reformistas, apuntan a lo opuesto, a que día a día la clase obrera se divida más, pierda confianza en sus propias fuerzas para que confié en los engaños de los políticos patronales.
El concepto de centralidad estratégica que deben retomar las y los trabajadores de la minería no es solo económico, sino también político y subjetivo. El proletariado minero además de producir la riqueza principal del país: ha sido también el núcleo de organización, combatividad y conciencia de clase en distintos momentos de la historia del país.
Desde las luchas de la FOCH y la Comuna de Antofagasta, pasando por la nacionalización del cobre en los setenta, el llamado a las protestas contra la dictadura de Pinochet en los años 80, hasta las huelgas subcontratistas de la CTC. La historia minera es la historia de cómo los trabajadores descubren su propia fuerza al enfrentarse colectivamente al capital y al Estado. Por eso, cuando el reformismo plantea que “el pueblo” o “la ciudadanía” son los sujetos del cambio, diluye la fuerza obrera en un conjunto amorfo. El marxismo, por el contrario, afirma que la clase trabajadora es el sujeto revolucionario, y que los sectores estratégicos —como la minería— concentran la palanca material capaz de transformar toda la sociedad.
Sin embargo, en el 2025 tenemos objetivos que superar: la subcontratación, que fragmenta y divide a los trabajadores entre planta y subcontratada, la burocracia sindical que convierte a los sindicatos en mafias contra los trabajadores y la ideología reformista que reemplaza la fuerza histórica de la organización de los trabajadores por la confianza en el parlamento o gobierno. Superar esos límites es necesario para retomar la fuerza histórica.
Tenemos algunos ejemplos. Tras el golpe de 1973, la represión destruyó gran parte del movimiento sindical. Sin embargo, los mineros fueron los primeros en romper el silencio. En 1976, los obreros de Chuquicamata realizaron un paro de dos horas; en 1977, mil trabajadores de El Teniente protagonizaron el viandazo, marchando con loncheras vacías contra la carestía. En los años siguientes hubo paros en El Salvador y huelgas contra el Plan Laboral de José Piñera.
En los ochenta, la clase minera retomó la ofensiva con huelgas prolongadas, ollas comunes y jornadas nacionales de protesta. La Confederación del Cobre jugó un papel decisivo en la rearticulación del movimiento obrero y las protestas contra la dictadura.
El retorno a la democracia vino con la mantención del modelo económico de Pinochet. En 1991, cerca de 10 000 trabajadores de El Teniente se mantuvieron un mes en huelga; la producción mundial se resintió y el gobierno intervino. Chuquicamata, Ventanas y Andina vivieron paros similares durante toda la década. La Concertación mantuvo intacto el modelo neoliberal: privatización, subcontrato y represión sindical. Entre los años 90 y 2000 CODELCO tercerizó masivamente y el Estado legalizó la precarización, a través de la Ley de Subcontratación (2006). Pero los trabajadores respondieron con una oleada de huelgas y ocupaciones. En 2007, la CTC protagonizó una paralización de 37 días, con barricadas, enfrentamientos y más de 14 000 trabajadores subcontratados beneficiados por un acuerdo marco.
Entre 2011 y 2024 se sucedieron huelgas prolongadas en El Teniente, Caserones, Escondida, Collahuasi y Andina. En 2015, el asesinato de Nelson Quichillao en El Salvador reveló la violencia estatal. Durante la situación de crisis revolucionaria en Chile de octubre del 2019, los mineros respondieron en el paro nacional del 12 de noviembre con paralizaron en algunas faenas en solidaridad con el pueblo, aunque el “acuerdo por la paz” del 15-N frenó el desarrollo de la tendencia general. En 2024, una nueva huelga en Escondida volvió a estremecer la economía nacional. Ahora se tratan de nuevas generaciones de lucha que deben dar continuidad histórica.
5.- El cobre, la renta minera y los problemas del país: el caso del derecho a la vivienda.
Según los datos del Censo 2024 publicados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), el déficit cuantitativo nacional asciende a 491.804 viviendas faltantes, equivalentes al 7,5 % de los hogares del país. Sin embargo, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) advierte que la cifra real podría superar las 640.000 viviendas, y un estudio de la Universidad de Talca proyecta que hacia fines de 2025 el déficit podría alcanzar hasta 750.000 viviendas si no se acelera la producción habitacional.En cualquiera de estos escenarios, la brecha es monumental y sigue creciendo año tras año.
En Chile, las enormes utilidades generadas por la minería del cobre contrastan con uno de los problemas sociales más graves del país: el déficit habitacional. ¿Es posible resolver los problemas sociales del país?. Las y los trabajadores del cobre tienen la llave. Las principales empresas mineras —en su mayoría transnacionales— acumulan ganancias multimillonarias cada año, mientras cientos de miles de familias carecen de donde vivir. La contradicción entre la riqueza minera y la pobreza urbana revela el carácter de clase del modelo económico chileno: la renta del cobre no financia derechos sociales, sino utilidades privadas.
Según sus reportes financieros de 2024–2025, Minera Escondida (BHP) alcanzó ventas por US$10.013 millones y un EBITDA de US$5.759 millones durante su año fiscal 2024, registrando además utilidades netas por US$2.644 millones solo en el primer semestre de 2025. Collahuasi —propiedad de Anglo American, Glencore y Mitsui— declaró utilidades netas por US$1.543 millones en 2024, pagando US$1.014 millones en impuestos y royalty.Por su parte, Antofagasta Minerals (grupo Luksic) informó utilidades antes de impuestos por US$2.071 millones, impuestos por US$755 millones y un EBITDA de US$3.430 millones en el mismo período.
Estas tres compañías concentran una parte significativa de la producción y exportación nacional de cobre, y sus beneficios superan ampliamente los presupuestos anuales de varios ministerios sociales.El nuevo Royalty Minero vigente desde 2025 se estima generará una recaudación total de US$1.350 millones anuales, de los cuales US$450 millones se destinarán a regiones y municipios mineros. Aun así, la mayor parte de las rentas continúa en manos privadas, bajo un esquema de concesiones instaurado por la dictadura y mantenido por todos los gobiernos posteriores.
De acuerdo con los antecedentes oficiales del propio ministerio de vivienda en el programa DS19 de integración social, el costo promedio de una vivienda tipo en 2024 se sitúa alrededor de 2.159 UF, equivalente a unos $85,6 millones o US$90.700 por unidad (según UF $39.600 y dólar $943 promedio de noviembre de 2025). Si se destina una fracción de las utilidades mineras a construcción de viviendas, las cifras serían reveladoras:
Con las utilidades netas de Escondida (US$2.644 mil millones) podrían financiarse aproximadamente 29.000 viviendas. Con las de Collahuasi (US$1.543 mil millones), unas 17.000 viviendas. Con las de Antofagasta Minerals (US$2.071 mil millones), cerca de 23.000 viviendas.
Solo estas tres compañías podrían cubrir, en un año, unas 69.000 viviendas, es decir, casi el 15 % del déficit habitacional actual.
No obstante, ningún gobierno de esta democracia para ricos ha tocado la renta minera para la solución de los problemas del país. Estas cifras ilustran con claridad la contradicción estructural del capitalismo chileno: mientras el cobre —extraído por trabajadores de planta y contratistas— genera miles de millones de dólares en utilidades privadas, más de medio millón de familias viven sin vivienda adecuada. Una nacionalización de la gran minería del cobre bajo control de los trabajadores y las comunidades, junto con la creación de un fondo soberano de vivienda e infraestructura, permitiría transformar la renta minera en un derecho social garantizado, financiando cada año decenas de miles de hogares, hospitales, escuelas y obras públicas.El problema no es técnico ni financiero: es político y de clase.Mientras la propiedad de los recursos siga en manos del capital nacional y extranjero, la riqueza del cobre servirá al lucro y no a la vida. Solo un gobierno de los trabajadores, basado en la planificación democrática de la economía, podrá convertir la renta minera en viviendas, trabajo y bienestar para el pueblo.
6.- El subcontrato como régimen estructural del capitalismo chileno.
El 31 de julio de 2025, un derrumbe en la mina subterránea de El Teniente costó la vida a seis trabajadores contratistas y dejó decenas de heridos. Fue el accidente más grave desde San José (2010). Tres meses después, Codelco y el gobierno seguían sin asumir responsabilidades. No fue un hecho aislado: entre 2022 y 2024 murieron en faena Frank Olguín Mori, Osvaldo Bustamante Frías y Ana Camila Rojas, todos contratistas. El patrón se repite: los que mueren son los subcontratados, mientras las autoridades lamentan “el dolor de la familia Codelco”, pero mantienen el modelo que mata.Hoy, tres de cada cuatro trabajadores en Codelco están subcontratados. De un 4,7 % en 1984 se pasó al 80 % en 2025. La lucha de 2006-2007 unificó a miles de obreros, pero la cooptación política debilitó ese movimiento.
La tragedia del 31 de julio no es un accidente: es el resultado lógico de un sistema basado en la ganancia y la precarización. La respuesta debe ser política: levantar una coordinadora nacional de trabajadores de planta y contratistas, elegida en asambleas, con delegados revocables, para conquistar un pliego nacional de seguridad y condiciones de trabajo.
La subcontratación es el corazón del modelo neoliberal chileno. Nació en la dictadura con el Plan Laboral de José Piñera y se expandió bajo la Concertación. Su función es clara: reducir costos, dividir sindicatos para anular el poder de negociación de los trabajadores y debilitar la unidad de clase.
En Codelco, de 16 000 trabajadores de planta dependen más de 60 000 contratistas: el 80 % de la fuerza laboral. Los efectos son sueldos más bajos, inestabilidad, alta accidentabilidad, persecución antisindical y fragmentación obrera. La Ley 20.123 (2006) legalizó esta precarización al reconocer la “responsabilidad solidaria” sin eliminar la tercerización. Las huelgas de 2007, 2011 y 2015 demostraron que la potencialidad de la demanda de “fin al subcontrato y pase a planta” que no implica pérdida de empleos, sino lucha por mejores condiciones. Sin embargo, la burocracia sindical involucrada en el negocio con las empresas es enemiga a poner este sistema.La unidad de trabajadores de planta y contratistas, por un tarifado único nacional de la minería, es la palanca central para dotar de fuerza social.
En el caso del ejemplo del problema habitacional en Chile no se explica sólo por la falta de viviendas construidas, sino por la lógica del sistema económico que las convierte en mercancías y no en derechos. En un país donde el 80 % de los trabajadores gana menos de $900.000 líquidos mensuales —según el INE 2025— y donde los contratistas mineros o de servicios viven con ingresos irregulares, acceder a una vivienda propia se vuelve una ilusión. Es decir, la mayoría de la fuerza de trabajo obrera subcontratada en la gran minería tiene imposibilidad a la vivienda propia. El salario, que bajo el capitalismo equivale al valor de la fuerza de trabajo, es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de reproducción de la vida, menos aún para enfrentar los precios del suelo y los créditos hipotecarios impuestos por la banca y las inmobiliarias.
El trabajador subcontratado enfrenta una doble discriminación. Por un lado, percibe salarios más bajos, sin bonos estables ni continuidad laboral, lo que impide cumplir los requisitos financieros para acceder a un crédito hipotecario. Por otro, la propia condición contractual precaria —contratos por obra o faena, discontinuidad previsional, cotizaciones irregulares— lo transforma en “no sujeto bancario”. Es decir, el sistema financiero lo clasifica como “riesgo” y le niega el acceso al crédito. En la práctica, la subcontratación se convierte no solo en un mecanismo de explotación laboral, sino también en una barrera estructural a la vivienda.
Mientras tanto, el acceso a la vivienda está dominado por el capital financiero e inmobiliario, que actúa como intermediario obligatorio entre el trabajador y su derecho a habitar. La banca concentra el poder sobre el crédito, fija las tasas, decide quién es “apto” y quién no, y obtiene ganancias por intereses que, en promedio, duplican el valor original de la vivienda durante la vida del préstamo. Las inmobiliarias, por su parte, especulan con el suelo urbano, orientan la construcción hacia segmentos de alto valor y desplazan a la población trabajadora hacia la periferia, generando segregación social y dependencia del transporte público o privado para acceder al trabajo.
El modelo chileno de vivienda se sostiene, por tanto, sobre una cadena de extracción de valor: el salario del trabajador —ya reducido por la subcontratación— se transforma en deuda con la banca, la cual a su vez financia a las constructoras e inmobiliarias que especulan con el precio del suelo. Es una transferencia directa de valor desde el trabajo hacia el capital financiero y rentista. La vivienda, en lugar de ser un derecho, es el vehículo de reproducción del capital.
En este sentido, la dependencia del país respecto del cobre y la precarización del trabajo minero se vinculan directamente con el problema de la vivienda. Las rentas mineras, que podrían financiar miles de viviendas anuales, son apropiadas por las grandes corporaciones transnacionales y los grupos económicos locales. Mientras la minería exporta cobre bruto, los trabajadores importan deuda: los bancos e inmobiliarias chilenos obtienen ganancias extraordinarias por los créditos hipotecarios y por el alza del suelo urbano. Así, la plusvalía generada en la mina reaparece transformada en renta inmobiliaria y utilidades bancarias.
El capitalismo chileno no produce casas para habitar, sino mercancías para especular. El valor de uso —el derecho a la vivienda— queda subordinado al valor de cambio, al lucro. Por eso, mientras se construyen torres vacías para la inversión, más de 640.000 familias permanecen sin casa propia o viviendo en condiciones precarias. La raíz de este problema no está en la falta de recursos ni en la gestión estatal, sino en la propiedad privada del suelo, en el control del crédito por la banca y en la subordinación del salario al capital.
Desde una perspectiva socialista, el derecho a la vivienda exige romper con el dominio de la banca y las inmobiliarias y liberar la renta minera y del suelo urbano de la especulación de los capitales. La nacionalización de la gran minería, junto con la creación de una banca pública bajo control de los trabajadores y un sistema nacional de vivienda popular, permitiría transformar una porción de la plusvalía minera en inversión social permanente. Solo un gobierno de los trabajadores podría garantizar que el cobre y el suelo de Chile dejen de ser mercancías y se conviertan en bienes sociales, construyendo viviendas para vivir y no para enriquecer al capital financiero.
7. Los trabajadores de la minería y la lucha por el fin de las “zonas de sacrificios ambiental”.
La dependencia estructural del cobre constituye una trampa económica y social. Al sostener el crecimiento casi exclusivamente en la minería, Chile queda expuesto a las fluctuaciones de precios y al agotamiento de su base ambiental. La producción intensiva del cobre ha generado zonas de sacrificio ambiental: territorios devastados por contaminación, relaves y enfermedades. Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero-Puchuncaví y Coronel son ejemplos de cómo el “progreso” capitalista convierte regiones enteras en vertederos industriales. Calama y la provincia de Petorca, son otras zonas mineras afectadas. Muchos trabajadores de la minería, especialmente en calidad de subcontrato viven en los territorios y comunidades que sufren el daño ambiental minero. Los trabajadores de la minera sufren enfermedades y accidentes son los primeros afectados por el daño ambiental. Las poblaciones que viven en zonas de sacrificios son aliadas del obrero minero para poner fin al control de las transnacionales y la burguesía de la minería. El vínculo entre dependencia y sacrificio es evidente: el valor económico se extrae, el daño se queda. Las ganancias van al capital; las pérdidas, a los trabajadores y las comunidades. Desde una perspectiva revolucionaria, la nacionalización del cobre debe ir acompañada de control obrero, reparación ambiental y planificación social del territorio que involucra el control de los trabajadores y las comunidades dentro de una economía planificada. Esto es, producir lo necesario y distribuir para todos. Sólo una economía planificada y controlada por los trabajadores y las comunidades, puede resguardar la vida, los recursos naturales y los ecosistemas.
8.-¿Pueden lograrse estos objetivos dentro de la “democracia” chilena?
La experiencia reciente del país demuestra lo contrario. La llamada “democracia chilena” —heredera directa de la Constitución de 1980 y administrada por los gobiernos del capital— no ha servido para devolverle al pueblo las riquezas que produce, sino para asegurar su continuidad en manos del gran capital nacional y extranjero. Bajo sus reglas, los trabajadores pueden votar, pero no decidir sobre la propiedad de las minas, ni sobre la orientación de la economía. Los gobiernos cambian, pero la estructura de poder permanece intacta: la banca, las mineras, los conglomerados empresariales y los medios de comunicación siguen bajo control de los mismos grupos económicos. La experiencia de la Convención Constitucional chilena (2021-2022) demostró con hechos lo que los revolucionarios siempre hemos afirmado: la democracia capitalista es incapaz de resolver las demandas históricas del pueblo trabajador. A pesar de haber surgido tras la revolución de octubre de 2019 y de haberse presentado como un “proceso de cambio”, la Convención no tocó las bases materiales del modelo económico. El texto propuesto no cuestionaba la propiedad privada de los grandes yacimientos del cobre, ni el régimen de concesiones mineras heredado de la dictadura, ni la subcontratación masiva que mantiene precarizada a la mayoría de los trabajadores del sector. En el fondo, preservaba intacto el dominio del capital nacional y extranjero sobre los recursos estratégicos del país.
Esta experiencia es una lección para toda la clase trabajadora: incluso los procesos institucionales más amplios se encuentran prisioneros de los límites del orden burgués. Ninguna “nueva Constitución” dictada bajo la propiedad capitalista podrá garantizar el control obrero de la producción, ni el fin del subcontrato, ni la nacionalización bajo administración de los trabajadores.
Por eso, nuestras demandas políticas y sociales no pueden realizarse dentro del marco de la democracia capitalista: exigen una ruptura revolucionaria, la construcción de un poder de los trabajadores que reemplace las instituciones del Estado burgués y reorganice la economía sobre nuevas bases, en beneficio del pueblo y no del capital.
Cincuenta años después del golpe de 1973, la historia del cobre sigue siendo el espejo de la historia nacional: dictadura, privatización, subcontrato y resistencia.Aquella empresa que fue símbolo de soberanía —Codelco— se transformó en administradora de la renta minera al servicio del capital financiero. El problema de fondo no es de gestión, sino de propiedad y poder. Mientras la producción se rige por la ley del valor y el cobre continúe siendo mercancía, el trabajo minero seguirá siendo fuente de tragedia y explotación.
La tarea de las nuevas generaciones obreras es retomar el programa histórico de la clase trabajadora, con las mismas banderas que levantaron quienes los precedieron: El Control obrero de la producción. El fin del subcontrato, la renacionalización del cobre bajo administración directa de los trabajadores y un gobierno de los trabajadores y el pueblo.
9. La estrategia del poder de las y los trabajadores .
El cobre, riqueza social creada con nuestras manos, debe dejar de ser mercancía. Solo una economía planificada democráticamente por los propios productores puede poner fin a esta contradicción entre la abundancia de recursos y la miseria del pueblo.Sin embargo, la historia enseña que ninguna clase dominante ha renunciado jamás voluntariamente a su poder. La burguesía chilena, asociada al capital extranjero, no es la excepción. Su dominio se sustenta en el control del Estado, de las fuerzas armadas, de la justicia, de los medios de comunicación y de toda la estructura que garantiza su privilegio. Nuestras demandas no pueden ser resueltas pacíficamente.
Cada conquista popular —la jornada de ocho horas, el derecho al voto, la sindicalización— fue arrancada con lucha, organización y sacrificio. Y cada vez que los trabajadores han amenazado realmente los intereses del capital, la burguesía ha respondido con represión, golpes o dictaduras.
Como advirtió Marx: “La violencia es la partera de toda vieja sociedad preñada de una nueva.”
Lenin, en El Estado y la Revolución, explicó que el Estado no es un árbitro neutral, sino un instrumento de opresión de una clase sobre otra. Por eso, el socialismo no puede surgir por reformas graduales dentro del viejo aparato estatal: exige su reemplazo por un poder nuevo, el poder de los trabajadores organizados.
La dictadura del proletariado no significa opresión sobre el pueblo, sino democracia obrera: consejos de trabajadores, control de la producción, planificación económica, elección y revocabilidad de todos los cargos. El capital no puede renunciar a su dominio sin destruir su propia esencia. Por eso, los trabajadores de la minería deben prepararse para la toma del poder.
La tarea histórica de los trabajadores no es sólo resistir o exigir mejoras: es prepararse para gobernar. Esto requiere la independencia política de clase, para romper con todos los partidos patronales y reformistas. Organización desde abajo, mediante asambleas, coordinadoras y consejos obreros que unifiquen a planta y contratistas. Dirección revolucionaria con un partido obrero revolucionario e internacionalista capaz de convertir la fuerza económica de la clase obrera en poder político. No hay otra salida realista. Las vías institucionales, los pactos y los acuerdos con el capital sólo perpetúan el dominio de los mismos de siempre.
La emancipación de la clase trabajadora será obra de la clase trabajadora misma. El cobre —fruto del trabajo minero y motor de la economía nacional— debe ser también el punto de partida de una nueva revolución obrera y socialista en Chile.
10.- Llamado a las y los trabajadores de la minería: convertirse en vanguardia política del país con un partido y programa revolucionario.
Los trabajadores de la minería ocupan el lugar más estratégico de la economía nacional. Su trabajo sostiene el presupuesto del Estado, las exportaciones, el tipo de cambio y gran parte de la estructura productiva de Chile. Cada tonelada de cobre que sale de las faenas mineras representa miles de horas de trabajo humano condensado, y cada huelga o paralización impacta no solo en las empresas, sino en la totalidad del aparato económico. Esa fuerza objetiva les otorga un poder político potencial que ninguna otra fracción de la clase obrera posee: el de detener el corazón económico del país y, con ello, poner en jaque al Estado burgués y a los intereses del capital transnacional.
Sin embargo, ese poder económico sólo se convierte en fuerza transformadora cuando los trabajadores toman conciencia de su papel histórico. Mientras los mineros sean utilizados por las direcciones sindicales burocráticas o por los partidos reformistas que los llaman a “dialogar” con el gobierno, su fuerza seguirá siendo contenida y desviada. Convertirse en vanguardia política significa romper con la subordinación a los partidos del orden —sean del Frente Amplio, del Partido Comunista o de la derecha— y construir una dirección propia, obrera y revolucionaria, que una las luchas económicas, sociales y políticas en una misma estrategia de poder.
Esa vanguardia política no surge de forma espontánea sino de la propaganda sistemática en la experiencia de las luchas y cotidianamente de la clase trabajadora. La Voz Obrera Chile es parte de esa disputa. La historia de los mineros chilenos demuestra que cada vez que su acción se generalizó —en las jornadas contra la dictadura, en las huelgas subcontratistas o en la revolución de 2019—, el conjunto del pueblo trabajador miró hacia ellos como ejemplo de organización y combatividad. En esa experiencia se forja la conciencia de clase: la comprensión de que la fuerza que mueve la economía puede también mover la historia.
Por eso, los trabajadores del cobre deben avanzar de la lucha sindical a la lucha política consciente, dotándolo de un instrumento propio: un partido revolucionario de la clase trabajadora, que no sea apéndice de la burguesía ni instrumento electoral, sino la herramienta de una estrategia socialista para conquistar el poder. Ese partido no se construye desde arriba, sino desde las bases, en cada faena, en cada sindicato, en cada coordinadora, unificando a trabajadores de planta y subcontratados, a mineros, portuarios, forestales y pobladores.
El programa de esa vanguardia debe partir de las necesidades más urgentes del pueblo —salarios adecuados, fin del subcontrato, derecho a vivienda, salud, educación y medio ambiente sano—, pero proyectarse hacia su solución definitiva: la nacionalización de la gran minería y de toda la economía estratégica sin indemnización y bajo control de los trabajadores, la planificación democrática de la producción y la conformación de un gobierno obrero y popular basado en consejos y asambleas.
Solo una clase trabajadora consciente de su fuerza y organizada políticamente puede transformar su posición estratégica en dirección histórica. Los mineros tienen en sus manos la posibilidad de abrir un nuevo camino para Chile: no el de la conciliación ni la reforma, sino el de la revolución socialista, que ponga fin al dominio del capital y devuelva al pueblo el fruto de su trabajo.Convertirse en vanguardia no es una aspiración moral: es una necesidad histórica para la liberación de toda la clase trabajadora chilena.
Compañeras y compañeros del cobre: el peso estratégico que ustedes ocupan en la economía chilena les otorga una responsabilidad política de primer orden. Ningún proceso productivo en Chile tiene el impacto nacional e internacional que tiene la minería del cobre. Cada huelga, cada paro, cada movilización en una faena minera repercute en el conjunto de la economía y en el propio Estado. Esa fuerza no puede limitarse únicamente a conquistar mejoras salariales o condiciones laborales adecuadas —que por cierto son justas y necesarias—, sino que debe transformarse en una fuerza política de dirección para todo el pueblo trabajador.
La clase obrera minera tiene en sus manos el poder de ser la vanguardia revolucionaria del país, capaz de unir a todos los sectores explotados . Su papel histórico no se reduce a producir riqueza: consiste en dirigir la lucha por una nueva sociedad, donde la producción esté al servicio de las necesidades humanas y no del lucro. Asumir ese rol de vanguardia significa levantar un programa político propio, independiente del capital, y preparar la organización necesaria para disputar el poder.
Chile, 13 Noviembre 2025.
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