Con el 58,16 % de los votos válidos, José Antonio Kast, del ultraderechista Partido Republicano, se impuso en la segunda vuelta presidencial a la candidata del gobierno, Jeannette Jara, quien alcanzó cerca del 41,84 %. Según los datos, con el escrutinio prácticamente completo (99,8 % de las mesas), Kast sumó alrededor de 7.249.850 votos, mientras que Jara obtuvo aproximadamente 5.215.205 votos.
El triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial confirma un escenario que ya había sido anticipado: una alta desaprobación del gobierno saliente, canalizada electoralmente por la candidatura de Kast. No corresponde sobredimensionar los resultados numéricos: Kast obtuvo solo un 24 % en la primera vuelta, en un marco general de crecimiento electoral de variantes de derecha y del populismo “ni de izquierda ni de derecha” representado por Franco Parisi, quien bordeó el 20 % de los votos.
Los resultados parlamentarios muestran un fortalecimiento de la derecha en ambas cámaras, aunque sin alcanzar todavía una mayoría aplastante, lo que abre una interrogante sobre la capacidad de los distintos bloques para gestionar acuerdos políticos en el nuevo período.
Desde esta perspectiva, no resulta viable caracterizar al nuevo gobierno como un bloque monolítico de “ultraderecha”, sino más bien como lo que Kast denominó en campaña un gobierno de emergencia. En sus primeras señales políticas, apelara articular una nueva coalición incorporando a la derecha tradicional de Chile Vamos, y no es descartable incluso la inclusión en el gobierno de figuras provenientes de la ex Democracia Cristiana en carteras ministeriales, como ya se anticipó con el respaldo público del expresidente Eduardo Frei a la candidatura de Kast.
El rol de la “ultraderecha” más dura tenderá a desplazarse hacia Johannes Kaiser, quien incluso no ha garantizado su ingreso al gobierno de Kast, actuando como presión por derecha y delimitando un espacio político externo al gabinete, pero funcional al endurecimiento general del régimen y la normalización de posiciones reaccionarias en el debate político nacional. Aún está en curso la conformación de la nueva coalición que le dé estabilidad al gobierno.
El gobierno de emergencia de Kast: acelerar el saqueo, el ajuste fiscal y la aplicación de leyes represivas contra la movilización y la huelga.
El programa del nuevo gobierno de Kast apunta a acelerar la matriz de saqueo en un país ya profundamente primarizado. En lo político-institucional, su administración será continuidad y profundización de los dispositivos represivos consolidados bajo el gobierno de Boric, como parte del proceso de “normalización” posterior al 18 de octubre, incluyendo la aplicación sistemática de las llamadas leyes pro-carabineros, aprobadas con el respaldo del oficialismo saliente.
En el plano económico es donde la burguesía, como clase, presenta los mayores niveles de consenso. La defensa del régimen de la transición pactada, con su política de acuerdos y consensos, ha caracterizado al sistema de partidos durante décadas. El Partido Republicano, tras obtener mayoría en el segundo proceso constitucional de 2023, moderó su discurso y se abrió a negociar acuerdos para administrar el régimen. El posterior rechazo de su proyecto constitucional dio origen a una ruptura por derecha, cristalizada en el surgimiento del Partido Nacional Libertario de Kaiser, que acusó a los republicanos de haberse integrado plenamente en el régimen de consenso político.
El gobierno de Kast, tal como lo expresa su programa, avanzará hacia mayores libertades de explotación para el capital transnacional, particularmente en proyectos mineros y extractivos, profundizando la agenda de “fin de la permisología”, iniciada por el ministro de Economía del gobierno de Boric, Nicolás Grau, junto con la profundización del ajuste fiscal, también iniciada por el exministro de Hacienda Mario Marcel. Ambos ejes no representan una novedad, sino la continuidad de políticas de régimen aplicadas bajo el gobierno de Boric. La diferencia estará en la velocidad y profundidad de su implementación.
Con alta probabilidad, se expresa una aceleración del ritmo de despidos en el sector público, el cierre de programas sociales y, eventualmente, la supresión o fusión de ministerios y servicios.
A su vez, el capital transnacional minero y el grupo Luksic, que gobiernan de facto el país, exigen para su expansión el desmantelamiento total de los permisos ambientales, sociales y administrativos, considerados “costos indirectos” y “tiempos muertos” que afectan la rotación del capital y reducen la rentabilidad efectiva de los proyectos extractivos, en perjuicio de los derechos de los trabajadores y de las comunidades de las zonas de sacrificio. La eliminación o flexibilización de estos marcos regulatorios no busca eficiencia productiva, sino abaratar la inversión, acelerar la explotación de los recursos naturales y elevar la tasa de ganancia, externalizando los daños ambientales y sociales hacia las comunidades y la clase trabajadora. Esta es la continuidad de la denominada agenda pro-crecimiento como acuerdo transversal del régimen chileno.
En paralelo, para mantener equilibrios políticos mínimos, Kast anunció durante la campaña de segunda vuelta que respetaría ciertos “derechos adquiridos”, como la ley de 40 horas o el exiguo incremento de la PGU, derivados de las reformas impulsadas por Jeannette Jara como ministra del Trabajo. Estas “concesiones” expresan, por un lado, el reconocimiento de Kast de que no está en condiciones de abrir todos los frentes de conflicto; y por otro, confirman que dichas reformas son plenamente funcionales al modelo de flexibilidad laboral y al sistema de AFP vigente en Chile desde hace más de 40 años, orientado a la acumulación de capital.
En materia represiva, el gobierno de Kast no parte desde cero. Cuenta con un andamiaje legal ya aprobado durante el gobierno de Boric, que fortaleció de manera sustantiva las facultades coercitivas del Estado y amplió el margen de acción policial y militar frente a la protesta social y los conflictos territoriales. Bajo el discurso de la “seguridad pública” y el “combate al crimen”, se consolidó un marco jurídico que normaliza el uso de la fuerza, reduce los estándares de control civil sobre las policías y debilita garantías democráticas conquistadas por la movilización popular.
Entre estas normas destacan las llamadas leyes pro-carabineros, como la ampliación de la legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales, el aumento de penas por delitos contra la autoridad, la criminalización de la protesta y el reforzamiento de figuras penales ambiguas que permiten una aplicación discrecional contra la huelga de trabajadores o la movilización de estudiantes y pueblos originarios. A ello se suma la continuidad del estado de excepción en el Wallmapu, sostenido y renovado sistemáticamente por el gobierno de Boric, que legitima la militarización del territorio y sienta un precedente clave para que Kast extienda estas herramientas represivas a otros conflictos sociales y laborales a nivel nacional.
Estos dispositivos legales, aprobados y legitimados por un gobierno autodenominado “progresista”, permiten al nuevo gobierno de derecha endurecer el régimen sin necesidad de grandes reformas legales, administrando un marco represivo ya existente. En este sentido, el giro autoritario no constituye una ruptura, sino la profundización de un proceso de normalización represiva del régimen iniciado tras el 18 de octubre, orientado a garantizar la gobernabilidad del modelo neoliberal frente a una clase trabajadora y un pueblo que siguen enfrentando el modelo de precarización y saqueo.
En este panorama, en Chile las clases dominantes han vuelto a tomar la iniciativa, pero sin ofrecer respuestas duraderas a los problemas estructurales del país y del pueblo trabajador, en vivienda, salud o educación. Por la magnitud de la aceleración de las contradicciones del modelo primario-exportador, se abre un compás de espera para nuevas crisis sociales y episodios de la lucha de clases durante el gobierno de José Antonio Kast.
Un debate en la izquierda: el “antifascismo” del PC como actualización de su estrategia de colaboración de clases.
El nuevo gobierno de Kast no es un accidente, sino el producto directo de la crisis política abierta en 2019, en la dinámica de revolución y contrarrevolución. Analizar el proceso vivido por el país en los últimos cinco años plantea preguntas centrales para ubicarse en el Chile actual: ¿dónde estaba la fortaleza de la clase trabajadora?, ¿qué programa y organización faltaron para triunfar?, ¿y quiénes traicionaron ese proceso revolucionario?
El 18 de octubre de 2019 abrió un proceso revolucionario profundo en Chile. Sin embargo, esa energía fue desviada por los mecanismos de la reacción democrática: el “Acuerdo por la Paz” del 15 de noviembre, las falsas esperanzas depositadas en los procesos constituyentes y el ascenso del gobierno Boric–PC, que se presentó como cambio y resultó ser continuidad.
El gobierno de Boric, del Frente Amplio y el Partido Comunista, no solo fue continuidad del modelo de los “30 años”, sino que, al igual que la Concertación, profundizó el despojo mediante grandes acuerdos con la derecha. Aprobó nuevos tratados internacionales como el TPP-11; mantuvo el apoyo a la industria forestal junto con la militarización del Wallmapu bajo un estado de excepción permanente; selló una reforma de pensiones que consagró el sistema de AFP y fue valorada abiertamente por JP Morgan, que estimó una inyección superior a US$3.400 millones al mercado de capitales; concretó el acuerdo de explotación del litio en manos privadas mediante el contrato SQM–Codelco; liberalizó nuevos proyectos mineros en manos de transnacionales y protegió el negocio de las isapres.
En este marco, la candidatura de Jeannette Jara, como continuidad del bloque oficialista, no presentó ninguna medida progresista sustantiva y se centró casi exclusivamente en presentarse como un freno a la ultraderecha o al “fascismo”. Se trató de una estrategia defensiva, sin contenido de clase propio, que ocultó el carácter burgués y progresista del programa que expresaba su candidatura. Este “antifascismo” cumplió el rol de revitalizar la histórica estrategia de colaboración de clases del PC, perpetuando la subordinación del movimiento obrero a la burguesía “progresista”.
El Partido Comunista de Chile, plenamente integrado al régimen, actúa como partido bisagra entre las luchas populares y el poder burgués, cumpliendo el rol de pata izquierda del régimen democrático burgués. Su función ha sido canalizar el descontento hacia la institucionalidad y mantener el control del movimiento sindical a través de la CUT y de direcciones oficialistas en sectores estratégicos, como la CTC en los contratistas del cobre.
Durante la campaña electoral no se discutieron los contenidos programáticos; se apeló exclusivamente a chantajear al pueblo trabajador con el fantasma de un nuevo gobierno de ultraderecha, en un país cuyas leyes fundamentales, durante más de 40 años, han sido herencia directa del pinochetismo y aplicadas por todos los gobiernos. A diferencia de las elecciones de 2021, en 2025 este discurso no logró mayoría popular, y Kast resultó vencedor de manera contundente.
Las corrientes de izquierda y la militancia sindical críticas del gobierno de Boric, pero que se sumaron a la campaña de Jeannette Jara en primera y segunda vuelta, renunciaron a la independencia política y fortalecieron el rol del PC como pata izquierda del régimen burgués. En este escenario, la tarea central es agrupar a las bases para fundar una alternativa política con un programa opuesto a la colaboración de clases del PC, que concentre la rica experiencia revolucionaria de Chile en los últimos cinco años y a nivel internacional. La experiencia reciente es concluyente: el apoyo al gobierno Boric–PC en 2021 no detuvo a la derecha; por el contrario, desmovilizó a las masas, legitimó los acuerdos con los empresarios y preparó el terreno para el ascenso de Kast y Kaiser.
Independencia política y tareas de los revolucionarios.
Desde La Voz Obrera Chile afirmamos que, frente al gobierno de Kast y ante cada ataque a la clase trabajadora —despidos, recortes presupuestarios, persecución a disidencias LGTBQ+, retrocesos en los derechos de las mujeres—, impulsamos la más amplia unidad de acción en la movilización de toda la clase trabajadora. Sin embargo, las corrientes reformistas del PC y del Frente Amplio, que hasta hoy apelaban al voto para frenar a la ultraderecha, serán el principal obstáculo para las futuras movilizaciones en las principales organizaciones de la clase trabajadora, como la CUT, la CTC y la ANEF.
Debemos poner en pie asambleas de base y abiertas en todas las organizaciones sociales y sindicatos, para preparar un plan de lucha contra la agenda de saqueo del país y frenar el avance del ajuste fiscal, superando los obstáculos impuestos por la burocracia sindical.
Somos claros: toda perspectiva de cambio profundo debe construirse con la clase obrera de los sectores estratégicos —en las minas, los puertos y las grandes empresas—, levantando un programa socialista basado en el gobierno de las y los trabajadores y en la construcción de un partido revolucionario. Para cambiar el país es necesario recuperar el cobre para Chile mediante la nacionalización del cobre, el litio y todos los recursos estratégicos bajo control obrero y de las comunidades; exigir el fin del subcontrato y de toda forma de precarización laboral; romper con los tratados de libre comercio y la dependencia imperialista.
15-12-2025
