Por Roberto Monares, La Voz Obrera Chile.
El 21 de diciembre de 1907, el Estado chileno perpetró uno de los crímenes más brutales de su historia contra la clase trabajadora: la Matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Miles de obreros del salitre, acompañados por mujeres y niños, fueron asesinados por el Ejército mientras exigían condiciones elementales de vida y trabajo. Este hecho no fue un “exceso”, ni un error trágico, ni una anomalía histórica: fue una acción consciente del Estado al servicio del orden capitalista.
Los trabajadores salitreros se habían movilizado desde las oficinas de Tarapacá y Antofagasta tras semanas de huelga. Sus demandas eran mínimas: pago de salarios en dinero y no en fichas, fin del sistema de pulperías, rebaja en los precios de los artículos de primera necesidad y respeto a la vida obrera. No exigían la caída del gobierno ni la abolición del sistema; exigían sobrevivir. Sin embargo, incluso estas demandas elementales ponían en cuestión la base material de la acumulación salitrera, sustentada en la superexplotación del trabajo.
La respuesta del Estado chileno fue el despliegue del Ejército bajo el mando del general Roberto Silva Renard. Tras ordenar la dispersión, las tropas abrieron fuego contra trabajadores desarmados concentrados en la Escuela Santa María. El número exacto de víctimas fue ocultado deliberadamente; las estimaciones históricas hablan de varios cientos y hasta más de dos mil obreros, mujeres y niños asesinados. No hubo sanciones, ni juicios, ni reparación. La impunidad fue total.
La cuestión social y el carácter de clase del Estado.
La Matanza de Santa María de Iquique se inscribe en el contexto de la llamada cuestión social, denominación con que la élite chilena intentó nombrar —y neutralizar— los efectos devastadores del capitalismo salitrero: jornadas extenuantes, trabajo infantil, hacinamiento, endeudamiento permanente y ausencia absoluta de derechos laborales. La riqueza que sostenía al Estado y a la oligarquía se edificó sobre este régimen de violencia económica y social. El Estado no es un árbitro neutral, sino una máquina de dominación de clase. El Estado chileno de comienzos del siglo XX —oligárquico, dependiente del capital extranjero y profundamente antipopular— actuó exactamente conforme a esa función. La Matanza de la Escuela Santa María de Iquique expresa de manera descarnada el carácter de clase del Estado. Como señalara Lenin, el Estado es “un producto y una manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase” y, bajo el capitalismo, funciona como un aparato de coerción al servicio de la clase dominante.
A 118 años, la Matanza de la Escuela Santa María de Iquique no pertenece al pasado. Es memoria viva y advertencia política para las luchas del presente y del futuro. No se trata de un hecho aislado, sino de un precedente estructural en la historia del Estado chileno: la Matanza de la Coruña (1925), el Seguro Obrero (1938), la represión sistemática durante la dictadura militar y la criminalización contemporánea de la protesta social muestran una continuidad profunda. Cambian las formas políticas, pero la función esencial del Estado permanece: preservar el orden capitalista.
En Iquique se confirma una lección central para la lucha obrera: la violencia estatal no es una excepción al orden democrático burgués, sino uno de sus fundamentos cuando la dominación de clase se ve cuestionada. La democracia oligárquica de la época coexistía sin contradicción alguna con la represión masiva y el asesinato de trabajadores.
Derechos conquistados y violencia estatal en el presente.
La masacre de 1907 nos recuerda que los derechos de la clase trabajadora no fueron concedidos, sino arrancados mediante la organización, la movilización y la lucha colectiva. Cada conquista posterior —la jornada de ocho horas, el derecho a sindicalización, la legislación laboral— fue precedida por huelgas, persecuciones, cárcel y sangre obrera. Iquique demuestra que, cuando los trabajadores cuestionan las bases materiales de la explotación, el orden capitalista responde con violencia. Pretender que el movimiento obrero renuncie a la organización independiente y a la autodefensa es preparar nuevas derrotas y nuevas masacres.
La represión estatal frente a la huelga en sectores estratégicos de la economía no es un riesgo hipotético ni una amenaza futura: es una práctica histórica reiterada de la clase patronal, que hoy se ve reforzada por un nuevo andamiaje legal. En 2007, durante una huelga de trabajadores forestales subcontratados de Celco-Arauco, Rodrigo Cisternas fue asesinado por Carabineros tras recibir múltiples disparos en el acceso a la planta Horcones, cuando la movilización afectaba directamente la continuidad productiva de una de las principales exportadoras del país. En 2015, en el contexto de una protesta de subcontratistas de Codelco Salvador, el trabajador Nelson Quichillao fue asesinado por la espalda por un funcionario policial durante un operativo de despeje de rutas y accesos a faenas mineras. En ambos casos, la respuesta del Estado no fue la mediación del conflicto laboral, sino el uso de la fuerza armada para garantizar la circulación, la producción y la exportación, con resultados de muerte e impunidad.
Hoy, este patrón histórico se encuentra institucionalizado y normalizado mediante leyes aprobadas recientemente durante el gobierno de Boric y disponibles para el entrante gobierno de Kast. La Ley N.º 21.560 (Naín-Retamal) amplió la legítima defensa privilegiada y reforzó la protección penal de Carabineros, elevando el umbral de uso de la fuerza y reduciendo los controles posteriores en contextos de “orden público”. A ello se suma la Ley N.º 21.542 sobre Protección de Infraestructura Crítica, que habilita el despliegue de Fuerzas Armadas para resguardar faenas mineras, puertos, rutas, terminales y centros productivos estratégicos, incluso sin estado de excepción. En este marco, una huelga minera o portuaria que interrumpa accesos, controle territorio o afecte la logística puede ser tratada como una amenaza a la seguridad, activando dispositivos policiales y militares contra trabajadores movilizados. Así, al igual que en Santa María de Iquique, el Estado chileno no necesita abolir el derecho a huelga para neutralizarlo sino que criminalizar cuando la huelga toca intereses estratégicos del capital.
La enseñanza es clara: sin organización de la clase trabajadora independiente del Estado, sin conciencia de clase y sin lucha, los derechos pueden ser recortados o eliminados. Décadas después de la masacre, a inicios de la década del 20, la clase trabajadora en Chile creó organizaciones de clase poderosas, como la FOCH y hasta su propio partido político que adhiero a la 3° Internacional revolucionaria nacida al calor de la revolución rusa. La memoria de Iquique no conduce al fatalismo de que la historia se repite inevitablemente, sino a una conclusión estratégica para transformarla: la emancipación de la clase trabajadora será obra de los trabajadores mismos, y exige comprender el verdadero carácter del Estado y prepararse para enfrentar un orden que, cuando se siente amenazado, no duda en recurrir a la violencia.
La memoria de los mártires de Iquique es parte del combate del presente y del futuro del movimiento obrero chileno
21-12-2025
