La Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), la empresa minera estatal más grande de Chile, y la minera privada Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) han dado pasos decisivos en las últimas semanas para materializar el acuerdo que regula la explotación del litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060. La formalización de la sociedad NovaAndino Litio SpA, la constitución de su directorio y la toma de razón por parte de la Contraloría General marcaron el ingreso del convenio a una fase operativa prácticamente irreversible. Desde el gobierno de Gabriel Boric, el acuerdo ha sido ensalzado como un hito histórico: el ministro de Economía, Nicolás Grau, lo calificó como “probablemente el principal negocio que ha hecho Chile en su historia”, mientras que el Ejecutivo lo defiende como eje central de la Estrategia Nacional del Litio. Sin embargo, más allá de esta celebración oficial y de su proyección internacional, se trata de un acuerdo de largo plazo que compromete uno de los recursos estratégicos más relevantes del siglo XXI y que, lejos de representar una recuperación soberana del litio, consolida una asociación estructural empresas estatales capitalistas y uno de los principales grupos económicos beneficiarios del modelo de saqueo heredado de la dictadura y la transición pactada, inscribiendo el caso chileno en una tendencia más amplia del capitalismo dependiente en América Latina, donde la llamada “transición energética” avanza de la mano de nuevas formas de despojo.
¿En qué consiste el acuerdo Codelco–SQM?
El mercado mundial del litio se ha consolidado como un sector estratégico de la economía global, impulsado por la expansión de la electromovilidad y las tecnologías asociadas a la llamada transición energética. En 2024, la producción mundial superó las 240.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE). Chile ocupa un lugar central en este mercado: concentra cerca del 40 % de las reservas mundiales identificadas y sigue siendo uno de los principales productores, especialmente a partir de las salmueras del Salar de Atacama. No obstante, su participación relativa ha disminuido frente al avance de países como Australia y China, evidenciando límites para sostener su liderazgo.
En este marco, el acuerdo se materializa en la creación de NovaAndino Litio SpA, una sociedad conjunta que concentrará la exploración, explotación, producción y comercialización del litio del Salar de Atacama por más de tres décadas. La nueva empresa surge de la fusión de la filial estatal Minera Tarar SpA, perteneciente a Codelco, con SQM Salar SpA, expresión directa del gran capital minero surgido de la privatización fraudulenta de los recursos estratégicos durante la dictadura. Bajo la forma de una sociedad por acciones —con mayoría estatal formal y un directorio paritario— el acuerdo garantiza la continuidad del negocio del litio más allá del vencimiento del contrato entre SQM y la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) en 2030, transfiriendo a la sociedad conjunta la totalidad de los activos, permisos, contratos, capacidades técnicas y equipos humanos hoy controlados por SQM. Lejos de recuperar el control soberano del salar, el Estado renuncia explícitamente a explotar directamente este recurso y opta por amarrar hasta 2060 la principal reserva de litio del país a un esquema de cogestión con el gran capital, consolidando el saqueo extractivo, profundizando la dependencia económica y subordinado un bien común estratégico a las exigencias del mercado mundial.
SQM, su origen y Julio Ponce Lerou.
La Sociedad Química y Minera de Chile no es el resultado de una iniciativa privada competitiva, sino de un proceso de privatización fraudulenta durante la dictadura militar. SQM tiene su origen en la empresa estatal Soquimich, creada en 1968 para la explotación de recursos estratégicos como el salitre y el yodo. Entre 1983 y 1988, en el marco del programa de privatizaciones del régimen de Augusto Pinochet, la mayoría de sus acciones fue transferida desde Corfo a manos privadas sin licitación y activos subvalorados. El control terminó concentrándose en Julio Ponce Lerou, entonces alto funcionario estatal de la dictadura y yerno de Pinochet, donde quienes dirigían la empresa estatal terminaron apropiándose en la privatización. En los gobiernos de la concertación se avaló estas privatizaciones.
El principal beneficiario de este proceso fue Julio Ponce Lerou, ex yerno del dictador Augusto Pinochet, quien desde cargos directivos en la empresa estatal pasó a apropiarse de SQM. Esta operación dio origen a una de las mayores fortunas del país: de acuerdo con rankings de Forbes y reportes del Diario Financiero, Ponce Lerou tiene un patrimonio neto estimado de aproximadamente US$2.300 millones, ubicándose como la segunda fortuna más grande de Chile en ese año, con un puesto 1.573 a nivel mundial en la lista de multimillonario.
Este poder económico no solo se construyó sobre la privatización fraudulenta, sino que se sostuvo mediante la corrupción sistemática del sistema de los partidos del régimen democratico burgués de la transición pactada. Entre 2009 y 2014, SQM operó como caja negra de financiamiento transversal, canalizando aportes mediante boletas y facturas ideológicamente falsas a campañas, dirigentes y operadores de la UDI, RN, PPD, PS y DC, con el objetivo de comprar influencia, asegurar protección política y blindar su control sobre el litio y otros recursos estratégicos. Las investigaciones iniciadas en 2015 por el Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía culminaron en 2018 con un acuerdo que obligó a SQM a pagar US$30 millones en multas, sin que los principales responsables políticos y económicos enfrentarán sanciones mayores. Este entramado —privatización de la dictadura, validación democrática, concentración de riqueza y corrupción del sistema de partidos— no es un desvío, sino la forma típica de acumulación del capital en Chile del presente. El acuerdo Codelco-SQM está proyectado ahora sobre el litio por las próximas décadas.
“Alianza público-privada”: un modelo de privatización y la crítica del PC.
Desde el gobierno de Boric y la administración de Codelco, el acuerdo ha sido presentado como un “paso estratégico” que permitiría al Estado participar activamente en la cadena del litio, recurso clave para la transición energética global. Sin embargo, tras el discurso oficial se esconde una operación profundamente cuestionable desde el punto de vista del interés del pueblo trabajador y de la soberanía sobre los bienes comunes.Uno de los aspectos más polémicos es la decisión de negociar directamente con SQM. Conforme al contrato vigente entre Corfo y SQM —que expira en 2030— el Estado tenía alternativas claras, entre ellas recuperar plenamente las pertenencias mineras del Salar de Atacama. En lugar de ello, se optó por una negociación bilateral con el mismo actor privado que ha explotado el salar durante décadas.
La alianza SQM–Codelco expresa un modelo de asociaciones público-privadas aplicado a los recursos estratégicos que, bajo la apariencia de mayoría estatal, mantiene intactos los mecanismos de gobierno corporativo, los directorios cerrados y los pactos de accionistas. El resultado es un Estado que actúa como socio del gran capital y no como instrumento de soberanía sobre los bienes comunes estratégicos del país.
La postura del Partido Comunista de Chile frente al acuerdo SQM–Codelco expresa con claridad los límites estructurales del reformismo y su adaptación al modelo de alianzas público-privadas. En un comunicado difundido tras el anuncio del acuerdo en enero del 2024, el PC sostuvo que este demostraría que “es posible recuperar para el Estado de Chile los recursos minerales estratégicos”, valorando que su explotación quede en manos del Estado o de “sociedades controladas por éste”, aunque cuestionando la permanencia de SQM y de actores ligados a la privatización heredada de la dictadura (La Tercera, 31 de mayo de 2024). En la misma línea, Jeannette Jara fue categórica al señalar “yo sacaría completamente a SQM del acuerdo” y afirmar que “no estoy de acuerdo con un acuerdo con SQM que extendería su concesión de litio por 30 años” (El Ciudadano, 1 de mayo de 2024). Sin embargo, estas declaraciones no cuestionan la forma de fondo del acuerdo, sino únicamente al socio privado específico: el PC no propone romper con el esquema de sociedad por acciones ni con la lógica de la alianza público-privada, sino reemplazar a SQM por otro actor privado “más aceptable”. La experiencia latinoamericana demuestra que este camino conduce reiteradamente al mismo resultado: asociaciones entre Estado y capital privado que no superan el extractivismo dependiente, preservan la lógica de la ganancia y excluyen el control obrero.
La alianza público-privada en la experiencia reciente de gobiernos reformistas en América Latina.
Desde una perspectiva revolucionaria, la alianza público-privada no constituye una superación del capitalismo dependiente, sino una de sus formas más eficaces de estabilización. El Estado no rompe con la lógica de la acumulación, sino que la administra, uniendo intereses con el capital privado y garantizando condiciones de rentabilidad sobre los recursos naturales. La experiencia latinoamericana demuestra que, incluso bajo gobiernos que se reivindicaron populares o antiimperialistas, la mantención de la forma capitalista de la empresa subordinó los proyectos estatales a los intereses imperialistas.
En Bolivia, tras la llamada “nacionalización” de los hidrocarburos de 2006, la empresa estatal YPFB no expropió a las multinacionales, sino que renegociar contratos para mantenerlas como operadoras bajo nuevas condiciones. Empresas como Petrobras y Repsol continuaron explotando campos gasíferos, asegurando rentabilidad privada a cambio de una mayor captación de renta estatal. En Venezuela, durante los gobiernos de Hugo Chávez y el ciclo bolivariano posterior, PDVSA operó mediante empresas mixtas con capital extranjero, destacando la continuidad de joint ventures con Chevron, además de acuerdos con Repsol y Eni, manteniendo una fuerte dependencia del precio internacional del crudo.
En Argentina, la reestatización parcial de YPF en 2012 no rompió con la lógica del capital: la empresa sostuvo alianzas estratégicas con Chevron y Shell para el desarrollo de Vaca Muerta, bajo esquemas de subsidios estatales, endeudamiento y flexibilización laboral. En Ecuador, durante el gobierno de Rafael Correa, Petroecuador operó mediante contratos de prestación de servicios con consorcios como Andes Petroleum, preservando un extractivismo dependiente. En Brasil, Petrobras continuó funcionando como sociedad por acciones, asociada a capitales privados y expuesta a los mercados financieros internacionales, incluso bajo los gobiernos del Partido de los Trabajadores.
Al no romper con la forma capitalista de la empresa ni con el control del capital transnacional, estas “nacionalizaciones” reformistas dejaron intacta la estructura del saqueo y prepararon el camino para que los gobiernos de derecha profundizará la entrega de los recursos naturales.
Por una empresa pública del litio con control obrero y estrategia de poder de las y los trabajadores.
Frente a este panorama, La Voz Obrera levanta una propuesta estratégica integral: la creación de una empresa 100 % pública del litio, sin socios privados ni participación por acciones, que no adopte la forma de sociedad anónima ni se rija por lógicas empresariales. Esta empresa su conducción debe recaer en un directorio controlado por los trabajadores del sector y de los territorios directamente afectados, incorporando a la población de la Provincia de El Loa y a las comunidades indígenas del Salar de Atacama.
Esta propuesta se inscribe en una perspectiva más amplia de control obrero de la producción, que implica poner fin al régimen de subcontratación y avanzar en la renacionalización del cobre y de los recursos estratégicos bajo administración directa de los trabajadores. El cobre y el litio, frutos del trabajo colectivo, no pueden seguir subordinados a los intereses de las transnacionales y una minoría de ricos fraudulentos como Ponce Lerou. Solo una economía planificada democráticamente por los propios productores puede resolver la contradicción entre la abundancia de recursos y la miseria de las mayorías. El cobre y el litio deben dejar de ser base de enriquecimiento privado y convertirse en el punto de partida para garantizar la vida de la mayoría trabajadora,lográndolo en un gobierno de los trabajadores y el pueblo.
30-12-2025.
