Por La Voz Obrera.
La noche del 17 de enero de 2026, Chile volvió a experimentar un episodio de devastación masiva: un mega-incendio con múltiples focos simultáneos en las regiones del Biobío y Ñuble, que avanzó hacia zonas urbanas de Penco, Lirquén y Concepción, obligó a evacuaciones masivas y destruyó viviendas en cuestión de horas. En pocas horas, la escena se volvió familiar: columnas de fuego impulsadas por viento, cielos ennegrecidos, brigadas desbordadas y familias huyendo por caminos sin planificación ni agua.
El Gobierno decretó el estado de catástrofe, pero la explicación oficial —intencionalidad, descuido, factores climáticos— vuelve a ocultar la raíz del problema: el territorio donde ocurre esta tragedia es el corazón del modelo forestal, dominado por millones de hectáreas de monocultivos privados de pino y eucalipto, continuidad de combustible, crisis hídrica inducida y altísima inflamabilidad estructural. No es casualidad que más del 80% de los megaincendios desde 2017 ocurran en estas regiones.
Este nuevo desastre no es aislado: se inscribe en una secuencia histórica de incendios extremos que han marcado los últimos veinte años. Desde el mega-incendio urbano-forestal de Valparaíso en 2014, pasando por la “tormenta de fuego” de 2017, la ola de incendios de 2023, y el megaincendio de Valparaíso de febrero de 2024 con más de un centenar de víctimas, Chile ha ingresado a un régimen permanente de incendios producido por una combinación explosiva: sequía, cambio climático, expansión inmobiliaria desregulada y un modelo forestal que colonizó el territorio con monocultivos inflamables.
El incendio de enero de 2026 confirma que lo que arde no es solo vegetación: arde la contradicción histórica entre acumulación privada y vida social. Comprender el fuego exige una lectura desde la lucha de clases, desmontando el discurso que culpa al individuo para ocultar la responsabilidad estructural del capital forestal-extractivo.
Un modelo nacido del despojo: el DL 701 como política de clase.
El Decreto Ley 701, promulgado por la dictadura en 1974, no fue una política técnica orientada a la “recuperación de suelos”, como señalaba su justificación oficial. Fue una política de clase diseñada para transferir masivamente recursos públicos hacia manos privadas y para reordenar el territorio del centro-sur de Chile en torno a una nueva fracción burguesa: la burguesía forestal-exportadora. Mediante este decreto, el Estado bonifica entre el 60% y el 75% de los costos de plantación, manejo, poda, raleo y protección forestal. Esto permitió que empresas privadas expandieran plantaciones sin asumir riesgo alguno, transformando al Estado en el financiador del capital fijo de un negocio que se consolidaba entre los más rentables del país. Nada de esto fue casual: el DL 701 operó como lo que Marx define como acumulación originaria, es decir, una forma de expropiación estructural que prepara el terreno para la expansión del capital mediante la destrucción de relaciones sociales anteriores.
La aplicación del DL 701 generó una transformación territorial profunda. Antes de 1974, el sur de Chile combinaba bosque nativo, agricultura campesina y territorios mapuche con formas de vida comunitaria. Tras su implementación, el país presenció la creación artificial de un territorio forestal homogéneo, dominado por monocultivos de pino y eucalipto, que sustituyeron la diversidad ecológica y social existente. Entre 1974 y el año 2000, la superficie de plantaciones aumentó de unas 300.000 hectáreas a más de 2,4 millones, proceso acompañado por la destrucción del bosque nativo, el debilitamiento de las economías rurales y la intensificación de la desposesión territorial del pueblo mapuche. La tierra dejó de ser un espacio de reproducción social para convertirse en materia prima de una industria exportadora creciente.
La transición pactada hacia la democracia no revirtió este modelo, sino que lo consolidó. Durante los gobiernos de la Concertación, el DL 701 fue prorrogado y articulado con la expansión del comercio exterior, convirtiendo al sector forestal en uno de los pilares de la economía exportadora chilena. En 1997 las exportaciones forestales superaron los USD 1.700 millones; en 1998 bordeaba los USD 2.000 millones, equivalentes a casi el 10% de las exportaciones totales del país. En la década de 2000, Chile se posicionó como uno de los cinco mayores exportadores de celulosa del mundo. En los años recientes, entre 2022 y 2024, las exportaciones forestales fluctuaron entre USD 6.300 y 6.700 millones.
Gracias al DL 701 y a su continuidad en la democracia pactada, los grupos Angelini (Arauco) y Matte (CMPC) llegaron a controlar millones de hectáreas de plantaciones, la mayor parte de la industria de celulosa, puertos privados como Coronel y San Vicente, redes viales forestales exclusivas, plantas de aserrío y bioenergía, así como cadenas logísticas integradas. Esto convirtió al modelo forestal en un complejo industrial-territorial que controla el uso del suelo, la infraestructura productiva y el valor exportable, adquiriendo un poder económico y político sin contrapesos reales.
La tierra, en este contexto, fue transformada en un activo financiero. Las plantaciones continuas, con ciclos de cosecha de 10 a 15 años, se convirtieron en instrumentos para estabilizar flujos de caja corporativos, respaldar créditos bancarios e integrarse a fondos de inversión. La rentabilidad dejó de depender del territorio como ecosistema y pasó a depender de su condición de capital fijo rotativo. El manejo forestal se subordinó a la lógica financiera, no a criterios sociales o ecológicos. La combinación de subsidio estatal, concentración de la tierra, exportaciones crecientes y captura logística consolidó un modelo que organiza hoy la vida económica, social y ambiental del sur del país.
En síntesis, el DL 701 no solo promovió un sector productivo: creó un nuevo orden territorial y social basado en el despojo, la concentración monopólica y la financiarización de la tierra. La dictadura lo diseñó; la Concertación lo extendió; los conglomerados lo convirtieron en una máquina de acumulación. Sobre esta base se levanta el modelo forestal que alimenta los megaincendios, profundiza la crisis hídrica y determina las condiciones de vida de millones de personas en Chile.El problema no es “tener árboles”, sino la forma capitalista de producirlos: monocultivos homogéneos, de rápido crecimiento, secos, resinados y conectados entre sí, capaces de propagar el fuego a velocidades imposibles de contener.La expansión forestal no es solo económica: es un ordenamiento territorial de clase.
Los incendios no son un accidente de la naturaleza: son un síntoma ecológico de una forma histórica de producción. El modelo forestal altera la humedad del suelo y la disponibilidad de agua; afecta la biodiversidad y la vulnerabilidad humana. Cuando una región completa es convertida en monocultivo, el fuego deja de ser un evento y se vuelve un mecanismo de ajuste violento del territorio degradado. Eso es lo que ocurre en Biobío, Ñuble y La Araucanía.
¿Y Valparaíso 2024? Un mega incendio urbano no forestal… con la misma raíz estructural.
Algunos sostienen que el megaincendio de Valparaíso 2024 demostraría que “el problema no es el modelo forestal”, porque allí no había plantaciones. Esa lectura es superficial. Valparaíso no arde por pinos o eucaliptos: arde por las consecuencias indirectas del mismo modelo territorial que se expresa a lo menos en 3 relaciones: Primero, el modelo chileno —el mismo que subsidió a las forestales— empujó a miles de familias pobres a ocupar quebradas, cerros sin urbanización, zonas de interfaz urbano-rural sin planificación ni servicios. La reproducción espacial de la pobreza es hija del mismo sistema. Dos, La privatización del agua para agroexportación, forestales y sanitarias dejó a ciudades como Valparaíso con infraestructura hídrica colapsada, lo que volvió imposible enfrentar un incendio de alta intensidad. Y finalmente, La pérdida de bosques nativos en las regiones centrales —en buena parte reemplazados por agricultura industrial y urbanización precarizada— elevó temperaturas locales, eliminó humedad y generó condiciones de ignición explosiva. En síntesis: aunque no haya monocultivos en Valparaíso, el modelo de acumulación que creó el enclavamiento forestal también expulsó a la población hacia lugares sin protección, privatizó el agua, destruyó bosques y precarizó la ciudad. Es la misma matriz estructural, expresada en espacios distintos.
Socialización de pérdidas y riesgos, privatización de ganancias.
El modelo forestal chileno se sustenta en una desigualdad estructural: las ganancias quedan en manos de Arauco y CMPC, mientras que los costos económicos, ecológicos y humanos recaen sobre el pueblo trabajador. El Estado financia brigadas, helicópteros, operaciones de emergencia y reconstrucción, mientras las forestales aseguran sus plantaciones, reforestan con costos deducibles y externalizan el riesgo. Si una plantación se quema, la empresa cobra un seguro; si una comunidad rural pierde su casa, animales o cultivos, recibe ayudas mínimas incapaces de restituir su forma de vida. La premisa es clara: el capital forestal gana; el pueblo pobre paga.
Este esquema sólo es posible mediante coerción estatal y militarización permanente del Wallmapu. La concentración del territorio forestal ha sido impuesta gracias a la presencia constante de Carabineros, GOPE y contingentes militares que, bajo el discurso del “combate al terrorismo”, protegen los activos privados del sector. No hay acumulación sin desposesión, ni desposesión sin represión: el Estado actúa como garante armado de un negocio que depende de expulsar y contener a las comunidades mapuche y rurales.
El gobierno de Gabriel Boric no alteró esta lógica; la profundizó con la prórroga del Estado de Excepción en la Macrozona Sur y con leyes como la Naín-Retamal y reformas a la Ley de Seguridad del Estado. Presentadas como políticas de seguridad, en la práctica refuerzan el control estatal sobre territorios disputados por comunidades que cuestionan la legitimidad del modelo forestal. Mientras tanto, las consecuencias recaen en el pueblo: escasez hídrica por plantaciones sedientas, pérdida de suelos agrícolas, precarización laboral y destrucción periódica por incendios que arrasan viviendas, herramientas de trabajo y memoria comunitaria.
Una salida obrera y popular.
Cada verano se repite el mismo patrón: el pueblo financia el combate al fuego y la reconstrucción; el Estado militariza y protege la infraestructura forestal; y las empresas continúan exportando celulosa con utilidades millonarias. En cada megaincendio se revela la contradicción entre vida y lucro: mientras las comunidades luchan por sobrevivir, el capital permanece indemne, resguardado por seguros, por el Estado y por el orden jurídico que sostiene su poder. Nada cambiará sin romper el régimen forestal-extractivo y avanzar hacia una alternativa basada en control obrero, comunitario y territorial de la tierra, en un gobierno de las y los trabajadores.
La prensa burguesa insiste en “pirómanos”, “irresponsabilidad” o “turistas negligentes”. Los partidos del régimen apuntan a endurecer las penas contra ellos. Ese discurso cumple una función ideológica: ocultar la responsabilidad del capital en la producción social del riesgo .El fuego no es un problema moral: es un problema político. Enfrentar la crisis del fuego exige romper con la hegemonía territorial del capital forestal e inmobiliario. Proponemos medidas de emergencia contenidas:
a. Cese inmediata a la expansión de plantaciones exóticas.
b. Reconversión hacia bosque nativo bajo control obrero y comunitario.
c. Impuesto directo a forestales para financiar fondo soberano para restauración ecológica.
d. Prohibición de plantaciones continuas cerca de zonas urbanas.
e. Efectiva derogación del DL 701 y cese de todos los subsidios estatales a las forestales.
Lo que arde en Chile no son “pastizales”, ni “negligencias”, ni “accidentes”: arde la forma capitalista de organizar el territorio. Arden los monocultivos, la desigualdad urbana, la crisis hídrica, la especulación inmobiliaria y el abandono del Estado. Los megaincendios —sean en Biobío, Ñuble, Valparaíso o La Araucanía— son expresiones diferenciadas de un mismo modelo de despojo. Superar esta crisis no será posible sin un proyecto de clase, que coloque la vida, la naturaleza y el territorio bajo control social y no bajo la dictadura del lucro.
18 enero del 2026.
