I. Analisis sobre Chile.
Chile es un país de enormes riquezas naturales y, sin embargo, solo un pequeño porcentaje se ha beneficiado de ellas. Desde los antiguos encomenderos dueños de la tierra y las minas, hasta su transformación en clase burguesa, se han apoderado de los recursos del mar, de los bosques, de la propiedad de la tierra y, también, de todo lo producido por quienes no tienen más que su fuerza de trabajo a cambio de un salario: la clase trabajadora.
Nuestro país es el mayor productor mundial de cobre, litio y yodo; es segundo en la explotación de molibdeno y también explota otros minerales. Lidera exportaciones agrícolas como arándanos y uvas, y es relevante en la explotación forestal y en la industria salmonera. De todo esto, muy poco queda en los bolsillos de los trabajadores y sus familias.
Pero si Chile es tan rico, ¿por qué la mayor parte de los chilenos vive con lo justo, muchas veces endeudados, con trabajos precarios y con jubilaciones que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas? Las razones tienen origen en el desarrollo histórico de un sistema económico y social que ha mantenido a gran parte de la población —ayer como inquilinos, hoy como asalariados— sometida a la subordinación violenta de una minoría, privando a esta mayoría de la propia riqueza que produce. A través del robo y el saqueo, esa minoría ha obligado a la mayoría a vivir en condiciones muy alejadas de los privilegios que ella mantiene. Chile se yergue bajo la desigualdad, la dependencia y el despojo.
Desigualdad: los capitalistas chilenos y extranjeros no solo viven de la expoliación de nuestras riquezas naturales, sino que se apropian hasta de la última gota de sudor de nuestro trabajo mediante la explotación, que no es otra cosa que la apropiación del valor que genera nuestra fuerza de trabajo; y, además, se lucran con nuestros fondos de pensiones y con derechos sociales como educación, salud o vivienda.
El patrón de acumulación del capitalismo chileno se caracteriza por una economía extractivista —que depreda en gran cantidad y velocidad los recursos naturales de nuestro territorio— y por una integración vertical; es decir, una economía capitalista altamente concentrada, donde familias de ultra ricos como los Luksic, Ponce Lerou, Paulmann, Piñera, Angelini, Sieh y Yarur capturan la totalidad del ingreso (salarios, utilidades, intereses, rentas) y la riqueza (activos financieros, capital, tierra) de los mercados, e incluso la propiedad de los medios de comunicación. Además, intervienen en el financiamiento de la política a través de mecanismos de donaciones donde los partidos se someten a los intereses de esos grupos económicos. El 1% más rico concentra el 49,6% de la riqueza total del país.
Esa alta concentración de la riqueza trae consigo una alta concentración de pobreza para un sector de la población que conforma el proletariado; el 48% de los hogares está sostenido por mujeres. Frente a esta violenta organización social, los trabajadores y sus familias deben enfrentar la explotación y padecer flagelos como la drogadicción, la miseria, la descomposición social, la segregación geográfica, los desastres medioambientales, el hacinamiento y la ley del lumpenaje, que vive bajo la tutela de una burguesía también lumpen, conformada por el cartel del negocio del narcotráfico.
La desigualdad en Chile no tiene como origen la mera distribución del ingreso, sino la alta concentración de la riqueza en pocas manos: quienes producen esa riqueza están privados de todo derecho. Hasta la muerte está transformada en lucro.
Las capas medias o pequeña burguesía —sectores de profesionales, pequeños parceleros, emprendedores— pronto sucumben al alto endeudamiento: para acceder a un crédito hipotecario o de consumo, a tarjetas bancarias o comerciales. Ven cómo su calidad de vida se pauperiza y se acercan cada vez más a las familias proletarias. Mientras su endeudamiento crece, mayores son las ganancias de la banca.
La desigualdad en nuestro país es consecuencia del brutal sistema capitalista: la brecha entre quienes son dueños del país y mantienen grandes privilegios versus quienes no poseen ningún medio de producción. La desigualdad en nuestro país es abismal y eso constituye la lucha de clases.
Dependencia: la situación política del país se enmarca en el carácter particularmente “abierto” de su economía y su ubicación en la división mundial del trabajo. Esto implica la libre circulación de bienes, servicios y capitales transnacionales. Nuestra economía está expuesta tanto a la integración como al impacto de la situación mundial, volviéndola permeable a los vaivenes y crisis del capitalismo global contemporáneo.
La dependencia y la integración implican, fundamentalmente, que el país no está exclusivamente bajo la conducción de la burguesía nacional, pues esta es socia menor de las grandes transnacionales mineras, pesqueras, energéticas y financieras (AFPs, banca e isapres). Mineras como Anglo American, de capitales británicos; BHP, de capitales australianos y británicos; Lundin Mining, de origen canadiense; o Mitsui & Co., de origen japonés, participan de la repartija y el saqueo de nuestros recursos naturales.
Pero los capitales extranjeros no solo se encuentran en el sector minero o financiero; también están en el sector pesquero —por ejemplo, la japonesa Mitsubishi Corporation, Pacific Seafood Group con sede en Estados Unidos o Mowi, con sede en Noruega—, una empresa integrada verticalmente desde la cadena de suministro hasta el procesamiento y la venta en el negocio del salmón. En el sector energético encontramos transnacionales como la italiana ENEL, el grupo State Grid de China, las españolas ACCIONA y ELECNOR o la australiana Pacific Hydro.
La guerra arancelaria de Trump impuesta al cobre chileno expresa una aceleración del ritmo de los planes de expoliación de la potencia imperialista y ataques contra el movimiento de masas. Entendiendo la agudización del carácter imperialista del capitalismo —basado en un ciclo de tendencia decreciente de la tasa de ganancias de las grandes transnacionales, agravado por la crisis económica global “subprime” iniciada en 2007 en el corazón del capitalismo financiero norteamericano— se ha intensificado la explotación de la clase obrera mundial.
La competencia de la rapiña imperialista sobre las semicolonias se ha agudizado: guerras regionales como Ucrania, y el genocidio en Palestina, al mirarlas en conjunto, recrean un sistema social con mayores características de barbarie: retrocesos sociales, culturales y ecológicos. En su manifestación pandémica, el COVID-19 provocó más muertes que la Primera Guerra Mundial. Con ella se abrió un nuevo ciclo recesivo en la economía mundial, del cual apenas se alcanzan los niveles pre-pandémicos, con una recuperación anémica de la economía china. De conjunto, se abre una situación convulsa cuya contradicción central está en la agudización del rasgo de rapiña del capitalismo, lo que a su vez motiva la resistencia de las masas.
A pesar de la dependencia económica de las grandes potencias y de la economía global, la mayor dependencia de nuestro país se concretiza con la suscripción del Acuerdo Transpacífico (ex TPP-11), ahora denominado CPTPP, que entró en vigor en febrero de 2023. Dicho tratado representa un salto cualitativo: nos relega aún más a la extracción de materias primas en desmedro de la creación de industria nacional; aumenta el volumen de manufactura importada y supone la cesión de soberanía jurídica, pues admite que los litigios entre corporaciones (extranjeras y chilenas) sean dirimidos fuera de nuestro territorio en cortes internacionales, avanzando en el carácter semicolonial del país.
Despojo: “La riqueza y el poder se originaron por acumulación primitiva, es decir, por medio de la fuerza y el despojo.” Así como en su proceso de acumulación originaria las naciones europeas, en la época de descubrimiento y conquista, dieron paso al saqueo y la esclavitud de nuestro continente, el Estado chileno despojó, mediante la ley y la violencia, al pueblo mapuche de la tierra para después entregar parte de esos territorios a migrantes extranjeros, principalmente alemanes. Hoy los chilenos vivimos el despojo de nuestros recursos naturales que, de ser bienes comunes, han terminado en las arcas de grupos económicos y grandes transnacionales.
Aquella antigua propiedad común fue transformada en propiedad individual de unos pocos. Mientras nos han hecho creer que la propiedad privada consiste en la posesión de una casa, un auto y unas cuantas miserias, los grandes capitalistas se han adueñado de los medios de producción: de la escasa industria nacional, de las enormes extensiones de tierra, del agua, de los minerales y de la vida marina. La única riqueza nacional colectiva, en realidad, es la deuda pública del Estado con distintos acreedores, como la banca mundial.
Si bien el saqueo acelerado de todos nuestros recursos naturales sigue en curso, la “viga maestra” de nuestra economía se encuentra en el cobre. Chile posee las mayores reservas del metal rojo a nivel global y las exportaciones mineras representan alrededor del 60% de las exportaciones del país; no obstante, más del 70% de la producción de cobre está en manos de mineras extranjeras. El valor de la producción minera es casi 200 veces el del sector forestal y 17 veces el del sector vinícola. La mayor parte del cobre se produce en concentrado (barro), que puede contener entre un 30% y un 50% de cobre de alta ley; el resto lo componen minerales y metales valiosos como el grupo de los platinoides y las tierras raras, que aunque en porcentajes menores tienen precios ostensiblemente superiores al del cobre mismo. Ese concentrado, al no ser procesado ni fundido en el país en su gran mayoría (en Chile existen solo siete fundiciones; cinco estatales, de las cuales tres tienen refinerías —Chuquicamata, Potrerillos y Ventanas, esta última cerrada por el gobierno de Boric—, y dos de propiedad privada como Altonorte y Chagres), se va prácticamente gratis al extranjero.
Desde este prisma debemos ser tajantes: no existe posibilidad de cambio del Chile de hoy si no tocamos estructuralmente los intereses de los grupos económicos y los capitalistas transnacionales que gobiernan en las sombras de una institucionalidad denominada República.
II.- Revolución y contrarrevolución en Chile.
En este marco se abren periodos con una dinámica de revolución y contrarrevolución. En las últimas semanas hemos visto muchos ejemplos de levantamientos en Ecuador, Nepal, Indonesia, Angola y Madagascar. Las movilizaciones de la generación Z aparecen en Perú; la huelga general en Francia e Italia es otro ejemplo. Detrás del fenómeno de la llamada ultraderecha se esconden polarización y giros abruptos. No obstante, tal como señalamos en el manifiesto de constitución de CORI-CI, “(…) es común en esos movimientos la falta de un partido revolucionario: una organización que pueda ubicarse como dirección de esos procesos y con un programa revolucionario. O sea, que presente una política justa para las demandas inmediatas y que pueda conectar esas reivindicaciones con la necesidad de la toma del poder por la clase obrera y el conjunto de la clase trabajadora. Ese es el espíritu del Programa de Transición [de la IV Internacional]: salvo el poder todo es ilusión, como expresaba Lenin.”
Para lograr triunfos revolucionarios y evitar que sean derrotados o desviados es indispensable enfrentar a las organizaciones que se dicen de izquierda o “progresistas” y sus políticas. También es necesario afirmar con claridad que todos los gobiernos burgueses (sean de derecha y represivos o “progresistas” y supuestamente más “democráticos”) son enemigos mortales de los trabajadores.
Chile, tomando el proceso desde 2019 hasta 2025, forma parte de esa dinámica política de revolución, contrarrevolución y desvío. La tarea central es la construcción de una organización revolucionaria que se postule como dirección del proceso para la transformación del país; esto implica organización, acumulación de fuerzas, combate y experiencia.
III. -La situación política.
De la crisis revolucionaria de 2019, del desvío, del gobierno de Boric-PC y del actual ciclo electoral se avizora un nuevo gobierno de continuidad del dominio de las diez familias más ricas del país y de las transnacionales. En las vísperas de las elecciones de noviembre de 2025, las encuestas apuntan a un potencial triunfo de candidaturas de derecha frente a la candidatura de la centroizquierda encabezada por Jara del PC. La política de la izquierda reformista consiste en recrear una gran diferencia entre los programas de la centroizquierda y la ultraderecha. No obstante, tras cuatro años y en los meses finales del gobierno de Boric, lo cierto es que el gobierno —al igual que los anteriores gobiernos de la Concertación y de Piñera—, a través de la política de los “Grandes Acuerdos” con grandes empresarios y la mayoría de derecha en el Parlamento, mantuvo y profundizó el camino del saqueo, la explotación, la dependencia y la creación de nuevas zonas de sacrificio. Con 210 proyectos aprobados durante los dos primeros años de gobierno, Boric es el presidente que ha aprobado más leyes en ese lapso desde el retorno a la democracia.
Los “grandes acuerdos” con la derecha incluye agenda de seguridad, leyes laborales, agenda pro-crecimiento y el fin a la “permisología”. El salvataje a las isapres, permitiéndoles pagar deudas fraudulentas con montos mensuales inferiores a 900 pesos en hasta 156 cuotas, fue uno de los capítulos preliminares de la política de grandes acuerdos. En pensiones, para prolongar la vida de las odiadas AFPs, se les ha legitimado e, incluso, aumentado su fondo de acumulación.
El gobierno de Boric, entrando en su último año, no solo es continuidad del modelo de los “30 años”, sino que, al igual que la Concertación, mediante los “grandes acuerdos” con la derecha, profundizó el despojo: aprobó nuevos tratados internacionales (como el TPP-11), mantuvo el decreto 701 de subsidio a la industria forestal con su complementaria militarización del Wallmapu, utilizando la figura de “estado de emergencia permanente” en la Araucanía. Además, se selló el acuerdo de explotación del litio en manos privadas con el contrato SQM-Codelco; se liberalizaron nuevos proyectos mineros en manos de transnacionales, como Los Bronces 2 de Anglo American o Quebrada Blanca 2; y se protegió a las Isapres. En la coyuntura electoral es fundamental identificar que existen acuerdos estratégicos en temas centrales entre las grandes coaliciones del país.
Los hechos de la situación mundial tienen directa integración en la pequeña economía chilena basada en la exportación de commodities y en acuerdos comerciales con 63 economías que representan el 85% del PIB mundial: una alta dependencia del cobre. El gobierno de Boric, al igual que los anteriores, mantuvo y profundizó el saqueo, la explotación, el aumento de la subcontratación y la creación de nuevas zonas de sacrificio. Mantuvo las bases estratégicas del modelo pactado entre la Concertación y la dictadura, con fundamentos estructurales en los tratados de libre comercio, el código de minería y las modalidades de subcontratación laboral en ramas estratégicas (minería y puertos). Es la actualización para profundizar el saqueo como mano servil de los dictámenes de las diez grandes familias, como socios menores en la renta de la expoliación del país y de los fondos de inversión norteamericanos en el saqueo de las AFPs, la explotación minera concentrada y el negocio forestal en la Araucanía.
La situación política entre las clases fundamentales del país expresa una situación no revolucionaria pero con importantes contradicciones, pausadas por el ciclo electoral. Tras los acontecimientos del desvío de la revolución de 2019 —el acuerdo por la paz, la pandemia, el fracaso de la Convención Constitucional— se abrió un periodo de confusión y desmoralización de la vanguardia. Precisamente así se concreta el desvío: mediante la desmoralización política de amplias franjas de la vanguardia que tenían expectativas en los procesos constituyentes o en reformas progresivas con el gobierno de Gabriel Boric. La revolución chilena fue desviada, fundamentalmente, por los mecanismos de la democracia burguesa, el callejón sin salida de los procesos constituyentes y las expectativas puestas en Boric y el PC.
Tras los dos procesos constitucionales, el país ingresó a un nuevo ciclo político no revolucionario pero con importantes contradicciones sociales del capitalismo chileno. En el interior de la burguesía y el imperialismo se impuso la línea estratégica de cómo derrotar la revolución de 2019 sin otorgar ninguna concesión relevante; sólo así se explica el corrimiento discursivo hacia la derecha de la discusión política, con Kasy y Kaiser.
El carácter no revolucionario de la situación apunta al hecho objetivo de que, por diversas políticas ensayadas entre los años 2019 a 2022 (el acuerdo por la paz del 15 de noviembre, la Convención Constitucional, la elección de Boric y la represión a la primera línea), el bloque de los partidos de la burguesía nacional y el imperialismo norteamericano, impusieron sus objetivos de desviar el proceso revolucionario mediante los métodos de la reacción democrática.
El debate interno burgués, expresado en los dos procesos constituyentes (2021-2022), resolvió la derrota de la revolución sin concesiones estructurales al movimiento de masas, más allá de políticas transitorias destinadas para ganar tiempo, como la apertura del primer proceso constituyente o los retiros de AFP durante la pandemia, que surgieron en un momento de alta incertidumbre y división de las fuerzas políticas de la burguesía. Llegando a 2022 con un gobierno burgués “normal” con Boric, se retomaron los “Grandes Acuerdos” como mecanismo para dejar atrás la inestabilidad en los partidos por la presión del movimiento de masas. Sin embargo, esta caracterización se combina con importantes contradicciones sociales: el régimen capitalista chileno semicolonial mantiene y profundiza las grandes problemáticas que dieron origen a la explosiva situación de 2019, como la crisis de la vivienda, de la salud pública y de la educación, la subcontratación laboral y la propiedad del agua. El proletariado y las capas populares sufren cotidianamente la crisis de la salud pública con listas de espera, agobios y suicidios en los lugares de trabajo, violencia escolar e inseguridad en los barrios obreros, sumados al malestar por la inflación de los alimentos de 2023 sin que los salarios se recuperen.
IV. El régimen político y la tragedia obrera del 31 de julio en la mina El Teniente.
La reciente tragedia en la División El Teniente (el yacimiento subterráneo de la estatal Codelco), con seis trabajadores fallecidos estando bajo subcontrato, muestra que en gobiernos de la democracia patronal el subcontrato es cercano al 80% de la operación de Codelco.
A casi tres meses de la tragedia, aún no se conocen responsables y las autoridades de Codelco se limitaron a cambios cosméticos. Es el accidente minero de mayor magnitud en el país desde el derrumbe y rescate de los 33 mineros de la mina San José (2010), que impactó al mundo. Aquellos 33 mineros fueron rescatados y la figuración pasó a Piñera y a su ministro Golborne. De la seguridad en las faenas mineras y las condiciones de trabajo no se volvió a hablar. Ahora, el accidente fue en la mina subterránea de cobre más grande del mundo.
Este accidente no es un caso aislado. Solo en Codelco, durante 2023, fallecieron en faena por accidente laboral Frank Olguín Mori (28 años), mecánico de la empresa Schwager, y Osvaldo Bustamante Frías (29 años), electricista de la empresa Züblin. El 8 de marzo de 2024 falleció la operadora Ana Camila Rojas (30 años), en la División Radomiro Tomic. Antes, en 2022, hubo dos muertes en menos de diez días en Chuquicamata Subterránea y otra en Rajo Inca (El Salvador). “El capital nace chorreando sangre y lodo”, afirmó Marx hace casi 175 años. Cambiaron muchas cosas desde entonces, pero en lo fundamental —que los trabajadores ponen la vida para la riqueza de unos pocos— no ha cambiado. La gran minería del cobre chilena participa con el 24% de la producción mundial como primer productor y segundo en molibdeno, con ganancias estratosféricas para las transnacionales agrupadas en el “Consejo Minero” (BHP, Anglo American, etc., incluido Codelco).
El debate central es el subcontrato, ya que la propiedad estatal de Codelco no significa, en ningún caso, que esté al servicio de las trabajadoras y los trabajadores. Su funcionamiento es el de una más de las grandes empresas capitalistas: un directorio compuesto por ejecutivos de las grandes mineras privadas y amigos de todos los partidos del régimen; con subcontratación, listas negras, persecución a sindicatos independientes, etc. Máximo Pacheco, director designado por Boric, habló con hipocresía del “dolor de la familia Codelco”. Falso: ellos son responsables de la sobreexplotación del yacimiento y de la falta de seguridad pese a múltiples denuncias previas sobre peligro inminente. Contrariamente a lo que se cree, la mayor parte de los trabajadores de Codelco no son privilegiados: tres de cada cuatro están bajo subcontrato. En su memoria anual 2024, Codelco reporta 16.000 trabajadores directos y más de 60.000 subcontratados: un 78% bajo esta modalidad. Este sistema significa precarización para los trabajadores frente a las enormes ganancias de las grandes empresas, y se ha mantenido por todos los gobiernos del régimen de los “30 años” (Concertación, Piñera, Bachelet y ahora Boric). Si bien la dictadura de Pinochet puso las bases legales para el saqueo, son los partidos de la democracia de los ricos quienes lo consolidaron. En 1984, el 4,7% de los trabajadores de la minera estaban bajo subcontrato; en 1990, el 12,5%; en 2000, el 45,9%. Hoy, en 2025, casi el 80% (fuente: Sernageomin).
Por su parte, a pesar de la campaña permanente burguesa por la democracia y del desvío momentáneo del ciclo electoral, el régimen político no puede ocultar su carácter de camarilla y descomposición con sus crisis de corrupción. El cierre de la Industria de acero de Huachipato en el 2023, no desató una lucha generalizada en la región del Bío-Bío, debido principalmente por la política de contención del gobierno, el PC y las direcciones sindicales de la “Mesa de Defensa del Empleo”. Actualmente hay situaciones potencialmente explosivas, como la mega-toma de San Antonio, donde la burguesía no encuentra la forma logística y política de desalojar a cientos de miles de familias sin casa y apunta a la negociación; o la crisis del rubro de la Pesca con una semi-huelga general de pescadores. A su vez, son sistemáticos los casos de corrupción del régimen y las altas esferas del personal político: el abogado de Piñera, Hermosilla, actuaba como operador en las altas esferas del poder judicial, el Piñerismo y las grandes empresas, poniendo de manifiesto la falsa “división de poderes” en la democracia burguesa. Se suman escándalos de defraudación fiscal y casos de altas autoridades de las fuerzas armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones procesadas por corrupción, continuidad de la impunidad otorgada a la cúpula de las fuerzas armadas en la transición pactada, con gastos reservados y vínculos al tráfico de armas en la guerra de los Balcanes a inicios de los 90. Hay numerosos Carabineros procesados por vínculos al narcotráfico y a la venta de madera en el sur, expresando en conjunto una descomposición del brazo armado del capital.
V. La reforma de pensiones de Jara y la integración del PC chileno a los “grandes acuerdos” de la gobernabilidad burguesa.
La reforma de pensiones con la ex ministra Jara (PC) a la cabeza es una conquista de la burguesía para profundizar el mercado de capitales. JPMorgan valoró el acuerdo de pensiones y calcula una millonaria inyección al mercado de capitales que podría superar los US$3.400 millones. Las AFP podrán participar de la administración del 14,5%. Mientras tanto, quienes cotizaron 35 o 40 años obtienen tasas de reemplazo de menos de un tercio de su salario.
La reforma de pensiones consolida y amplía el mercado de capitales. La realidad es que los beneficios que reciben las personas en edad de jubilación —más del 82%— son gasto fiscal mediante la denominada Pensión Garantizada Universal (PGU) u otros organismos del Estado. Las AFPs apenas pagan un 18% del gasto general del país en pensiones. A pesar de que, en 2023, las AFP, mediante la cotización obligatoria de los trabajadores, recibieron 12.000 millones de dólares y se entregaron pensiones por 3.800 millones, los grandes grupos económicos nacionales y las multinacionales, mediante las AFPs, controlan un volumen de capital cercano al 75% del PIB nacional. Las AFP manejan unos US$200.000 millones, equivalentes al 75% del PIB chileno. “De este modo, de los cerca de 18.000 millones de dólares que totalizó el gasto nacional en pensiones, más de 16.000 millones —el 88% en los últimos meses a enero de 2025— fueron financiados con cargo al presupuesto fiscal, mientras el aporte neto del sistema de AFP fue de poco más de 2.200 millones de dólares, asimismo financiados con una parte menor, menos de un quinto, de las contribuciones previsionales corrientes en los últimos 12 meses (cuadros R-8, A-4.1). Es decir, también en Chile, como en todo el mundo, las pensiones se pagan con impuestos corrientes —lo que peyorativamente denominan “reparto”— y no con ahorro. Sin embargo, las contribuciones previsionales se desvían en su mayor parte a perpetuidad al sistema financiero.” (Cenda, Informe Pensiones, marzo 2025).
La irrupción violenta del movimiento de masas el 18 de octubre de 2019 sorprendió al PC y evidenció su debilidad para jugar su rol histórico desde la década del 30 en los frentes populares: canalizar y controlar al movimiento obrero y popular hacia la democracia burguesa. No obstante, tras el acuerdo por la paz, el PC logró reubicarse como partido bisagra entre los “movimientos sociales” y el régimen. Por eso, programáticamente se “actualiza” y el PC se declara “feminista”, “ecologista”. En 2025 el PC realizó su XXVII Congreso, con duras críticas al gobierno de Boric. Para sostener el gobierno burgués y ser útil a la política de “grandes acuerdos” del régimen, el PC necesita controlar y dirigir las movilizaciones para que a priori garantice sus límites y lograr mantener los conflictos sindicales asilados o, cuando se unen encauzarlos hacia expectativas parlamentarias dentro de la democracia burguesa, con reformas graduales y la lógica del avance o gradual o el “mal menor”, según el caso.
En esos términos, el XXVII Congreso del PC chileno mostró que las supuestas alas enfrentadas —el jadueísmo y el sector más pro-gobierno encabezado por la ministra Jara y el constituyente Marco Barraza— no pasan de fricciones internas dentro de una una fuerte unidad para defender al rol histórico del PC como partido de la colaboración de clases chilena. En sus resoluciones del XXVII Congreso, ratifican su carácter oficialista argumentando el mal menor pero colaborando para generar base social mediante la movilización. “(…) Debemos reconocer autocríticamente nuestra responsabilidad por no haber tensionado a las fuerzas populares en favor del avance del programa que nace también con nuestras propuestas y que solo ha ido desarrollándose a nivel parlamentario y de gobierno, sin que la movilización juegue un rol determinante.”
Este carácter estrategia de colaboración de clases del PC chileno requiere de cada cierto tiempo mostrar combatividad en luchas cotidianas para mantener prestigio entre los trabajadores, lo explicó Nahuel Moreno al identificar los PC europeos: “(…) El compañero Mandel comete un error: confundir el rol de rompehuelgas en las luchas económicas con el rol contrarrevolucionario político. Para nosotros, y para todo verdadero marxista revolucionario, son mucho más graves las traiciones políticas que el rol jugado en las luchas sindicales del movimiento obrero. El compañero Pierre Frank, hace años, explicó cómo el Partido Comunista Francés combina cierta defensa cotidiana de los trabajadores en las fábricas —cierto rol de dirección y vanguardia en las luchas económicas— para mantener el prestigio que le permita cometer horrendas traiciones políticas. El compañero Mandel no ha comprendido esta dialéctica de los partidos comunistas. De lo que se trata es del papel de rompehuelgas político, de traidores y contrarrevolucionarios de los PC, dejando de lado las pequeñas o grandes concesiones hechas a las bases en las luchas económicas del movimiento obrero. Durante 1976, el PCE no se cansó de traicionar políticamente al proletariado y a las nacionalidades oprimidas españolas, de jugar a favor del régimen.”
VI. La clase trabajadora y sus luchas.
En los sectores estratégicos del proletariado chileno, como minería y puertos, se vive un momento de cierta recomposición y la tregua de las direcciones con el gobierno comienza a tensarse. En el rubro portuario, durante el gobierno de Boric, salvo conflictos agudos pero aislados —como el del puerto de Coronel en 2024— y la huelga combativa en Mina Caserones o la persistencia del sindicato de Minera Escondida, por ahora predomina una tregua con el gobierno, en particular a través de las mesas de negociación impulsadas por la Dirección del Trabajo, con conducción (PC) como punta de lanza del control de las luchas dentro de la legalidad de la democracia burguesa. Estimamos que, en parte, la burguesía ha otorgado ciertas concesiones económicas acotadas a los sectores de planta de la minería en el marco de la alta demanda del precio del cobre. La mayoría numérica de la clase trabajadora —subcontratada en la minería o eventualizada en los puertos—, al encontrarse fragmentada en cientos de empresas o talleres que negocian por separado, aún no tiene una expresión política ni sindical que permita poner sus demandas en el centro nacional, como lo fue, por ejemplo, la lucha del subcontrato de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y forestales en el 2007 o el movimiento portuario del 2013.
No obstante, la enorme dependencia del país a la inestable economía mundial abre posibilidades de giros abruptos en sectores estratégicos, como la caída del precio del cobre o fluctuaciones arancelarias. La CUT, como principal referencia sindical del país y con base en el sector público y servicios, viene actuando de manera funcional y complementaria a la política del gobierno y del PC. La conducción PS-PC, para reafirmar su rol de catalizador de crítica/apoyo al gobierno, ha tenido una política más activa de convocar movilizaciones controladas y aisladas de agitación —“paro nacional” sin perspectiva de un plan general de lucha de la clase trabajadora—: así lo hizo en abril de 2024 y 2025. Sin embargo, a pesar de la nula preparación del paro, en las calles de Santiago y ciudades regionales se expresaron grandes marchas, muy superiores a lo que se había preparado, especialmente por trabajadores del sector público, la salud y la educación, quienes criticaron fuertemente al gobierno de Boric. Los despidos y recortes presupuestarios en el sector público han originado persistentes luchas en diversos servicios. Lo mismo ocurre con los profesores contra la violencia en los lugares de estudio. Aquí lo central es que la conducción PS-PC busca posicionar como problema central que el gobierno no avance en reformas porque sería víctima de la oposición de derecha en el Parlamento, para reforzar su política de colaboración de clases. Lo cierto es que con 210 proyectos durante sus dos primeros años, el gobierno de Boric aprobó más leyes en sus primeros años que cualquier otro desde el retorno a la democracia. Los acuerdos con la derecha incluye agenda de seguridad, leyes laborales, agenda pro-crecimiento y fin a la permisología. Es decir, Boric gobierna llegando a grandes acuerdos con la derecha, y lo que los trabajadores deben combatir es un régimen favorable a las diez grandes familias, que incluye al propio gobierno y a la derecha.
En los servicios públicos la crisis y el ajuste fiscal se profundiza. El Estado burgués chileno cerró 2024 con un déficit fiscal y una deuda pública del 2,9% del PIB; la deuda superó el 42% del presupuesto. Hacienda con Mario Marcel realizó en octubre un retiro por US$1.000 millones de los fondos soberanos (FEES). Este monto se suma a retiros efectuados en enero y junio por US$800 millones y US$607 millones, respectivamente. Así se llegó a recursos por US$3.618,2 millones en el FEES, 40% menos que a fines de 2023, cuando el FEES sumaba activos por US$6.030,11 millones. La reforma de pensiones , mediante la inyección de salvataje de fondos públicos subsidiando directa o indirectamente a las AFPs, viene siendo una política central de respuesta del capital a las demandas del movimiento de masas. De la misma forma que la Concertación cerró las movilizaciones estudiantiles por la educación gratuita inyectando “bonos estatales” y subsidiando a los empresarios de la educación (la gratuidad como beca al estudiante), la clase trabajadora termina pagando los costos mediante impuestos indirectos como el IVA. Existe asimismo una fuerte presión tributaria sobre sectores de pequeñas empresas formales e informales que dieron un salto como subproducto de la pandemia. Aquí emerge la ultraderecha con figuras como Johannes Kaiser, cuyo discurso de cierre de ministerios del Estado, combinado con mano dura contra la delincuencia, atrae a sectores confusos de la clase trabajadora y a la pequeña burguesía empobrecida. Esta situación apunta a que las luchas en los servicios y en el sector público podrían aumentar. La dinámica para el próximo periodo indica la persistencia de luchas sindicales o sectoriales como expresión de descontento por la crisis de la salud y la educación, aunque con el límite (y cuestionamientos) sobre su dirección PS-PC.
La contradicción indica que mientras no exista una oposición por izquierda en las principales organizaciones de la clase trabajadora (CUT, ANEF, Colegio de Profesores), el descontento en las bases sindicales contra el gobierno, no podrá avanzar hacia posiciones políticas, y el rol específico del PS-PC en los sindicatos, es separar la lucha sectorial de la lucha política contra el gobierno y el régimen. Incluso no se puede descartar que ese descontento con el gobierno, se exprese en un voto castigo en las parlamentarios y presidencial a candidatos de la derecha o a la nueva ultraderecha. La conciencia de la clase trabajadora es el resultado de la actividad de los revolucionarios, y la ausencia de décadas de revolucionarios ligados a la clase trabajadora tiene sus consecuencias.
En términos revolucionarios, a diferencia de la superficialidad de los grupos de tradición rojinegra que se abstienen de participar en sindicatos por el hecho de estos ser dirigidos por el PS-PC, debemos ser capaces de explicar la necesidad de la participación de los revolucionarios en estos bajo premisas clasistas y socialistas. Esta discusión suele surgir cada 1.º de mayo en Santiago en torno a la llamada “marcha alternativa”, en que no se trata solo de desde dónde marchar, sino de llevar un proyecto político que lleve a fondo el enfrentamiento a la estrategia histórica de de colaboración de clases PC chileno, lo que implica no excluir contraponer una alternativa incluso en los sectores sindicales que este partido influye.
La desmoralización del proceso constituyente hace que, en una primera etapa de recuperación, aparezcan luchas parciales, sectoriales y sindicales; sin embargo, en la medida en que estas luchas se extiendan, abren posibilidades concretas de crear puentes con la lucha general contra el régimen político y la necesidad de que Chile solo cambiará si se abre un gobierno de los trabajadores, por fuera de los marcos de la democracia para ricos del capitalismo, alcanzado por la violencia revolucionaria de los organismos de doble poder que surgirán al calor del combate de clases. En esa perspectiva, cobra peso estratégico el proletariado de la minería y los puertos para recrear en Chile una estrategia de revolución socialista.
VII.- Por un Partido Revolucionario de la clase trabajadora. Las tareas del grupo fundacional revolucionario.
El desarrollo programático marxista revolucionario en el centro de un grupo fundacional supone trabajar en la elaboración programática alrededor de los sectores estratégicos del proletariado. Lejos de una visión superficial, la situación política para los revolucionarios nunca es sencilla, pero presenta oportunidades. Las luchas vendrán e incluso, se incrementarán. Reafirmamos la definición leninista de que “la conciencia viene desde afuera”; esto quiere decir que, incluso en los conflictos sindicales más agudos, es necesaria una acción revolucionaria e ideológica para que los conflictos pasen de una conciencia de “lo posible” —la que alimenta el reformismo— a una conciencia de lucha contra el conjunto del régimen, ganando a sectores de la clase trabajadora y la juventud, explicando pacientemente pero con claridad la necesidad de disolver el régimen violentamente mediante acciones de masas y un programa que apunte a la expropiación de los pilares del capitalismo chileno y mundial. Nuestras fuerzas y capacidades están aún por debajo de las necesidades de la clase obrera, pero la primera necesidad de los explotados y oprimidos es que se les presente un programa coherente y revolucionario que explique por qué y cómo puede cambiar su situación. Naturalmente, la experiencia con el capitalismo y las direcciones reformistas es desigual en la clase obrera, que se compone de sectores de vanguardia, sectores intermedios y sectores más permeables a la ideología burguesa. Somos claros. Llamamos a la clase trabajadora, a la juventud, a los oprimidos del mundo, a unirse a una discusión política fraternal junto a nosotros de cómo lograr estos objetivos revolucionarios.
Octubre, 2025.
