Por Ricardo Robles, La Voz Obrera Chile.
El presente artículo se inscribe en el nuevo escenario político abierto con la asunción del gobierno encabezado por el derechista José Antonio Kast el 11 de marzo de 2026. Para la clase trabajadora, cada cambio de gobierno no puede evaluarse únicamente por sus discursos o promesas, sino por el balance concreto de la etapa que termina y por las relaciones sociales que se consolidaron durante ella. Comprender las tareas que se abren exige examinar críticamente la experiencia reciente: cuáles fueron las condiciones materiales de vida de los trabajadores, cómo evolucionó la repartición de la riqueza social y qué sectores sociales concentran los beneficios del crecimiento económico. Desde una perspectiva de clase, la evaluación de un gobierno se mide por estos factores fundamentales: si mejoran o empeoran las condiciones de la mayoría trabajadora y si se debilita o se fortalece el poder económico de los grandes grupos capitalistas. En ese marco, la siguiente nota busca aportar elementos para ese balance, examinando la situación de la clase trabajadora y la concentración de la riqueza y la propiedad durante el gobierno de Gabriel Boric.
Salarios, inflación y endeudamiento de los hogares.
Durante los últimos años la economía chilena ha mostrado una contradicción evidente. Mientras el costo de la vida aumentó de forma significativa y los hogares continúan altamente endeudados, grandes empresas —mineras transnacionales, conglomerados económicos y administradoras de fondos de pensiones— siguieron registrando utilidades multimillonarias. Los datos disponibles para el período 2022-2025 permiten observar con mayor claridad esta tensión entre la situación de las familias trabajadoras y los resultados del gran capital.
Uno de los fenómenos económicos más relevantes de los últimos años ha sido el aumento del costo de la vida. En 2022 Chile registró una inflación anual de 12,8%, uno de los niveles más altos en varias décadas según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas. Posteriormente la inflación se moderó, registrando 3,9% en 2023 y cifras cercanas al 4% anual durante 2024 y 2025. En términos acumulados, esto implica que entre 2022 y 2025 los precios en Chile aumentaron aproximadamente entre un 25% y un 27%, de acuerdo con estadísticas del Banco Central de Chile y del INE.
Este aumento del costo de la vida tuvo un impacto directo sobre el poder adquisitivo de los trabajadores. Los salarios reales —es decir, los salarios ajustados por inflación— tardaron varios años en recuperarse tras el shock inflacionario de 2022. El Índice Real de Remuneraciones del INE muestra que recién hacia 2024 y 2025 comenzó una recuperación más sostenida, con un crecimiento cercano al 2,4% anual durante 2025. En términos prácticos, esto significa que el poder de compra de los salarios se deterioró durante la fase de alta inflación y solo comenzó a mejorar gradualmente años después y por debajo de la inflación acumulada.
La situación de los hogares también está marcada por un elevado nivel de endeudamiento. Según las Cuentas Nacionales por Sector Institucional publicadas por el Banco Central, la deuda de los hogares en Chile equivale aproximadamente al 73% de su ingreso disponible, mientras que el endeudamiento total de las familias alcanza cerca del 47% del Producto Interno Bruto. Una parte importante de esta deuda corresponde a créditos hipotecarios, aunque también tienen un peso significativo los créditos de consumo y el uso de tarjetas de crédito.
Utilidades de las transnacionales mineras y los grandes conglomerados económicos en Chile .
Mientras los hogares enfrentan inflación, salarios que recién comienzan a recuperar poder de compra y altos niveles de endeudamiento, las grandes corporaciones que operan en Chile han continuado generando ganancias significativas. En el sector minero, varias de las principales transnacionales del mundo mantienen operaciones estratégicas en Chile, país que concentra cerca de un 28% de la producción mundial de cobre según el Servicio Geológico de Estados Unidos y la Comisión Chilena del Cobre. Entre las compañías extranjeras con mayor presencia se encuentran BHP, Anglo American, Glencore, Freeport-McMoRan y Teck Resources. Estas empresas controlan o participan en algunos de los yacimientos de cobre más importantes del mundo ubicados en territorio chileno, entre ellos Escondida —la mayor mina de cobre del planeta—, Spence y Cerro Colorado (operadas por BHP); Los Bronces y El Soldado (Anglo American); Collahuasi (propiedad conjunta de Anglo American y Glencore); Lomas Bayas (Glencore); Quebrada Blanca (Teck Resources); y El Abra, explotada por Freeport-McMoRan en asociación con Codelco. Solo la mina Escondida produjo alrededor de 1,06 millones de toneladas de cobre en 2023, equivalente a cerca del 5% de la producción mundial, de acuerdo con datos de Cochilco y de la propia compañía.
Las utilidades de estas corporaciones continúan siendo extraordinarias a escala global. De acuerdo con los reportes financieros de BHP, la empresa registró aproximadamente US$23,8 mil millones de utilidades en 2022, cerca de US$13,4 mil millones en 2023 y alrededor de US$13,7 mil millones en 2024. Incluso en 2025, cuando las ganancias disminuyeron por la caída de los precios del mineral de hierro y otros factores del mercado internacional, la compañía reportó más de US$10 mil millones de utilidades, según sus resultados anuales y reportes financieros publicados en sus informes a inversionistas y reproducidos por medios económicos internacionales. Estas cifras reflejan la magnitud de los beneficios que continúan generando las grandes corporaciones mineras que operan en Chile, uno de los principales territorios de extracción de cobre del mundo. (Fuente: Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Consejo Minero; informes anuales de BHP 2022-2024; reportes de producción minera y estadísticas del mercado del cobre.)
La concentración de ganancias también se observa en los principales conglomerados económicos chilenos, que operan en sectores estratégicos como energía, minería, retail, banca y la industria forestal. Entre ellos destacan Quiñenco del grupo Luksic, Empresas Copec del grupo Angelini, así como Cencosud, Falabella y CMPC. Los estados financieros de estas compañías muestran utilidades relevantes incluso en años de desaceleración económica. Por ejemplo, Quiñenco reportó utilidades por $3,5 billones de pesos en 2022, mientras que en 2023 registró cerca de $842 mil millones y en 2024 alrededor de $664 mil millones, según sus memorias anuales. Empresas Copec obtuvo aproximadamente US$1.465 millones de utilidades en 2022, cerca de US$300 millones en 2023 y más de US$1.180 millones en 2024, de acuerdo con sus estados financieros consolidados. En el sector del retail, Cencosud registró utilidades por $404 mil millones en 2022 y más de $220 mil millones en 2023, mientras Falabella obtuvo alrededor de $273 mil millones en 2022 y cerca de $480 mil millones en 2024 tras la recuperación de su negocio regional. En la industria forestal, CMPC reportó utilidades cercanas a US$1.005 millones en 2022 y alrededor de US$470 millones en 2023, según sus reportes financieros. Estas cifras reflejan la magnitud de los beneficios obtenidos por los grandes conglomerados económicos que concentran una parte importante de la actividad productiva en Chile. (Fuente: memorias anuales y estados financieros de Quiñenco, Empresas Copec, Cencosud, Falabella y CMPC; Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
El sistema privado de pensiones también muestra resultados financieros significativos. Las administradoras de fondos de pensiones (AFP) continúan obteniendo utilidades importantes a partir de la gestión del ahorro previsional obligatorio de millones de trabajadores. Según estadísticas de la Comisión para el Mercado Financiero y de la Superintendencia de Pensiones, las AFP administraban en 2024 más de US$180.000 millones en fondos previsionales, equivalentes a cerca de dos tercios del PIB chileno. Sobre esa base de ahorro obligatorio, las administradoras cobran comisiones mensuales por la gestión de las cuentas individuales de los afiliados. Los resultados financieros del sector reflejan la magnitud de este negocio. Durante el primer semestre de 2025, las AFP registraron utilidades superiores a US$357 millones, según información financiera reportada por las propias compañías y recopilada por medios económicos especializados. En ese mismo período destacaron ganancias relevantes de las principales administradoras del sistema, entre ellas AFP Habitat, AFP Provida, AFP Cuprum y AFP Capital, que concentran la mayor parte de los afiliados y del volumen de fondos administrados. Estas cifras muestran que, incluso en contextos de debate sobre reformas previsionales y cuestionamientos al sistema, las administradoras continúan generando utilidades significativas a partir de la gestión del ahorro previsional obligatorio. (Fuentes: Superintendencia de Pensiones, Comisión para el Mercado Financiero (CMF), estados financieros de AFP Habitat, Provida, Cuprum y Capital; reportes del mercado financiero sobre resultados del sistema de AFP en 2025)
El gobierno de Boric como gobierno restaurador del orden empresarial.
El balance del gobierno de Gabriel Boric debe leerse a la luz de las promesas que surgieron del ciclo político abierto tras las movilizaciones de 2019. En ese período de movilizaciones y lucha se levantaron promesas que a través de, primero el proceso constituyente, y luego el nuevo gobierno de Boric, terminar con los abusos del gran empresariado, avanzar en una redistribución más justa de la riqueza y fortalecer el rol de los “derechos sociales” en el Estado frente al poder económico de los grandes grupos empresariales. Sin embargo, los datos muestran una realidad distinta. Durante estos años las grandes corporaciones —desde las mineras transnacionales hasta los principales conglomerados económicos del país— continuaron registrando utilidades extraordinarias, mientras la concentración de la riqueza permaneció prácticamente intacta. Al mismo tiempo, los salarios reales avanzaron a un ritmo mucho menor que el crecimiento de las ganancias empresariales, manteniendo una brecha estructural entre el valor producido por los trabajadores y la parte que efectivamente reciben.
Los peligros del nuevo Gobierno de Kast.
En este nuevo escenario abierto con la asunción del gobierno encabezado por José Antonio Kast —un gobierno de ultraderecha que previsiblemente buscará profundizar las políticas de represión, precarización laboral y retrocesos en derechos sociales, incluidos los derechos de las mujeres— la clase trabajadora enfrenta un desafío decisivo. Frente a esta ofensiva es fundamental recuperar la independencia política de clase y promover la más amplia unidad en todas las luchas y movilizaciones contra las medidas que ataquen las condiciones de vida de las mayorías. Pero esa unidad no puede construirse sobre el olvido del pasado reciente. La reciente jornada masiva del 8 de marzo del 2026 o las movilizaciones de trabajadores contratistas en Codelco por estos días, apuntan que hay bases para la fuerza de la movilización. Pero el peligro es que los mismos sectores políticos que defendieron o administraron el gobierno saliente, como el PC y el Frente Amplio, intentarán presentarse nuevamente como alternativa de recambio institucional, eludiendo su responsabilidad en la persistencia de la precariedad laboral, la concentración de la riqueza y la continuidad del modelo económico.
Desde esta perspectiva, el problema que enfrenta la clase trabajadora no se reduce simplemente al carácter de un gobierno determinado, sino al funcionamiento de un modelo económico que mantiene la propiedad y el control de los principales sectores productivos en manos de grandes grupos económicos nacionales y corporaciones transnacionales. Mientras la riqueza generada por el cobre, el retail, la energía y los recursos naturales siga concentrada en estas estructuras de poder económico, las mayorías trabajadoras seguirán recibiendo solo una fracción de la riqueza que producen. Por eso, más allá del recambio político en el gobierno, el desafío para los trabajadores no puede limitarse a elegir cada cuatro años entre distintas variantes de administración del mismo sistema, sino avanzar en la construcción de una alternativa política propia que ponga en el centro el problema fundamental: quién controla la riqueza del país y cómo se distribuye el fruto del trabajo social. La Voz Obrera Chile invita a la construcción de esa tarea revolucionaria de la clase trabajadora en Chile y el mundo.
11-03-2026
