Por La Voz Obrera Chile.
El Gobierno de José Antonio Kast anunció la noche del 23 de marzo un alza histórica en el precio de los combustibles, descargando directamente sobre la población trabajadora el costo de la crisis internacional. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó que la gasolina de 93 octanos subirá 370 pesos y el diésel 580 pesos por litro, justificando la medida en el encarecimiento del petróleo por la guerra en Irán. Sin rodeos, el propio gobierno reconoció el golpe al bolsillo: “vamos a pasar cierta premura”. Las medidas anunciadas —congelar el transporte público y entregar un subsidio acotado a taxistas— no son más que paliativos menores frente a un ajuste que impactará de lleno en alimentos, transporte y costo de vida.
Este aumento no es un accidente ni una simple consecuencia del mercado. Es el resultado de un modelo económico que condena al país a la dependencia y a la población trabajadora a pagar sus crisis. Chile no controla su energía ni sus recursos estratégicos, y cada alza internacional se transforma automáticamente en un nuevo golpe al salario y a las condiciones de vida. Mientras los grandes grupos económicos amortiguan sus costos o trasladan el ajuste, la mayoría debe absorberlo directamente. Lo que se presenta como una “situación difícil” no es otra cosa que la forma en que el sistema funciona: socializando las pérdidas y haciendo que la crisis la paguen los trabajadores.
Crisis internacional, guerra y energía: del estrecho de Ormuz al precio en Chile.
El alza de los combustibles en Chile no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de la escalada imperialista en Medio Oriente. El 28 de febrero, Estados Unidos y el Estado sionista de Israel lanzaron ataques contra Irán que dejaron centenares de muertos, incluyendo al líder Ali Khamenei y a 165 estudiantes. El propio Donald Trump anunció que se trata de una ofensiva prolongada, exigiendo la rendición incondicional de Irán. No se trata de una “crisis externa”, sino de una disputa por el control de regiones estratégicas, donde el estrecho de Ormuz —por donde circula gran parte del petróleo mundial— se convierte en un punto clave de la dominación energética global.
Las consecuencias no tardaron en sentirse. Las restricciones en esta zona han empujado al alza el precio del petróleo y del gas, generando un efecto inmediato sobre la economía mundial. Así, una guerra impulsada por las potencias se traduce directamente en inflación, encarecimiento del transporte y aumento del costo de vida en países dependientes como Chile. Lo que ocurre a miles de kilómetros se convierte, en cuestión de días, en un golpe directo al bolsillo de la población trabajadora.
Pero la guerra también revela las contradicciones del propio imperialismo. Estados Unidos ha destinado decenas de miles de millones de dólares en operaciones militares, con costos diarios millonarios que ya impactan su economía interna: suben los combustibles, los alimentos y crece el descontento social. Incluso sectores de la propia burguesía cuestionan el rumbo del conflicto. Sin embargo, como siempre, quienes terminan pagando el costo más alto son los trabajadores, tanto en el centro como en la periferia del sistema, mientras las potencias disputan el control de los recursos estratégicos del planeta.
A pocos días de iniciado el gobierno de José Antonio Kast, las primeras medidas económicas han sido claras: ajuste fiscal, confianza a los mercados y traspaso directo de la crisis a la población trabajadora. El alza de los combustibles no es un hecho aislado, sino parte de una política coherente que busca alinear la economía interna con los precios internacionales, reducir los mecanismos de contención y priorizar el equilibrio fiscal por sobre las condiciones de vida de las mayorías. El mensaje es directo: frente a la crisis, el Estado no protege a la población, sino que garantiza las condiciones de rentabilidad del gran capital. Se trata de un ajuste indirecto clásico: no se bajan formalmente los salarios, pero se encarece todo lo necesario para vivir.
Primera semana del gobierno de Kast: ajuste fiscal y señal al gran capital.
Este ajuste se apoya en una estructura profundamente dependiente. Chile importa cerca del 95% del petróleo que consume, por lo que cualquier alza internacional se traspasa casi automáticamente al precio interno. El combustible no es un bien cualquiera: es un insumo transversal que impacta el transporte, los alimentos y el conjunto de la economía, reduciendo el salario real sin necesidad de tocar los sueldos nominales. Así, lo que aparece como una variación de precios es, en la práctica, un mecanismo de transferencia de ingresos desde la clase trabajadora hacia el capital, determinado por una economía que no controla sus variables estratégicas.
A esta situación se suma una desigualdad estructural en la carga del propio combustible. Mientras la población paga íntegramente el impuesto específico incorporado en el precio final, las grandes empresas —especialmente la minería— pueden recuperar hasta el 100% de ese impuesto cuando el diésel se utiliza en faenas productivas. Así, conglomerados como Minera Escondida, Anglo American o el grupo Luksic reducen significativamente su costo energético, mientras el alza impacta de forma directa en los hogares. El resultado es claro: la crisis se descarga sobre los trabajadores, mientras el gran capital cuenta con mecanismos legales para amortiguarla o incluso neutralizarla.
La oposición de Boric y la Concertación también son responsables de la actual situación.
El actual escenario no es producto exclusivo del gobierno de Kast. Es el resultado de una continuidad política que se extiende por décadas. Desde la transición pactada en adelante, los distintos gobiernos de la concertación y Boric han administrado un mismo modelo económico basado en la apertura externa, la privatización de sectores estratégicos y la subordinación a los mercados internacionales. En materia energética, esto se ha traducido en la consolidación de un sistema dependiente sin capacidad de transformación estructural.
Durante los gobiernos de la Concertación se consolidó una transformación estructural del sector energético y de combustibles que profundizó su carácter liberalizado y dependiente. En términos institucionales, esto se expresó en la consolidación de un sistema donde el precio interno se fija en base a mercados internacionales de referencia —principalmente la Costa del Golfo de Estados Unidos—, incorporando costos de importación como fletes, seguros y logística en la formación del precio local . Paralelamente, se fortaleció el rol de capitales privados en la distribución —como Copec del grupo Angelini y otros conglomerados—, mientras ENAP fue relegada a un rol mayorista, sin capacidad de regulación de precios. En este período también se institucionalizaron mecanismos de estabilización como el FEPP (1991) y posteriormente el MEPCO (2014), que no modifican la estructura del mercado, sino que ajustan el impuesto específico para amortiguar fluctuaciones externas . El resultado es una economía donde, pese a que ENAP puede abastecer gran parte del mercado mediante refinación, el país sigue dependiendo estructuralmente de combustibles importados y de precios internacionales. Bajo el gobierno de Gabriel Boric, este modelo no fue alterado. Frente a la crisis energética global posterior a la pandemia y a conflictos como la guerra de invasión de Rusia a Ucrania y luego en Medio Oriente, la respuesta se centró en reforzar el uso del MEPCO para contener alzas, mecanismo que implica un costo fiscal significativo —que puede alcanzar miles de millones de dólares en contextos de precios altos— sin modificar la dependencia estructural ni la formación del precio. De este modo, tanto en la etapa de la Concertación como en el gobierno de Boric, la política energética se limitó a administrar los efectos de la dependencia, sin avanzar en un control soberano de la energía ni en una transformación del modelo. Sin embargo, ahora Kast introduce un cambio en la forma de administrar la crisis: a diferencia de sus antecesores, que utilizaron mecanismos como el MEPCO para amortiguar parcialmente los impactos sociales, el actual gobierno tiende a reducir estos instrumentos y a trasladar de manera más directa los costos internacionales hacia la población. Se pasa así desde una política de contención a una política de ajuste más abierto.
Por un Programa de medidas de emergencia nacional de la clase trabajadora.
La actual alza de los combustibles revela con claridad el funcionamiento del modelo dependiente a escala global. Para países como Chile, la guerra y la crisis internacional operan como mecanismos de transmisión directa de sus efectos económicos, pero no es un fenómeno aislado. En América Latina, países altamente dependientes de la importación de energía como Perú o República Dominicana han experimentado alzas sostenidas en los combustibles que se han traducido en aumentos del transporte y protestas sociales. En Europa, incluso economías centrales como Alemania y Francia han debido enfrentar incrementos históricos en los precios de la energía tras conflictos internacionales, impactando la industria y el costo de vida. En países del norte de África y Asia, como Egipto o Pakistán, el encarecimiento del petróleo y del gas ha provocado crisis fiscales, inflación y estallidos sociales. En todos estos casos, el patrón se repite: los shocks energéticos derivados de conflictos geopolíticos se trasladan rápidamente a las economías nacionales, afectando de manera más directa a la población trabajadora. Chile se inserta plenamente en esta dinámica, donde la dependencia energética convierte cada crisis internacional en un nuevo golpe al costo de vida.
La actual alza de los combustibles muestra con total claridad cómo funciona el modelo dependiente: las guerras y crisis del capitalismo mundial se transforman inmediatamente en alzas del costo de vida para la población trabajadora. El aumento del petróleo en zonas estratégicas se traspasa casi automáticamente a Chile porque la economía está subordinada al mercado internacional, dominada por capitales transnacionales y sin control real sobre sus recursos estratégicos. El resultado es siempre el mismo: suben el transporte, los alimentos y las condiciones de vida, mientras el gran capital amortigua o traslada sus costos. Se impone así una lógica de que se socializan las pérdidas y se concentran las ganancias. Frente a esto, no basta la denuncia; se vuelve urgente un programa de emergencia de la clase trabajadora que enfrente la crisis y abra paso a una transformación real. Si el alza de los combustibles, la inflación y el deterioro del salario real son expresión de una crisis estructural, la respuesta no puede limitarse a medidas parciales ni a la administración del mismo modelo. Se requiere un programa de emergencia que parta de las necesidades inmediatas de la clase trabajadora y que, al mismo tiempo, abra una perspectiva de transformación de fondo.
Desde La Voz Obrera Chile, planteamos para enfrentar la alza de combustibles del gobierno de Kast preparar en todas las organizaciones de clase trabajadora un programa de emergencia de la clase trabajadora Entre otras medidas, proponemos, en primer lugar, se impone el aumento inmediato del sueldo mínimo a $1.000.000, junto con el reajuste automático de todos los salarios de acuerdo con la inflación, como mecanismo para impedir que el costo de la crisis sea descargado sobre los trabajadores mediante la pérdida de poder adquisitivo.
En segundo lugar, resulta indispensable el fin del impuesto a los combustibles en cuanto constituye un gravamen regresivo que encarece directamente el costo de vida y amplifica el impacto de la crisis energética sobre la población. Fin inmediato a la devolución fiscal del impuesto cuando el diésel a las Grandes Mineras.
En tercer lugar, el ajuste fiscal debe empezar por arriba y no por los trabajadores. Reducción inmediata de los sueldos del Presidente, ministros, parlamentarios, altos mandos de las Fuerzas Armadas y de Orden, Corte Suprema, Contralor y directores de empresas estatales. Ningún funcionario público debe ganar más que un obrero calificado. Basta de privilegios para la casta mientras la mayoría trabajadora vive con salarios de miseria.
En cuarto lugar, el derecho al retiro inmediato del 100% de los fondos de las AFP. Hoy estos recursos superan los US$170.000 millones, cerca de dos tercios del PIB, y han sido utilizados para financiar a los grandes grupos económicos mientras las pensiones siguen siendo de miseria. No es un sistema de seguridad social: es el saqueo del ahorro de los trabajadores. Esos fondos deben volver a quienes los generaron.
En quinto lugar, se establece la aplicación de un impuesto extraordinario a las cien mayores empresas del país para financiar una renta básica universal dirigida a cesantes y a quienes realizan labores de cuidado, reconociendo el carácter esencial de estas actividades para la reproducción social.
Finalmente, se plantea la implementación de un plan inmediato de obras públicas de construcción de vivienda obrera, que permita enfrentar el déficit habitacional, generar empleo y mejorar las condiciones de vida de amplios sectores de la población.
No es el precio, es el saqueo del país.
Estas medidas son solo un punto de partida. Su realización efectiva exige la intervención directa de la clase trabajadora y la disputa del control sobre los recursos estratégicos del país. Porque el alza de los combustibles no es un hecho aislado, sino la expresión de un modelo económico dependiente que, gobierno tras gobierno, traslada las crisis del capitalismo mundial al costo de vida de la mayoría.
El aumento del costo de la vida no es un fenómeno nacional, sino una expresión de las crisis del capitalismo mundial. Mientras la energía, la producción y los recursos sigan bajo control del capital, cada crisis se descargará sobre los trabajadores. Por eso, la salida no puede ser nacional: requiere una transformación de conjunto, basada en la acción internacional de la clase trabajadora. La experiencia es clara: ni los mecanismos de estabilización ni la administración “progresista” o abiertamente proempresarial del modelo han alterado esta realidad. El problema no es técnico, es político: quién manda en la economía y en función de qué intereses.
La clase trabajadora, por su lugar en la producción —en la minería, la energía, el transporte y los servicios— es la única fuerza capaz de reorganizar el país sobre nuevas bases. Por eso, la salida no pasa por reformas parciales, sino por un programa propio que enfrente directamente el poder de los grandes grupos económicos y del capital transnacional.
Esto implica avanzar en la nacionalización y expropiación de emergencia de las principales empresas estratégicas, bajo control obrero, para poner la producción, la energía y la riqueza del país al servicio de las necesidades sociales y no de la ganancia privada. Solo así es posible construir un verdadero plan económico nacional, romper con la dependencia y garantizar condiciones de vida para la mayoría.
La lucha contra el alza de los combustibles es, en el fondo, una lucha por el poder. Y esa disputa sólo puede resolverse con la irrupción independiente de la clase trabajadora, organizada para transformar de raíz el orden económico y social vigente.
24-03-2026
