Por La Voz Obrera
La nacionalización del cobre: una conquista histórica del movimiento obrero y popular.
El 11 de julio de 1971 el Congreso Pleno aprobó por unanimidad la reforma constitucional que nacionalizó la gran minería del cobre. Con ello, el Estado chileno recuperó el control de la principal riqueza del país, hasta entonces dominada por las grandes compañías norteamericanas Anaconda Copper, Kennecott Copper y Cerro Corporation. Aquella jornada quedó inscrita como uno de los mayores triunfos políticos y económicos alcanzados por el movimiento obrero y popular chileno durante el siglo XX.
La nacionalización no fue una concesión espontánea del parlamento o el gobierno. Fue la culminación de un largo proceso de luchas sociales y políticas impulsadas por generaciones de trabajadores, especialmente por los mineros del cobre, quienes durante décadas enfrentaron la explotación de las compañías extranjeras y denunciaron el saqueo sistemático de las riquezas nacionales, en el marco del ascenso de la lucha de clases en América latina en la década de los 60. Desde las primeras organizaciones obreras del norte salitrero hasta las grandes huelgas de los trabajadores del cobre, se fue forjando la convicción de que las principales riquezas del país debían dejar de servir a los intereses del capital imperialista.
El programa de la Unidad Popular que llego al gobierno en 1970, recogió esa histórica demanda nacional. La nacionalización del cobre representó un golpe directo al dominio económico de los Estados Unidos sobre Chile y constituyó una de las medidas antiimperialistas más profundas adoptadas en América Latina durante el siglo XX. No se trataba únicamente de modificar la propiedad jurídica de un conjunto de empresas, sino de afirmar el derecho del pueblo a disponer soberanamente de sus recursos estratégicos y utilizar esa riqueza para impulsar el desarrollo nacional y mejorar las condiciones de vida de la población trabajadora.
La respuesta del imperialismo fue inmediata. El gobierno de Richard Nixon, junto a las grandes compañías afectadas, desplegó una política de bloqueo financiero, aislamiento internacional, sabotaje económico y desestabilización política destinada a impedir que la experiencia chilena se consolidara. La nacionalización del cobre pasó así a transformarse en uno de los principales motivos de la ofensiva reaccionaria que culminaría con el golpe de Estado de 1973.
A cincuenta y cinco años de aquella conquista, la nacionalización del cobre sigue representando una bandera plenamente vigente. En un país cuya principal riqueza continúa siendo el cobre, recordar el 11 de julio de 1971 no significa un ejercicio de nostalgia, sino reivindicar una conquista arrancada por la movilización de la clase trabajadora y extraer las lecciones necesarias para las luchas del presente.
La nacionalización del cobre y los límites de la “vía pacífica al socialismo”.
La nacionalización del cobre abrió una enorme posibilidad histórica para avanzar hacia la transformación de la sociedad chilena. Sin embargo, la experiencia de la Unidad Popular también demostró que la recuperación de la propiedad estatal de las principales riquezas del país no era suficiente para derrotar el poder de la burguesía y del imperialismo.
El problema de fondo no radicaba únicamente en la resistencia de las grandes compañías norteamericanas o en la conspiración impulsada por el gobierno de Estados Unidos. También existía un límite estratégico en la orientación política de la Unidad Popular de Allende. Mientras se nacionalizaban sectores estratégicos de la economía, se mantenía intacto el aparato del Estado burgués, se buscaban acuerdos con sectores de la burguesía considerados “democráticos” y se depositaba la confianza en que la transición al socialismo podía desarrollarse respetando la institucionalidad heredada y el carácter supuestamente constitucionalista de las Fuerzas Armadas.
Esta estrategia no era improvisada. Formaba parte de una concepción desarrollada durante décadas por el Partido Comunista chileno, basada en la política de Frente Popular y en la idea de una revolución por etapas: primero una transformación democrático-nacional junto a sectores de la burguesía y, solo en un futuro indeterminado, el paso al socialismo. Bajo esa perspectiva, la tarea central no era construir un poder independiente de la clase trabajadora, sino impulsar reformas dentro del marco institucional existente.
Pero la lucha de clases avanzaba mucho más rápido que los planes del gobierno. Mientras la dirección de la Unidad Popular buscaba preservar la institucionalidad, miles de trabajadores comenzaron a desarrollar nuevas formas de organización desde las propias fábricas. Las tomas de empresas, la administración obrera de la producción, el abastecimiento directo a las poblaciones y, sobre todo, el surgimiento de los Cordones Industriales expresaban una tendencia que iba más allá de la simple nacionalización: la emergencia de organismos de poder construidos desde abajo por la propia clase trabajadora.
Sin embargo, esa experiencia tuvo un carácter embrionario sin que demostrara todas sus consecuencias. Por el contrario, la dirección de la Unidad Popular y especialmente el Partido Comunista rechazaron que los Cordones Industriales se transformaran en una alternativa de poder frente al viejo Estado. Su política consistió en subordinarlos al gobierno, contener su desarrollo y preservar las instituciones existentes. Mientras los trabajadores avanzaban hacia formas embrionarias de poder obrero, el gobierno incorporaba a los altos mandos militares al gabinete, devolvía empresas ocupadas por sus trabajadores y seguía confiando en el respeto a la legalidad vigente.
La tragedia de septiembre de 1973 confirmó dramáticamente esa contradicción. La burguesía y el imperialismo no aceptaron la pérdida de sus privilegios y recurrieron al golpe de Estado para recuperar el control del país. La principal lección histórica que deja aquella experiencia es que no basta con nacionalizar empresas estratégicas si el aparato del Estado, el alto mando militar y el poder económico continúan en manos de la clase dominante. Sin construir un poder propio de los trabajadores, apoyado en sus organismos democráticos y en su capacidad de controlar las conquistas alcanzadas, incluso las transformaciones más profundas quedan expuestas a la contrarrevolución.
Del cobre nacionalizado al dominio de las transnacionales: por qué la minería sigue siendo estratégica.
El golpe militar de 1973 no solo destruyó las organizaciones de la clase trabajadora. También abrió el camino para revertir progresivamente una de las principales conquistas del pueblo chileno: el control nacional sobre la gran minería del cobre. Aunque Codelco permaneció como empresa estatal, la dictadura y los gobiernos de la Concertación que la sucedieron impulsaron un modelo que permitió la expansión de las grandes compañías privadas y transnacionales sobre los principales yacimientos del país.
Hoy, más del setenta por ciento de la producción nacional de cobre se encuentra en manos de grandes corporaciones como BHP, Anglo American, Glencore, Rio Tinto, Freeport-McMoRan o de grupos económicos nacionales asociados al capital internacional, mientras Codelco participa con una fracción menor de la producción total. En consecuencia, la mayor parte de la riqueza generada por el trabajo de los mineros termina apropiada por el gran capital y no por el pueblo.
Sin embargo, esta realidad no disminuye la importancia estratégica de la minería; por el contrario, la vuelve aún más decisiva. Chile continúa siendo el primer productor mundial de cobre y concentra cerca de una cuarta parte de la producción global, además de poseer las mayores reservas conocidas del planeta. Esto significa que la economía mundial depende, en gran medida, del trabajo realizado diariamente por decenas de miles de trabajadores mineros chilenos.
La riqueza del cobre no proviene de la naturaleza por sí sola. Como explicó Marx, todo valor es creado por el trabajo humano. Son los trabajadores quienes extraen el mineral, lo procesan, lo transportan y generan la enorme masa de riqueza que luego es apropiada por las grandes empresas mediante la explotación del trabajo asalariado. La renta minera, las ventajas naturales de los yacimientos y los altos precios internacionales terminan transformándose en ganancias extraordinarias para un reducido grupo de monopolios nacionales y extranjeros, mientras la mayoría de la población continúa enfrentando bajos salarios, déficit habitacional, precarización laboral y falta de derechos sociales.
Al mismo tiempo, la propia organización del trabajo minero convierte a este sector en uno de los más importantes de la economía chilena. Cientos de miles de trabajadores, organizados en grandes complejos industriales altamente integrados, producen la principal fuente de exportaciones del país. Esa ubicación objetiva otorga al proletariado minero una enorme capacidad potencial para paralizar la producción, afectar directamente al capital nacional e internacional y convertirse en un punto de apoyo para el conjunto de la clase trabajadora. Pero no es solo ubicación objetiva. La historia de las huelgas mineras, desde la nacionalización del cobre hasta las luchas de los trabajadores contratistas, demuestra que cuando la minería se detiene, también se resiente la economía nacional.
Por ello, la lucha por el cobre nunca ha sido solamente una discusión sobre recursos naturales. Es, ante todo, una disputa entre clases sociales por quién controla la principal riqueza del país y en beneficio de quién se utiliza. Mientras la minería permanezca sometida a la lógica de la ganancia privada, el cobre seguirá enriqueciendo a las grandes corporaciones y destruyendo comunidades. En cambio, puesto bajo control de quienes producen esa riqueza, puede transformarse en la base material para resolver las grandes necesidades sociales del pueblo trabajador y abrir paso a una planificación democrática de la economía. Esto es, producir lo necesario y distribuir para todos. Sólo una economía planificada y controlada por los trabajadores y las comunidades, puede resguardar la vida, los recursos naturales y los ecosistemas.
Si existe Codelco, ¿por qué hablar de renacionalización?
La permanencia de Codelco como empresa estatal constituye una de las principales herencias de la nacionalización de 1971. Sin embargo, ello no significa que hoy funcione bajo una lógica distinta a la de las grandes compañías privadas. Durante las últimas décadas, Codelco ha sido reorganizada como una empresa orientada por criterios de rentabilidad, productividad y reducción de costos, compitiendo en el mercado mundial del cobre bajo parámetros propios del capitalismo contemporáneo.
Esta transformación ha tenido profundas consecuencias sobre sus trabajadores. Actualmente, alrededor del 80 % de quienes trabajan para Codelco corresponden a empresas contratistas, mientras que en el conjunto de la gran minería la subcontratación alcanza aproximadamente el 75 % de la fuerza laboral. Miles de trabajadores realizan funciones permanentes para la empresa principal, pero con menores salarios, mayor precariedad y menores posibilidades de organización colectiva.
La tragedia ocurrida en El Teniente en 2025, donde seis trabajadores contratistas perdieron la vida, volvió a demostrar que el problema no se limita a la propiedad de las empresas, sino también a la forma en que se organiza la producción y el trabajo. Una empresa puede ser estatal y, al mismo tiempo, reproducir relaciones capitalistas de explotación si mantiene la subcontratación, la tercerización y una administración orientada por la rentabilidad antes que por las necesidades sociales y la seguridad de sus trabajadores.
Renacionalizar el cobre, terminar con el subcontrato y poner la minería bajo control de los trabajadores
A cincuenta y cinco años de la nacionalización del cobre, la principal riqueza del país vuelve a encontrarse mayoritariamente bajo el control del gran capital privado y las empresas transnacionales. La contrarrevolución iniciada con el golpe militar de 1973 no solo destruyó las organizaciones obreras y populares, sino que abrió el camino para la desnacionalización progresiva de la minería. Durante las décadas siguientes, la dictadura primero y los gobiernos de la concertación profundizaron y consolidaron un modelo basado en concesiones mineras, privatizaciones y apertura irrestricta al capital extranjero, permitiendo que las mayores utilidades del cobre terminaran nuevamente fuera del país.
Pero la herencia del modelo neoliberal no se limita a la propiedad de los yacimientos. También transformó profundamente las relaciones laborales mediante la expansión del subcontrato. Como vimos, la expansión del subcontrato constituye una de las principales transformaciones introducidas por el modelo minero posterior a la dictadura con auge en todos los gobiernos de la llamada democracia. Esta fragmentación no responde a necesidades técnicas de la producción, sino a una estrategia empresarial destinada a reducir salarios, precarizar las condiciones laborales, dificultar la organización sindical y dividir la fuerza colectiva de la clase trabajadora.
La experiencia de Codelco demuestra que la sola propiedad estatal no garantiza condiciones favorables para los trabajadores. Mientras la empresa continúa siendo patrimonio del Estado, miles de trabajadores contratistas realizan las mismas funciones que los trabajadores de planta, pero con menores remuneraciones, menor estabilidad y mayores riesgos laborales. La tragedia ocurrida en El Teniente en 2025, donde perdieron la vida seis trabajadores contratistas, recordó dramáticamente que el subcontrato no es únicamente un mecanismo de flexibilización laboral, sino una expresión de un modelo que traslada los mayores costos humanos de la producción hacia los sectores más precarizados de la clase obrera.
Por ello, la renacionalización de la gran minería no puede reducirse a un cambio de propietario jurídico. Debe significar la recuperación de los grandes yacimientos para el país, la expropiación de las empresas transnacionales que durante décadas han extraído enormes ganancias de la riqueza nacional y, al mismo tiempo, el término definitivo del régimen de subcontratación. Los trabajadores de planta y los trabajadores contratistas constituyen una sola clase y producen colectivamente la riqueza minera; su unidad es una condición indispensable para reconstruir la fuerza histórica del movimiento obrero chileno.
Esta perspectiva exige avanzar hacia un tarifado nacional de la minería, igualdad de remuneraciones por igual trabajo, el fin de la tercerización y el fortalecimiento de organizaciones sindicales que agrupen al conjunto de las y los trabajadores de cada faena, sin distinciones entre empresas principales y contratistas. Solo una clase trabajadora unificada podrá disputar efectivamente el control de la principal industria del país.
Al mismo tiempo, la administración de la minería no debe quedar en manos de una burocracia estatal que reproduzca la lógica empresarial del capitalismo. La planificación de la producción, las inversiones, la seguridad laboral, la protección del medio ambiente y el destino de la renta minera deben ser controlados democráticamente por quienes producen esa riqueza, mediante organismos elegidos desde las propias faenas, con representantes revocables y plena participación de las comunidades afectadas por la actividad minera.
La nacionalización del cobre de 1971 continúa siendo una de las mayores conquistas del movimiento obrero y popular chileno. Su defensa forma parte del patrimonio histórico de quienes luchan contra el saqueo de nuestras riquezas. Pero la historia también dejó una enseñanza decisiva: no basta con recuperar la propiedad formal de los recursos estratégicos si el poder económico y político permanece en manos de la burguesía. La tarea que hoy tiene planteada la clase trabajadora consiste en culminar aquella conquista inconclusa: renacionalizar la gran minería del cobre, terminar con el subcontrato, establecer el control democrático de las y los trabajadores sobre la producción y poner la enorme riqueza minera al servicio de las necesidades sociales del pueblo. Solo así el cobre dejará de ser una fuente de ganancias para un puñado de monopolios y podrá convertirse, definitivamente, en la base material de una sociedad organizada en función de los intereses de la mayoría trabajadora.
10-07-2026
