¡POR LA RENACIONALIZACIÓN DEL COBRE BAJO CONTROL DE LAS Y LOS TRABAJADORES Y COMUNIDADES!
Por La Voz Obrera.
El anuncio realizado por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, planteando avanzar hacia la privatización de Codelco ha vuelto a instalar un debate estratégico para el país. La respuesta del gobierno de José Antonio Kast ha intentado presentarse como tranquilizadora, descartando una privatización total de la empresa. Sin embargo, al mismo tiempo ha dejado abierta la posibilidad de avanzar en la venta de activos considerados “no estratégicos”, ampliar las asociaciones con capitales privados y profundizar la participación empresarial en distintas áreas del negocio minero. Los anuncios ya han provocado el rechazo de organizaciones sindicales de Codelco, entre ellas la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), que ha advertido frente a la amenaza privatizadora y planteado que defenderá sus posiciones incluso mediante la movilización.
No se trata de una contradicción entre el gobierno y su partido. Se trata de debates sobre dos ritmos distintos para avanzar en una misma dirección. Mientras un sector de la derecha plantea acelerar la privatización abierta de Codelco, el gobierno propone profundizar un camino que comenzó hace décadas: fragmentar la empresa, abrir nuevos espacios al capital privado y administrar una privatización gradual sin modificar formalmente la propiedad estatal. Lo relevante, para la clase trabajadora, ambas variantes conducen al mismo resultado: una Codelco enmarcado a los intereses del gran capital.
“Sueldo de Chile”
La privatización de Codelco no constituye solamente un ataque contra sus trabajadores. Representaría un verdadero crimen económico contra el país. No por casualidad el cobre fue llamado durante décadas “el sueldo de Chile”: su riqueza constituye una fuente permanente de recursos que podría destinarse a mejorar las condiciones de vida de millones de trabajadores y trabajadoras. Privatizar Codelco significaría transformar ese patrimonio estratégico en un negocio para grandes grupos económicos nacionales y transnacionales.
Por eso resulta profundamente engañosa la propuesta del reaccionario Partido Nacional Libertario, que bajo la consigna de un supuesto “capitalismo popular” plantea privatizar Codelco para repartir un pago único entre la población. Pretenden cambiar una riqueza que pertenece a varias generaciones por un cheque que desaparecerá en pocos meses: es un poco de dinero para hoy y hambre para mañana. Una vez privatizado Codelco, sus utilidades pasarán año tras año a engrosar las ganancias de las transnacionales. Sobre el legítimo descontento con un Estado que mantiene los privilegios de parlamentarios, jueces de la Corte Suprema, altos mandos de las Fuerzas Armadas y millonarios negocios privados, la extrema derecha pretende ganar apoyo para entregar definitivamente la principal riqueza estratégica del país.
El camino de la privatización de Codelco comenzó hace décadas .
Frente a este debate, la clase trabajadora no puede dejarse engañar por discursos ni declaraciones. Para alcanzar un punto de vista independiente debe partir de los hechos. Y la primera pregunta es concreta: ¿qué queda de aquella Codelco estatal, a 55 años de la nacionalización del cobre? La respuesta exige mirar las últimas cinco décadas. La dictadura de Pinochet sentó las bases legales para la expansión del capital privado en la minería mediante la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras de 1982 y el Código de Minería de 1983, que establecieron amplios derechos para las concesiones privadas de explotación. Posteriormente, bajo los gobiernos de la Concertación, lejos de revertirse ese camino, se consolidó la expansión de las grandes inversiones mineras privadas y transnacionales. El resultado está a la vista: hoy gigantes privados controlan algunos de los mayores yacimientos del país. Escondida, controlada por capitales privados extranjeros, produjo cerca de 1,35 millones de toneladas de cobre en 2025, una cifra que prácticamente iguala por sí sola toda la producción de Codelco.
Pero Codelco tampoco permaneció igual. Los gobiernos de la Concertación, la Nueva Mayoría, Sebastián Piñera y Gabriel Boric consolidaron en su interior un modelo basado en la subcontratación masiva, la externalización de funciones estratégicas, las asociaciones con grandes capitales privados y una administración empresarial orientada por criterios de rentabilidad. El caso más evidente es el subcontrato: hoy, cerca del 80% de quienes trabajan para Codelco lo hacen bajo empresas contratistas, con menores derechos, sin estabilidad y fragmentación sindical. Detrás operan grandes conglomerados nacionales y transnacionales como la Züblin del grupo austríaco STRABAG, la española Acciona, junto a Salfa Montajes, Gardilcic, Mas Errázuriz y OSSA Pizzarotti. No es casualidad que las principales tragedias obreras hayan golpeado precisamente a trabajadores contratistas.
A esto se suman las asociaciones con el capital extranjero para explotar yacimientos estatales. Durante el gobierno de Eduardo Frei, en 1994, se constituyó El Abra, donde Codelco quedó con el 49% y el 51% mayoritario en manos del capital privado, participación que actualmente controla la transnacional estadounidense Freeport-McMoRan. Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, en 2012, Codelco selló una asociación con la japonesa Mitsui para participar en Anglo American Sur, mientras Anglo American mantuvo el control de la compañía. Y durante el gobierno de Gabriel Boric esta política dio un nuevo paso: en febrero de 2025, Codelco y la británica Anglo American acordaron el Plan Minero Conjunto para Andina y Los Bronces, cuyo acuerdo definitivo fue firmado en septiembre de ese año y contempla 21 años de explotación coordinada.
El subcontrato y las asociaciones con privados muestran que la privatización no comienza con la venta formal de Codelco: parte del proceso productivo y de la renta minera ya está en manos del gran capital. Kast no inaugura ese camino: pretende profundizarlo.Defender Codelco frente a la amenaza privatizadora es hoy una necesidad de toda la clase trabajadora. Pero debemos defenderla frente a la privatización en todas sus formas: la venta de activos, el subcontrato, las asociaciones con privados y la entrega de áreas estratégicas del negocio minero. Por eso, la pregunta es qué Codelco estamos defendiendo y qué transformaciones sufrió durante estas décadas.
Frente a la ofensiva del gobierno: preparar el paro nacional desde las bases
El anuncio de privatización de Codelco no constituye un hecho aislado. Forma parte de una ofensiva mucho más amplia del gobierno de José Antonio Kast y del gran empresariado contra las condiciones de vida de la clase trabajadora. Los recortes al gasto social, el deterioro de la salud y la educación públicas, la crisis de la vivienda y la apertura de nuevos espacios al capital privado expresan una misma orientación. Frente a estos ataques ya han comenzado a levantarse distintos sectores: el movimiento estudiantil se ha movilizado contra los recortes y las reformas educacionales del gobierno; las y los trabajadores de la salud han denunciado y enfrentado los recortes presupuestarios que golpean a los hospitales públicos; mientras las organizaciones de mujeres enfrentan nuevas amenazas contra los derechos sexuales y reproductivos. También los trabajadores mineros comienzan a expresar su rechazo frente a la amenaza de privatización del cobre. Sin embargo, estas luchas continúan desarrollándose de manera fragmentada. Esa dispersión constituye una de las principales fortalezas del gobierno y la clase patronal.
En este mismo contexto, a fines de julio Codelco anunció la paralización temporal del proyecto Andes Norte de El Teniente, argumentando razones de seguridad tras la tragedia del 31 de julio de 2025. Las y los trabajadores tienen sobradas razones para desconfiar: sólo después de la muerte de seis compañeros aparecieron los discursos sobre seguridad, mientras siguen sin transparentarse íntegramente los antecedentes técnicos que fundamentan una decisión que puede afectar el empleo y la economía de la Región de O’Higgins. Más aún cuando coincide con la ofensiva privatizadora del gobierno de Kast y la nueva conducción de Codelco. Es legítimo preguntarse si detrás de esta paralización no terminarán avanzando reestructuraciones, reducción de dotaciones, mayor subcontratación o nuevas formas de participación privada. La seguridad no puede quedar en manos de las mismas gerencias que durante años la subordinaron a la producción: sólo el control efectivo de las y los trabajadores puede impedir que la rentabilidad vuelva a imponerse sobre la vida.
La responsabilidad también recae sobre la politica de las principales direcciones sindicales, que durante años privilegiaron el “diálogo social”, las mesas con el gobierno y las patronales y el lobby parlamentario. Esa estrategia no impidió la expansión del subcontrato, las asociaciones con el capital transnacional ni la precarización laboral, y tampoco detendrá la ofensiva privatizadora. Por el contrario, ha contribuido a desmovilizar a la clase trabajadora y debilitar su principal fuerza: su organización independiente y su acción directa.
Frente a un gobierno que ha declarado una verdadera guerra contra la clase trabajadora, las movilizaciones aisladas ya no bastan. La magnitud del ataque exige una respuesta de la misma magnitud. Desde La Voz Obrera exigimos a la CUT, a las federaciones mineras, portuarias, del transporte, del sector público y al conjunto de las direcciones sindicales romper con la política del diálogo social y convocar un paro nacional efectivo de la producción, capaz de detener la minería, los puertos, el transporte, la industria, el comercio, la educación y los principales sectores estratégicos del país.
Pero ese paro no puede prepararse desde las oficinas de las direcciones sindicales ni limitarse a una convocatoria sin preparación. Llamamos a impulsar comités de base del paro nacional en cada lugar de trabajo, estudio y en las poblaciones, abiertos sin distinción de afiliación sindical o sectorial. Estos comités deben preparar el paro, coordinar las movilizaciones y unificar en una sola fuerza a trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, de planta y contratistas, junto a trabajadores de la salud, educación, puertos, transporte, industria y comercio, el movimiento estudiantil, de mujeres y las organizaciones de pobladores. Sólo una movilización de esa magnitud podrá derrotar la privatización de Codelco y frenar la ofensiva del gran capital.
La respuesta de la clase trabajadora: renacionalización de la gran minería.
La mejor forma de derrotar el discurso privatizador no es limitarse a defender la Codelco actual, sino levantar una alternativa propia de la clase trabajadora y el pueblo pobre: recuperar la riqueza del cobre y ponerla al servicio de las grandes mayorías. El debate de fondo es quién controla la principal riqueza del país y para qué se utiliza. Por eso planteamos completar la tarea inconclusa de la nacionalización del cobre mediante la renacionalización de la gran minería, recuperando los yacimientos hoy explotados por las grandes transnacionales, poniendo fin a las asociaciones estratégicas con privados y terminando con el régimen de subcontratación.
Pero tampoco basta con que el Estado vuelva a ser propietario de los yacimientos. La experiencia demuestra que una empresa administrada por directorios nombrados por los gobiernos de turno reproduce la lógica de productividad, reducción de costos y subordinación de la seguridad a las ganancias. Por eso levantamos una renacionalización del cobre bajo control democrático de las y los trabajadores y las comunidades: quienes producen la riqueza minera deben controlar la producción, las inversiones, las condiciones de trabajo, la seguridad y el destino de la renta minera, junto a las comunidades afectadas por la actividad extractiva.
La renacionalización no constituye un fin en sí mismo. Es el punto de partida para poner la principal riqueza del país al servicio de las grandes mayorías. Chile no es un país pobre: su riqueza ha sido apropiada durante décadas por grandes grupos económicos nacionales y extranjeros, mientras millones enfrentan hospitales colapsados, escuelas públicas deterioradas y una profunda crisis habitacional. La renta minera debe financiar un sistema nacional de salud pública gratuito y de calidad, reconstruir la educación pública, impulsar un gran plan nacional de viviendas populares, desarrollar la ciencia, la tecnología y la industrialización del país y garantizar pensiones que aseguren una vejez sin pobreza. La lucha por el cobre no pertenece únicamente a las y los trabajadores mineros. Pertenece a toda la clase trabajadora.
¡No a la privatización de Codelco!
¡No a la venta de activos estratégicos!
¡Fin al régimen de subcontratación!
¡El cobre para el pueblo trabajador, para garantizar salud, vivienda y educación de calidad!
10 de agosto del 2026.
