¡QUE EL 31 DE JULIO SEA UNA JORNADA DE PARALIZACIÓN Y PROTESTA DE LAS Y LOS TRABAJADORES DE EL TENIENTE POR VERDAD Y JUSTICIA!
Por La Voz Obrera.
El próximo 31 de julio se cumple un año de la mayor tragedia obrera ocurrida en la minería chilena desde el derrumbe de la mina San José en 2010. Ese día, un derrumbe de gran magnitud en el sector Andesita de la División El Teniente de Codelco provocó la muerte de seis trabajadores contratistas: Moisés Pavez Armijo, Gonzalo Núñez Caroca, Alex Araya Acevedo, Jean Miranda Ibaceta, Carlos Arancibia Valenzuela y Paulo Marín Tapia. Todos ellos prestaban servicios para empresas contratistas en la principal empresa estatal del país. Decenas de familias quedaron marcadas para siempre por una tragedia que conmovió a toda la clase trabajadora. Dos hijos de nuestros compañeros nacieron cuando sus padres ya habían perdido la vida bajo tierra. Desde estas páginas volvemos a expresar nuestra solidaridad con sus familias, compañeros y amigos. La memoria de nuestros compañeros no pertenece al directorio de Codelco ni a los gobiernos de turno. Pertenece a toda la clase trabajadora. Porque cada trabajador muerto en una faena minera representa una herida abierta para quienes viven de su trabajo.
Pero cuando se cumple el primer aniversario de la tragedia, la realidad es categórica. La justicia patronal garantiza la impunidad. No existe ningún responsable condenado por la muerte de nuestros compañeros. Las familias continúan esperando verdad y justicia. El régimen de subcontratación permanece intacto. Las listas negras contra dirigentes sindicales independientes continúan. La persecución antisindical continúa. Nada esencial ha cambiado.
Kast y la profundización del modelo minero.
El gobierno de José Antonio Kast ha iniciado su mandato declarando una verdadera guerra contra la clase trabajadora y el pueblo pobre. Sus primeras medidas —alza de los combustibles, recortes al gasto social y beneficios tributarios para el gran empresariado— dejan en claro que pretende descargar el costo de la crisis sobre las y los trabajadores mientras protege las ganancias de los más ricos. En la minería, esa misma orientación se expresa en presentar como principal problema de Codelco la supuesta “baja productividad” de la empresa. Con ello, el nuevo gobierno desplaza deliberadamente el debate desde la seguridad y la vida de quienes producen la riqueza del cobre hacia las metas de producción, la rentabilidad y la competitividad empresarial. La designación Bernardo Fontaine, economista del gran empresariado, como nuevo presidente del directorio de Codelco confirma esa orientación. No se trata simplemente de un cambio de nombres, sino de la voluntad de profundizar un modelo basado en la reducción de costos laborales y la expansión del subcontrato. Esta política no surge de la nada. Es la continuidad del camino recorrido por todos los gobiernos de la llamada “democracia”, desde la Concertación hasta Gabriel Boric, que preservaron el régimen de subcontratación, mantuvieron la administración empresarial de Codelco y garantizaron las condiciones para que las grandes empresas siguieran obteniendo enormes ganancias a costa del trabajo y la vida de miles de trabajadores. Kast no rompe con ese modelo: pretende llevarlo aún más lejos.
Las y los trabajadores conocemos demasiado bien el verdadero significado de ese discurso sobre la “productividad”. En la historia cada vez que los patrones hablan de aumentar la eficiencia, reducir costos o elevar la competitividad, lo que termina aumentando son los ritmos de trabajo, la presión sobre las faenas, la flexibilización laboral y la precarización de quienes producen la riqueza del cobre. Mientras las ganancias permanecen en manos de grandes empresas contratistas y grupos económicos, los riesgos recaen sobre quienes diariamente ingresan a las galerías subterráneas.
La hipocresía de las gerencias.
En este contexto, la gerencia de Codelco pretende convertir el próximo 31 de julio en una jornada institucional de “recogimiento” al interior de la empresa. Al inicio de cada turno se realizarian actos conmemorativos para recordar a los seis trabajadores fallecidos, mientras la administración presenta el denominado “Plan de Retorno Seguro” y las Mesas Técnicas de Seguridad como prueba de que habría aprendido las lecciones de la tragedia. ¡Qué hipocresía! Ninguna ceremonia ni protocolo puede reemplazar la verdad y la justicia que siguen esperando las familias de nuestros compañeros, menos aún cuando las causas estructurales que hicieron posible el derrumbe permanecen intactas. Mientras las familias de los seis trabajadores fallecidos siguen esperando justicia, los altos ejecutivos involucrados abandonaron la empresa con millonarios finiquitos y algunos incluso acudieron a los tribunales para exigir indemnizaciones aún mayores. Así funciona este modelo: para la alta gerencia hay compensaciones millonarias; para las familias obreras, largos procesos de investigación y la impunidad de los responsables.Como en tragedias anteriores, reaparecieron abogados cercanos a Codelco, promoviendo salidas basadas en acuerdos más que en el esclarecimiento de las responsabilidades.
Durante los días posteriores al derrumbe, la empresa y buena parte de la prensa intentaron presentar los hechos como la consecuencia inevitable de un fenómeno geomecánico excepcional. Un año después, las propias investigaciones han desmentido esa versión. Sernageomin concluyó que la tragedia estuvo vinculada a las condiciones operacionales de la mina y no únicamente a un “estallido de roca”. Paralelamente, surgieron antecedentes sobre presuntas inconsistencias y ocultamiento de información técnica entregada a la autoridad, hechos que dieron origen a investigaciones administrativas, despidos de altos ejecutivos y actuaciones judiciales que aún continúan.
La propia Codelco reconoce que los sectores Recursos Norte y Andesita permanecen fuera de operación y que las consecuencias del accidente seguirán afectando la producción de El Teniente durante varios años. Si el derrumbe obligó a modificar la planificación de la principal mina subterránea de cobre del mundo, resulta insostenible sostener que se trató de una simple fatalidad. La tragedia de El Teniente fue la consecuencia de un modelo minero que subordina la seguridad y la vida de las y los trabajadores a las exigencias de la producción y la rentabilidad. Un año después, cuando sus causas estructurales permanecen intactas, corresponde también hacer un balance del papel desempeñado por las direcciones sindicales y de la respuesta que necesita levantar el movimiento obrero.
Las lecciones de El Teniente. ¿Qué hicieron las direcciones sindicales durante este año?
Si las investigaciones desarrolladas durante este año demuestran que la tragedia no fue una simple fatalidad, también corresponde preguntarse cuál fue la respuesta de las organizaciones que dicen representar a las y los trabajadores. A un año de la muerte de nuestros compañeros, el balance es inevitable.
Mientras miles de trabajadores esperaban una respuesta basada en la movilización, la paralización de las faenas y la exigencia de responsabilidades políticas, las principales direcciones sindicales de la minería optaron por un camino completamente distinto. En lugar de organizar un plan de lucha para exigir verdad, justicia y transformaciones profundas en las condiciones de trabajo, aceptaron incorporarse a las instancias convocadas por la propia administración de Codelco. En nombre del denominado “diálogo social” participaron en las Mesas Técnicas de Seguridad y respaldaron el llamado Plan de Retorno Seguro, presentado por la empresa como la principal respuesta institucional a la tragedia.
No se trata simplemente de participar en una reunión más. Al integrarse a estas instancias, las burocracias sindicales terminaron legitimando una política empresarial destinada a restaurar la normalidad productiva y transmitir la idea de que las lecciones del accidente ya habrían sido aprendidas. No es casualidad. Durante años se ha consolidado en numerosas empresas contratistas una verdadera burocracia sindical, cuyos dirigentes han convertido la negociación colectiva en un negocio administrado junto a las gerencias, suscribiendo convenios colectivos negociados a espaldas de las bases y sin consulta efectiva a los trabajadores. Por su parte, en los sindicatos de planta, salvo honrosas excepciones, ha predominado una política de colaboración con la administración de Codelco, renunciando a construir la unidad con los trabajadores contratistas y asumiendo muchas veces como propios los intereses de la empresa antes que la defensa consecuente de los intereses comunes de toda la clase trabajadora. Mientras la empresa organiza ceremonias, mesas técnicas y protocolos de seguridad, el verdadero debate —el régimen de subcontratación, la organización de la producción y las responsabilidades empresariales— queda deliberadamente desplazado a un segundo plano.
Pero los hechos son categóricos. Un año después, el régimen de subcontratación permanece intacto. No existe ningún responsable condenado por la muerte de nuestros compañeros. Las investigaciones continúan abiertas. Sernageomin concluyó que la tragedia estuvo vinculada a las condiciones operacionales de la mina. Los sectores donde ocurrió el derrumbe permanecen cerrados y la propia Codelco reconoce que sus efectos continuarán afectando la producción durante varios años. Es decir, mientras la empresa habla de “retorno seguro”, las causas estructurales de la tragedia siguen presentes.
La tragedia de El Teniente del 31 del julio del 2025 no fue acción del azar. Es la expresión de un modelo de explotación construido durante décadas por los distintos gobiernos y administraciones de Codelco. Bajo la dictadura se impuso la lógica de la externalización y la flexibilización laboral; los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría consolidaron ese camino; Sebastián Piñera lo profundizó; y el gobierno de Gabriel Boric mantuvo intacto el régimen de subcontratación heredado. Lejos de retroceder, este modelo convirtió la subcontratación en la forma dominante de organización del trabajo: hoy, cerca del 80% del empleo en Codelco corresponde a trabajadores subcontratados, según ha advertido la Fundación SOL. Hoy, el gobierno de José Antonio Kast anuncia una nueva etapa bajo el discurso de recuperar la “productividad” de Codelco.
¿Qué tarea tiene hoy la clase trabajadora?
La historia del movimiento obrero demuestra que ninguna conquista importante fue resultado de la buena voluntad de los gobiernos o de las empresas. Cada derecho conquistado en materia de seguridad, jornada, salarios y organización sindical fue arrancado mediante la lucha. Los trabajadores contratistas de Codelco ya demostraron esa fuerza durante las grandes movilizaciones de 2006 y 2007. Miles de trabajadores paralizaron simultáneamente las divisiones de la estatal, poniendo en cuestión el régimen del subcontrato y conquistando importantes avances mediante la acción directa. Esa tradición volvió a expresarse años más tarde con la lucha de los contratistas que tuvo entre sus mártires al dirigente Nelson Quichillao, asesinado por Carabineros en 2015. Esa es la experiencia que hoy debemos recuperar.
Por ello, el próximo 31 de julio no puede transformarse en una ceremonia organizada por Codelco para administrar el recuerdo de nuestros compañeros mientras la producción continúa normalmente. Tampoco puede reducirse a actos protocolares donde participen quienes durante este año han contribuido a legitimar el denominado “Plan de Retorno Seguro”. Desde La Voz Obrera llamamos a los trabajadores contratistas y de planta de la División El Teniente, a los sindicatos combativos y a todas las organizaciones clasistas, a preparar desde ahora una jornada de paralización y protesta el próximo 31 de julio. Que en cada nivel, en cada contrato y en cada sindicato se convoquen asambleas para discutir esta propuesta y organizar un homenaje obrero independiente de la empresa. El mejor homenaje a Moisés Pavez, Gonzalo Núñez, Alex Araya, Jean Miranda, Carlos Arancibia y Paulo Marín no es guardar un minuto de silencio mientras las máquinas continúan funcionando. El verdadero homenaje consiste en detener la producción para demostrar la fuerza obrera al exigir verdad y justicia, denunciar el régimen del subcontrato y defender el derecho de todas y todos los trabajadores a regresar vivos a sus hogares.
30 de julio del 2026.
