Por Pablo Valenzuela. Minero subcontratado y dirigente sindical.
La minería, y en particular la del cobre, constituye el corazón de la economía chilena. De ella dependen los ingresos fiscales, el presupuesto del Estado y la posición del país en el mercado mundial. Sin embargo, tras esta aparente prosperidad se oculta una contradicción estructural: los trabajadores que producen la riqueza viven en condiciones de precariedad, mientras las grandes transnacionales y grupos económicos nacionales se apropian de los beneficios con la complicidad de los gobiernos, los partidos políticos del régimen y la burocracia sindical.
A diferencia de las organizaciones reformistas, nosotros confiamos plenamente en la fuerza independiente de la clase obrera. Porque ha sido la historia la que nos ha demostrado que hemos sido los trabajadores y principalmente de sectores estratégicos como la minería, el motor de las grandes transformaciones sociales.
Precisamente esta historia minera nos demuestra que no es cierto que en este país falte fuerza social o capacidad material para una transformación revolucionaria. Por el contrario, ha sido las estrategias basadas en la conquista parlamentaria, en los pactos con la burguesía o en los cambios graduales dentro del capitalismo las que han demostrado ser verdaderas utopías. Los revolucionarios sostenemos que la estrategia basada en la fuerza independiente de la clase trabajadora no solo es posible, sino necesaria. La clase obrera minera con su peso social y su papel en la economía representa una fuerza real para cambiar el país desde sus cimientos.
Aun asi, el salario del minero apenas cubre el valor de su fuerza de trabajo, la diferencia entre lo que produce y lo que recibe es plusvalía, de la que se apropia el capitalista. Así, el cobre chileno circula por el mundo disfrazado de “precio internacional”, mientras encierra trabajo explotado.
Chile, primer productor mundial de cobre, genera cerca de una cuarta parte de la producción global. Este peso estratégico otorga al proletariado minero una capacidad de impacto directo sobre la economía mundial. Cada paralización o huelga en las faenas mineras repercute en los mercados internacionales y en el propio Estado chileno. Sin embargo, esa fuerza social se encuentra fragmentada por un modelo laboral que ha hecho de la subcontratación su pilar estructural.
El país exporta concentrados de cobre sin refinación, lo que implica una pérdida promedio de más de 9.000 dólares por tonelada debido a la presencia de otros minerales de alto valor, como las tierras raras, esenciales para la industria tecnológica y médica. Este proceso de exportación sin valor agregado constituye un verdadero saqueo de los recursos naturales, consolidando la dependencia industrial y tecnológica de Chile frente a las potencias extranjeras.
A pesar de su liderazgo en la extracción, el 75 % de la producción nacional está en manos de empresas privadas o transnacionales como BHP y Anglo American, mientras solo el 25 % pertenece a Codelco, la empresa estatal que opera bajo criterios empresariales similares a los del sector privado. Mientras Chile exporta materia prima, países como China concentran la producción refinada y capturan el valor agregado. Esta estructura confirma la subordinación del país a la división internacional del trabajo y la incapacidad del modelo neoliberal para transformar la riqueza minera en bienestar social.
La contradicción es evidente: mientras el cobre genera miles de millones de dólares en utilidades privadas, más de medio millón de familias chilenas carecen de vivienda adecuada. La renta minera, en lugar de financiar derechos sociales, sostiene la acumulación de capital en manos de unos pocos. Una nacionalización de la gran minería bajo control de los trabajadores permitiría convertir esa riqueza en un fondo soberano destinado a vivienda, salud, educación e infraestructura pública. El problema no es técnico ni financiero, sino político y de clase.
El régimen de subcontratación, instaurado durante la dictadura y consolidado por los gobiernos posteriores, es el núcleo del modelo neoliberal chileno. Su objetivo ha sido reducir costos, dividir sindicatos y debilitar la unidad obrera. Hoy, cerca del 80 % de los trabajadores de Codelco y de la minería nacional son contratistas, desempeñando labores permanentes bajo condiciones de precariedad, inestabilidad y riesgo. La Ley 20.123 de 2006 legalizó esta situación al reconocer la “responsabilidad solidaria” sin eliminar la tercerización.
La tragedia del 31 de julio de 2025 en la mina El Teniente, donde seis trabajadores contratistas perdieron la vida en un derrumbe, reveló las consecuencias mortales de este sistema. A casi un año del hecho, ni Codelco ni el gobierno han asumido responsabilidades. Andrés Music, Rubén Alvarado y Máximo Pacheco, principales artífices de la tragedia, salieron de la compañía estatal con sus bolsillos rebosantes de dinero del cobre manchado con sangre obrera.
Mientras las víctimas, todas subcontratadas, simbolizan el costo humano de un modelo que privilegia la rentabilidad sobre la vida. Organizaciones como el Sindicato Nacional Interempresa de Trabajadores de la Minería SIM y el periódico y organización de trabajadores La Voz del Minero han denunciado el silencio cómplice de las autoridades y la burocracia sindical, exigiendo verdad y justicia y el fin del subcontrato.
El lamentable hecho ocurrido en El teniente no fue simplemente un accidente, sino que el resultado lógico de un sistema basado en la ganancia y la precarización. La respuesta debe ser política y para eso planteamos levantar una coordinadora nacional de trabajadores de planta y contratistas, con delegados revocables elegidos en asamblea, para conquistar un pliego nacional de seguridad y condiciones de trabajo.
En este contexto, resurge el debate sobre el “Acuerdo Marco”, conquista histórica que obtuvimos las y los trabajadores contratistas de Codelco en 2007. Aquella lucha, basada en asambleas, coordinación y movilización, unificó a miles de obreros dispersos en cientos de empresas distintas. Fue una superación práctica de los límites del Código del Trabajo impuesto por la dictadura, diseñado para fragmentar la negociación colectiva y debilitar la organización sindical. Sin embargo, la fragmentación actual y la competencia entre organizaciones han debilitado esa fuerza. Retomar el espíritu del Acuerdo Marco implica reconstruir la unidad desde las bases, mediante asambleas democráticas y coordinación nacional de trabajadores de planta y contratistas.
La experiencia demuestra que las conquistas reales no se obtienen en mesas técnicas ni en negociaciones institucionales, sino en la lucha directa y organizada. La unidad obrera es la condición indispensable para enfrentar a las empresas y al Estado. La tarea actual es reconstruir esa fuerza social, superando la burocracia sindical y las divisiones impuestas por el capital.
Contrario a lo anterior, la fragmentación que se expresa con organizaciones negociando por separado, compitiendo entre sí o priorizando espacios de figuración sindical, termina favoreciendo a las empresas contratistas y a Codelco. Cuando cada organización pelea aislada por su lado, la fuerza de los trabajadores se dispersa y las empresas conservan la iniciativa.
El objetivo no puede ser la figuración de determinadas dirigencias ni la obtención de beneficios particulares para ciertas organizaciones sindicales, sino que conquistar nuevas y mejores condiciones de vida para el conjunto de las y los trabajadores subcontratados de la gran minería.
Esa fue la principal lección de las luchas del 2007 y sigue siendo tarea pendiente para el presente.
Por otro lado, debemos tener muy claro que el desafío de la clase trabajadora minera no se limita a la defensa de derechos laborales. Su papel estratégico en la economía nacional le otorga una responsabilidad política de primer orden. La fuerza que mueve la producción puede también mover la historia. Transformar esa potencia obrera inmersa en la principal economía del país en poder político requiere independencia de clase, organización democrática desde abajo y una dirección revolucionaria capaz de unificar las luchas sociales en una estrategia común.
El programa de la clase obrera debe partir de las necesidades inmediatas —fin del subcontrato, salarios dignos, vivienda, salud y educación, negociación por rama de la producción con un tarifado nacional de la minería que vaya justamente en la perspectiva de acabar con la subcontratación—, pero proyectarse hacia su solución definitiva: la renacionalización de la gran minería sin indemnización y bajo control de los trabajadores, la planificación democrática de la economía y la construcción de un gobierno obrero y popular.
El cobre, fruto del trabajo minero, no debe seguir siendo mercancía al servicio del capital extranjero. Su control por parte de los trabajadores representa la posibilidad de transformar la riqueza nacional en bienestar colectivo. “La emancipación de la clase trabajadora será obra de la clase trabajadora misma”. Los mineros del cobre ocupan el lugar más estratégico de la economía chilena. Cada huelga o paralización demuestra su capacidad de impactar el conjunto del sistema. Asumir ese poder no solo implica luchar por mejores condiciones laborales, sino también por una nueva sociedad basada en la justicia social y la soberanía popular.
La historia del movimiento obrero chileno demuestra que cuando los mineros se levantan, todo el país se pone en alerta y los poderosos y sus gobiernos tiemblan. Hoy, frente al saqueo de los recursos, la precarización y la desigualdad, la clase trabajadora minera está llamada a convertirse en la vanguardia política de una transformación profunda. Solo una revolución socialista, dirigida por los propios trabajadores, podrá poner fin al dominio del capital y devolver al pueblo el fruto de su trabajo.
Te invitamos a conocernos y a organizarte junto a nosotros. Levantemos un partido revolucionario para la clase obrera. “No tenemos nada que perder, excepto las cadenas”.
26-06-2026
