Folleto N.º 2 – La Voz Obrera. Septiembre 2026.

Introducción

La experiencia de la Unidad Popular constituye uno de los procesos políticos más trascendentes de la historia contemporánea de Chile y América Latina. Durante mil días, millones de trabajadores, pobladores, estudiantes y campesinos protagonizaron un intento de transformación social que conquistó importantes avances económicos y democráticos. La nacionalización del cobre, la ampliación del Área de Propiedad Social, la reforma agraria y la irrupción de nuevas formas de organización obrera y popular marcaron profundamente la historia del movimiento obrero chileno.

Más de cinco décadas después, el debate sobre la revolución chilena continúa concentrándose muchas veces en cuestiones parciales: la política económica, la nacionalización del cobre, el papel del imperialismo norteamericano, la intervención de las Fuerzas Armadas o las responsabilidades del golpe de Estado. Todos estos aspectos poseen enorme importancia histórica. Sin embargo, existe una cuestión que atraviesa el conjunto del proceso: el problema del poder.

Este folleto parte de una pregunta sencilla, pero decisiva: ¿cómo puede la clase trabajadora conquistar y ejercer el poder político durante un proceso revolucionario? ¿Basta con nacionalizar las principales empresas? ¿Es suficiente ampliar la participación de los trabajadores en la producción? ¿O toda revolución plantea inevitablemente la necesidad de construir un nuevo poder político basado en la organización independiente de la clase trabajadora?

Responder estas preguntas exige confrontar dos estrategias históricas. La primera, basada en distintas formas de colaboración de clases, busca ampliar la participación de los trabajadores dentro de las instituciones existentes, preservando el Estado burgués y su democracia. Esta perspectiva continúa presente bajo formulaciones contemporáneas como la democracia industrial, la codeterminación, el diálogo social o el social partnership, que institucionalizan la negociación entre capital y trabajo sin plantear la sustitución del poder político de la burguesía.

La segunda, desarrollada por el marxismo revolucionario, sostiene que la emancipación de la clase trabajadora exige la destrucción del Estado burgués y la construcción de un nuevo poder político basado en sus propios organismos democráticos. Desde esta perspectiva, el control obrero constituye una forma transitoria de poder dual, ligada a una estrategia de conquista del poder por la clase trabajadora.

Esta tradición continúa presente en las organizaciones del marxismo revolucionario que buscan arraigarse en los sectores estratégicos de la clase trabajadora y reconstruir una dirección política independiente, armada con un programa para la conquista del poder. La construcción de La Voz Obrera en sectores estratégicos de la clase obrera chilena se inscribe conscientemente en esa tradición.

Estudiar la derrota para preparar las futuras revoluciones

Estudiar críticamente la revolución chilena de 1970-1973 no significa buscar retrospectivamente una fórmula que hubiera garantizado mecánicamente su victoria. Tampoco constituye un ejercicio académico destinado únicamente a establecer responsabilidades sobre una derrota ocurrida hace más de medio siglo. El marxismo se construyó extrayendo conclusiones estratégicas de las victorias y, especialmente, de las derrotas de la lucha de clases.

Marx y Engels estudiaron las revoluciones europeas de 1848 y la Comuna de París para desarrollar su concepción del Estado y de la dictadura del proletariado. Lenin y los bolcheviques hicieron de aquellas experiencias parte del arsenal estratégico con que prepararon la Revolución de Octubre. El estudio crítico de las derrotas no significaba contemplar el pasado, sino extraer lecciones para intervenir sobre el futuro.

Ese mismo método debe aplicarse a la revolución chilena. Su principal lección no consiste únicamente en afirmar que la Unidad Popular fue reformista, que faltó independencia de clase o que era necesaria una política más radical. La conclusión es más profunda: las crisis revolucionarias plantean inevitablemente el problema de qué clase ejerce el poder y qué Estado expresa ese dominio. Resolverlo en favor de los trabajadores exige construir antes de la crisis aquello que no puede improvisarse cuando ésta ya se encuentra abierta.

Las revoluciones no pertenecen únicamente al pasado. El capitalismo continúa generando crisis económicas, sociales y políticas que vuelven a colocar a las masas en el centro de la historia. La Revolución Rusa de 1917, la Revolución Boliviana de 1952, la revolución chilena de 1970-1973 y o la revolución iniciada en Chile el 18 de octubre de 2019 muestran que la cuestión del poder reaparece bajo nuevas formas.

Por ello, este folleto no aspira simplemente a comprender la revolución chilena, sino a contribuir a que una nueva generación de trabajadores pueda armarse políticamente con las lecciones de las revoluciones del pasado. Como señalaba Lenin: *“La experiencia de todas las revoluciones nos enseña que la cuestión fundamental de toda revolución es la cuestión del poder del Estado”.¹

Notas

1. V. I. Lenin, Una de las cuestiones fundamentales de la revolución, septiembre de 1917. Allí Lenin formula que “la cuestión fundamental de toda revolución es, indudablemente, la cuestión del poder del Estado”.

2. Karl Marx y Friedrich Engels, Manifiesto del Partido Comunista, prefacio a la edición alemana de 1872; y Karl Marx, La guerra civil en Francia, 1871. Ambas obras recogen las conclusiones extraídas de la experiencia de la Comuna de París acerca de la imposibilidad de que la clase trabajadora se limite a utilizar la máquina estatal existente para sus propios fines.

3. V. I. Lenin, El Estado y la revolución, 1917, especialmente los capítulos I y III, donde sistematiza las conclusiones de Marx y Engels sobre el Estado, la Comuna de París y la necesidad de sustituir el aparato estatal burgués por un nuevo poder de la clase trabajadora.

4. León Trotsky, Historia de la Revolución Rusa, Prólogo, 1930; y La agonía del capitalismo y las tareas de la IV Internacional (Programa de Transición), 1938.

Capítulo I.

Los orígenes de Unidad Popular en la estrategia del Frente Popular

“La clase obrera no puede simplemente tomar posesión de la máquina estatal existente y ponerla en marcha para sus propios fines.”

Karl Marx y Friedrich Engels, Prólogo a la edición alemana del Manifiesto del Partido Comunista (1872).

¿Qué estrategia proponía la Unidad Popular para que la clase trabajadora conquistara el poder político?. Responder esta pregunta exige retroceder varias décadas. La estrategia de la Unidad Popular no nació en 1970. Fue la continuidad histórica de una orientación política elaborada por el Partido Comunista de Chile desde mediados de los años treinta, basada en la política de Frentes Populares, la colaboración con sectores de la burguesía considerados democráticos y la perspectiva de una transición institucional al socialismo.

La discusión sobre la colaboración entre clases sociales es tan antigua como el propio movimiento obrero moderno. La Primera Guerra Mundial abrió una profunda división dentro de la Segunda Internacional cuando la mayoría de los partidos socialdemócratas abandonó el internacionalismo proletario y apoyó a sus respectivas burguesías nacionales en la guerra imperialista.

Lenin caracterizó ese giro en términos inequívocos: “El contenido político del oportunismo y del social-chauvinismo es el mismo: la colaboración de las clases, la renuncia a la dictadura del proletariado, la renuncia a las acciones revolucionarias, el reconocimiento sin reservas de la legalidad burguesa, la falta de confianza en el proletariado y la confianza en la burguesía.”¹

La Revolución Rusa de Octubre de 1917 pareció resolver esa discusión en favor de la estrategia revolucionaria. Los cuatro primeros congresos de la Internacional Comunista afirmaron como objetivo la conquista del poder por el proletariado y la destrucción del Estado burgués. El Partido Comunista de Chile, heredero del Partido Obrero Socialista fundado por Luis Emilio Recabarren, ingresó a la Tercera Internacional aceptando sus veintiuna condiciones y reivindicando la dictadura del proletariado como perspectiva estratégica.²

Sin embargo, la derrota de la revolución alemana, el aislamiento de la Unión Soviética y el ascenso de la burocracia encabezada por Stalin modificaron profundamente la orientación de la Internacional Comunista. En su VII Congreso, celebrado en 1935, se abandonó la estrategia centrada en la independencia política de la clase obrera y se adoptó la política de los Frentes Populares, es decir, la alianza con partidos burgueses considerados democráticos para enfrentar el avance del fascismo.

A partir de entonces, la política de Frente Popular se transformó en la orientación oficial de la Internacional Comunista y de sus partidos. Francia y España fueron sus principales expresiones europeas. En Francia, el Partido Comunista integró junto a socialistas y radicales el Frente Popular que triunfó electoralmente en 1936; en España, el Partido Comunista impulsó el Frente Popular junto a organizaciones obreras y partidos republicanos burgueses, también vencedor en las elecciones de febrero de 1936. De este modo, la alianza política del movimiento obrero con sectores de la burguesía considerada democrática dejó de constituir una experiencia excepcional y pasó a formar parte de la estrategia internacional promovida por la dirección estalinista de la Internacional Comunista.

Esta nueva orientación transformó profundamente la estrategia de los partidos comunistas en todo el mundo. En Chile, significó el paso desde la política de independencia de clase hacia la colaboración permanente con sectores de la burguesía liberal y radical.

Los Frentes Populares en Chile

La política de Frentes Populares tuvo su primera expresión gubernamental en Chile con la elección del radical Pedro Aguirre Cerda en 1938. A partir de entonces se consolidó una orientación que recorrería buena parte de la izquierda chilena durante las décadas siguientes: la búsqueda de amplias alianzas políticas con sectores de la burguesía considerados progresistas para impulsar una primera etapa democrática y antiimperialista, postergando para un futuro indefinido la construcción del socialismo.

Esta continuidad política puede observarse en la sucesión de coaliciones encabezadas por el Partido Comunista: el Frente Popular de 1938, el Frente del Pueblo de 1952, el Frente de Acción Popular (FRAP) desde 1956 y, finalmente, la Unidad Popular en 1969. Aunque cambiaron los nombres y los actores políticos, la estrategia general permaneció inalterada: conquistar el gobierno mediante amplias alianzas sociales y desarrollar una transición institucional hacia profundas reformas estructurales.

Esta orientación quedó expresada con claridad por el secretario general del Partido Comunista, Galo González, quien en 1953 afirmaba:

“El gobierno democrático de liberación nacional es un gobierno de amplia coalición para impulsar y llevar a cabo las tareas de la revolución democrático-burguesa. Su objetivo no es terminar con el capitalismo y construir el socialismo, sino terminar con la dominación imperialista y feudal, único camino que permite acercarse al socialismo.“³

La revolución socialista dejaba de ser la tarea inmediata del movimiento obrero. El objetivo pasaba a ser una primera etapa democrática y nacional desarrollada en alianza con sectores de la burguesía.

Esta orientación fue consolidándose durante las décadas siguientes mediante sucesivas experiencias de unidad electoral de la izquierda. En 1956 se constituyó el Frente de Acción Popular (FRAP), integrado principalmente por el Partido Socialista y el Partido Comunista, junto a otras organizaciones de izquierda, con el propósito de construir una alternativa política de masas frente a los bloques tradicionales. El FRAP constituyó una reformulación de la política de alianzas de la izquierda chilena. Aunque prescindió de la incorporación orgánica de partidos burgueses, no significó una ruptura con la estrategia gradual e institucional que se había desarrollado desde la experiencia de los Frentes Populares, sino su adaptación a las nuevas condiciones políticas del período.

Salvador Allende fue el candidato presidencial del FRAP en 1958, 1964 y 1970. En la elección de 1958 obtuvo el segundo lugar con cerca del 29% de los votos, siendo derrotado por un estrecho margen por Jorge Alessandri. En 1964, en el contexto de la Guerra Fría y bajo una intensa intervención política y financiera de Estados Unidos en apoyo a Eduardo Frei Montalva, Allende volvió a ser derrotado. Estas experiencias permitieron consolidar una amplia base política y social en torno al programa de transformaciones de la izquierda, preparando las condiciones para el triunfo electoral de 1970, ya no bajo el FRAP, sino mediante una nueva coalición: la Unidad Popular.

Si bien la Unidad Popular incorporó nuevos partidos y presentó un programa más avanzado en materia de nacionalizaciones y ampliación del Área de Propiedad Social, no constituyó una ruptura estratégica con el período anterior. Por el contrario, heredó del FRAP la confianza en la vía institucional, la búsqueda de mayorías electorales y la convicción de que era posible iniciar la transición al socialismo utilizando el aparato del Estado existente, sin destruirlo ni sustituirlo por nuevos organismos de poder de la clase trabajadora.

La vía chilena al socialismo.

Sobre esa base política se construyó la estrategia de la Unidad Popular. El programa aprobado en 1969 proponía nacionalizar la gran minería del cobre, estatizar la banca, ampliar el Área de Propiedad Social, profundizar la reforma agraria y redistribuir el ingreso. Sin embargo, todas estas transformaciones debían realizarse respetando la institucionalidad republicana y utilizando los mecanismos constitucionales existentes.

Luis Corvalán resumió posteriormente esta concepción:

“La llamada vía pacífica era, en primer lugar, la vía de la organización y la lucha multifacética de las masas populares por sus reivindicaciones y derechos y por los cambios revolucionarios que requería la sociedad chilena (…). Por eso era impropio calificarla de pacífica. Lo más correcto era definirla como no armada.”⁴

Y agregaba:

“Por primera vez en la historia un movimiento revolucionario que proclamaba abiertamente que se proponía como meta el socialismo conquistaba el gobierno por una vía pacífica (…). Llamaba la atención que los profundos cambios que se operaban en el país se llevaran a cabo en los marcos de la Constitución y de la ley.”⁵

Estas afirmaciones muestran que la principal diferencia entre la estrategia de la Unidad Popular y la tradición marxista revolucionaria no radicaba en la conveniencia de nacionalizar más o menos empresas, sino en la cuestión del poder. Mientras Marx, Lenin y Trotsky sostuvieron que la emancipación de la clase trabajadora exigía destruir el Estado burgués y sustituirlo por organismos de democracia obrera, la Unidad Popular apostó por conquistar el gobierno sin romper con la estructura fundamental del Estado capitalista, confiando en que éste podía convertirse gradualmente en un instrumento de transición al socialismo.

El Estado y la cuestión del poder.

La estrategia de la “vía pacífica al socialismo” descansaba sobre una determinada concepción del Estado chileno y de la transición al socialismo. La dirección de la Unidad Popular consideraba que la tradición constitucional del país ofrecía condiciones excepcionales para desarrollar un proceso revolucionario utilizando la institucionalidad republicana existente, sin necesidad de destruir previamente el aparato estatal heredado del capitalismo. Esta concepción fue expuesta con claridad por Salvador Allende en su Primer Mensaje al Congreso Pleno de 1971, al señalar:

“Cumplir estas aspiraciones supone un largo camino y enormes esfuerzos de todos los chilenos. Supone, además, como requisito previo fundamental, que podamos establecer los cauces institucionales de la nueva forma de ordenación socialista en pluralismo y libertad. La tarea es de complejidad extraordinaria porque no hay precedente en que podamos inspirarnos. Pisamos un camino nuevo; marchamos sin guía por un terreno desconocido.”

Más adelante agregaba: “La flexibilidad de nuestro sistema institucional nos permite esperar que no será una rígida barrera de contención. Y que, al igual que nuestro sistema legal, se adaptará a las nuevas exigencias para generar, a través de los cauces constitucionales, la institucionalidad nueva que exige la superación del capitalismo.”

En la misma línea afirmaba que el programa de la Unidad Popular se comprometía a realizar “su obra revolucionaria respetando el Estado de Derecho“, sosteniendo que “el principio de legalidad y el orden institucional son consubstanciales a un régimen socialista” y que era posible mantenerlos “transformando su sentido de clase” durante la transición.

La experiencia de la Unidad Popular volvió a colocar sobre la mesa una vieja discusión del movimiento obrero internacional. ¿Basta con conquistar el gobierno para iniciar la transición al socialismo o es indispensable conquistar el poder del Estado? La diferencia entre ambas posiciones no es terminológica. Mientras la primera supone que el aparato estatal puede ser utilizado para transformar la sociedad desde su interior, la segunda sostiene que dicho aparato constituye precisamente uno de los principales instrumentos de dominación de la clase capitalista y que, por tanto, no puede convertirse en el instrumento de su propia superación.

Marx respondió negativamente después de la experiencia de la Comuna de París:

“La Comuna ha demostrado, principalmente, que la clase obrera no puede simplemente tomar posesión de la máquina estatal existente y ponerla en marcha para sus propios fines.”⁶

Esta afirmación constituye el punto de partida de toda la teoría marxista del Estado desarrollada posteriormente por Lenin y Trotsky. El problema ya no era solamente conquistar el gobierno, sino determinar qué clase ejercía efectivamente el poder político y mediante qué organismos.

Notas

1. V. I. Lenin, El socialismo y la guerra (1915).

2. Sobre la incorporación del Partido Comunista de Chile a la III Internacional y las 21 condiciones.

3. Galo González, citado en Daire Alonso, La política del Partido Comunista de la postguerra a la Unidad Popular, en El Partido Comunista en Chile. Una historia presente, Catalonia, 2010.

4. Luis Corvalán, El gobierno de Salvador Allende, LOM Ediciones, 2003, capítulo “La vía no armada”.

5. Ibíd.

6. Karl Marx y Friedrich Engels, Prólogo a la edición alemana del Manifiesto del Partido Comunista, 24 de junio de 1872.

Capítulo II

¿Cómo conquista el poder la clase trabajadora?

El problema central de toda revolución no consiste únicamente en modificar la propiedad de las empresas o conquistar el gobierno mediante elecciones. La cuestión decisiva es determinar qué clase ejerce efectivamente el poder político y económico sobre la sociedad. Desde el surgimiento del movimiento obrero moderno se han desarrollado distintas respuestas frente a este problema. Algunas sostienen que los trabajadores deben participar en la administración de las empresas junto al capital o el Estado; otras afirman que el control obrero constituye una etapa transitoria hacia la conquista del poder político. El marxismo revolucionario plantea que la emancipación de la clase trabajadora sólo puede realizarse mediante la construcción de un nuevo Estado basado en sus propios organismos democráticos.

Estas diferencias no son meramente académicas. Expresan estrategias profundamente distintas acerca del camino hacia el socialismo y permiten comprender mejor las experiencias históricas de la Revolución Rusa, la Unidad Popular en Chile y las discusiones que aún hoy atraviesan al movimiento obrero.

I. La cogestión o democracia industrial

La primera estrategia frente al problema del poder puede denominarse colaboración de clases. En el ámbito de la producción, su expresión más desarrollada ha sido la cogestión o democracia industrial. Esta concepción sostiene que es posible avanzar hacia mayores niveles de democratización económica mediante la participación de los trabajadores en la administración de las empresas, compartiendo determinadas funciones de dirección con el Estado o con los propietarios privados, sin sustituir el aparato estatal existente ni abolir las relaciones fundamentales de producción capitalistas. Esta perspectiva es conocida generalmente como cogestión, codeterminación o democracia industrial.

Sus antecedentes pueden encontrarse en distintos proyectos reformistas de fines del siglo XIX, pero adquirió especial desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental, particularmente en Alemania Federal. Allí se establecieron mecanismos de representación de los trabajadores en los consejos de vigilancia de grandes empresas, permitiendo la participación sindical en determinadas decisiones empresariales sin cuestionar la propiedad privada del capital.

La premisa común de estas experiencias consiste en que el conflicto entre capital y trabajo puede canalizarse institucionalmente mediante mecanismos permanentes de participación y negociación. En lugar de plantear la sustitución del poder de la burguesía por un nuevo poder estatal de los trabajadores, la cogestión busca integrar a las organizaciones obreras en la administración del sistema económico existente. Por ello, desde la perspectiva del marxismo revolucionario, la democracia industrial constituye una política de colaboración de clases y no una forma de transición al socialismo.

León Trotsky advirtió tempranamente esta diferencia al polemizar contra las propuestas de “democracia económica” impulsadas por distintas corrientes reformistas europeas. En El Programa de Transición (1938), escribió:

“La participación de los representantes obreros en la dirección de la producción, en colaboración con los patronos, como la practican los socialdemócratas alemanes, los reformistas ingleses y otros, no tiene nada de común con el control obrero sobre la producción. El principio de la colaboración de clases constituye la base de la llamada democracia industrial. Cualquiera sean las formas bajo las cuales se presente, la participación en la gestión de la empresa deja intacto el poder del capital y convierte a los representantes obreros en corresponsables de la administración del sistema existente.”¹

La distinción formulada por Trotsky continúa siendo una de las críticas más profundas al concepto de cogestión. El problema no reside en la existencia de representantes obreros dentro de la empresa, sino en quién conserva el poder efectivo de decisión. Mientras la propiedad, el Estado y la dirección general de la economía permanezcan bajo control de la burguesía, la participación obrera sólo modifica parcialmente la administración de la empresa, sin alterar la naturaleza del poder.

La diferencia entre la cogestión y el control obrero no radica en el mayor o menor grado de participación de los trabajadores, sino en quién ejerce el poder. Mientras la cogestión incorpora a los trabajadores a la administración del orden existente sin resolver la cuestión del Estado, el control obrero plantea una lógica distinta: la disputa de la autoridad sobre la producción y, bajo condiciones revolucionarias, el desarrollo de formas transitorias de poder dual.

II. El control obrero: una forma transitoria de poder dual.

Frente a la estrategia de colaboración de clases expresada en la cogestión, el marxismo revolucionario plantea el control obrero como una forma transitoria de disputa por el poder. A diferencia de la cogestión, el control obrero no constituye una forma permanente de administración compartida entre capitalistas y trabajadores. Tampoco representa un modelo acabado de organización económica. Su significado histórico es muy distinto: expresa una situación excepcional en la que la autoridad del capital comienza a ser disputada directamente por los trabajadores, abriendo una situación de dualidad de poder.

El control obrero surge cuando la clase trabajadora, impulsada por un proceso revolucionario, comienza a intervenir directamente sobre la organización de la producción, fiscalizando las decisiones empresariales, controlando la contabilidad, impidiendo el cierre de fábricas, supervisando el abastecimiento y cuestionando la autoridad de los propietarios. En esta etapa, la burguesía continúa siendo formalmente propietaria de las empresas, pero deja de ejercer un dominio absoluto sobre ellas. Se configura así una situación inestable donde dos poderes comienzan a coexistir dentro de una misma sociedad.

León Trotsky desarrolló esta concepción en el Programa de Transición (1938), diferenciándola expresamente de la cogestión reformista:

“¿Qué es el control obrero de la producción? Como toda consigna transitoria, el control obrero deriva de las condiciones de la dualidad de poder en la industria. Esto significa que el poder del capital y el poder de los obreros se enfrentan irreconciliablemente dentro de la empresa. El control obrero sólo puede realizarse bajo la condición de un brusco cambio en la relación de fuerzas desfavorable a la burguesía y a su Estado. Supone la existencia de comités de fábrica y otros organismos mediante los cuales los trabajadores intervienen directamente en la producción.”¹

Trotsky insistía en que el control obrero no podía transformarse en un régimen permanente. Su propia naturaleza lo hacía transitorio.

“El control obrero será inevitablemente un régimen contradictorio, inestable y transitorio. Sólo puede corresponder al período de transición entre el régimen capitalista y el régimen socialista.”²

El control obrero no constituye, por tanto, un régimen estable de administración. Expresa una situación transitoria en la que el poder del capital comienza a ser disputado por los trabajadores y cuya resolución plantea inevitablemente el problema del poder político.

III. La dictadura del proletariado: el ejercicio directo del poder político por la clase trabajadora.

Desde la perspectiva del marxismo revolucionario, el control obrero no constituye un modelo alternativo de organización económica ni un sistema permanente de administración de empresas. Es una forma transitoria de poder dual, mediante la cual la clase trabajadora comienza a disputar el control efectivo de la producción y del Estado. Su desarrollo sólo puede culminar con la conquista del poder político por los trabajadores. En consecuencia, el problema fundamental no consiste únicamente en que existan organismos de control obrero, sino en si éstos logran transformarse en la base de un nuevo poder estatal.

Esta conclusión deriva de una premisa fundamental del marxismo: el Estado nunca constituye un órgano neutral situado por encima de las clases sociales. Como señalaba Lenin al polemizar con Karl Kautsky, tampoco existe una democracia “pura”. Toda democracia expresa el dominio político de una clase determinada.

“Los explotadores inevitablemente transforman el Estado (…) en instrumento de dominio de su clase (…) El Estado de los explotados debe distinguirse por completo de semejante Estado; debe ser una democracia para los explotados y un medio para reprimir a los explotadores…”

En el lenguaje político contemporáneo, pocas expresiones han sido tan deformadas como la de dictadura del proletariado. Habitualmente se la identifica con regímenes autoritarios o con las experiencias burocráticas del estalinismo. Sin embargo, para Marx y Engels el concepto tenía un significado completamente distinto.

La dictadura del proletariado no designa una forma particular de gobierno ni una dictadura personal. Se refiere al período histórico en el cual la clase trabajadora, organizada como clase dominante, sustituye el poder político de la burguesía por un nuevo Estado basado en sus propios organismos democráticos.

Después de la experiencia de la Comuna de París de 1871, Marx escribió:

“La Comuna era, esencialmente, un gobierno de la clase obrera, fruto de la lucha de la clase productora contra la clase apropiadora; era la forma política al fin descubierta para llevar a cabo la emancipación económica del trabajo.”³

Engels, años más tarde, respondería directamente a quienes criticaban el concepto de dictadura del proletariado:

“Últimamente, las palabras ‘dictadura del proletariado’ han vuelto a sumir en santo horror al filisteo socialdemócrata. Pues bien, caballeros, ¿queréis saber qué faz presenta esta dictadura? Mirad a la Comuna de París. He ahí la dictadura del proletariado.“⁴

La diferencia respecto del control obrero resulta evidente. Mientras éste corresponde a una etapa de transición donde dos poderes coexisten y se enfrentan, la dictadura del proletariado comienza cuando esa disputa ha sido resuelta mediante la conquista del poder por la clase trabajadora.

En esta nueva etapa, los organismos creados por los propios trabajadores dejan de limitarse al control de determinadas empresas y pasan a constituir la base misma del nuevo Estado.

Lenin sintetizó esta idea en El Estado y la revolución:

“La sustitución del Estado burgués por el Estado proletario es imposible sin una revolución. La esencia de la doctrina de Marx sobre el Estado ha sido asimilada únicamente por quien haya comprendido que la dictadura de una clase es necesaria no sólo para toda sociedad de clases en general, sino también para todo el período histórico que separa al capitalismo del comunismo.”⁵

La experiencia de los primeros años de la Revolución Rusa (1917-1923) constituye el principal ejemplo histórico de esta concepción. Durante ese período, los Soviets funcionaron como organismos de representación directa de obreros, campesinos y soldados, concentrando funciones legislativas y ejecutivas, con delegados elegibles y revocables, remuneraciones equivalentes al salario de un trabajador calificado y una amplia participación popular en las decisiones fundamentales.

Posteriormente, el aislamiento internacional de la revolución, la guerra civil y el ascenso de la burocracia encabezada por Stalin modificaron profundamente este modelo, dando origen a un régimen burocrático que sustituyó progresivamente la democracia soviética por el control del aparato estatal sobre la sociedad. Esta burocratización fue objeto de una crítica sistemática por parte de Trotsky, quien sostuvo que el estalinismo representaba una degeneración burocrática del Estado obrero surgido de Octubre y no la realización de una dictadura del proletariado.⁶

Esta distinción resulta indispensable para comprender la derrota de la Unidad Popular. El problema fundamental no fue la falta de participación obrera en las empresas nacionalizadas ni la ausencia de organismos de organización popular. La cuestión decisiva fue otra: qué estrategia debía conducir el proceso revolucionario. Mientras una apostaba por profundizar las transformaciones desde las instituciones del Estado existente, la otra comenzaba a expresarse, de manera desigual y embrionaria, en los organismos creados por la propia clase trabajadora.

La revolución chilena no careció de embriones de poder obrero. Lo que no llegó a consolidarse fue una estrategia capaz de transformar esos organismos en la base de un nuevo poder estatal. Esta tensión recorrerá toda la experiencia de la Unidad Popular y constituye una de las principales lecciones estratégicas que el marxismo revolucionario extrae del proceso chileno.

Notas

1. León Trotsky, La agonía del capitalismo y las tareas de la IV Internacional (Programa de Transición), 1938, apartado “Control obrero de la producción”.

2. Ibíd.

3. Karl Marx, La guerra civil en Francia (1871).

4. Friedrich Engels, Introducción de 1891 a La guerra civil en Francia.

5. V. I. Lenin, El Estado y la revolución (1917), capítulos I y V.

6. León Trotsky, La revolución traicionada (1936

Capítulo III

La nacionalización del cobre y el Área de Propiedad Social: los límites de la cogestión.

“El proceso de transformación de nuestra economía se inicia con una política destinada a constituir un área estatal dominante, formada por las empresas que actualmente posee el Estado más las empresas que se expropien.” Programa Básico de la Unidad Popular (1969).

La nacionalización de la gran minería del cobre constituye una de las mayores conquistas políticas alcanzadas por la clase trabajadora chilena durante el siglo XX. El 11 de julio de 1971 el Congreso Nacional aprobó por unanimidad la reforma constitucional que incorporó al patrimonio nacional los principales yacimientos cupríferos, poniendo término al dominio que durante décadas ejercieron las compañías norteamericanas Anaconda, Kennecott y Cerro Corporation sobre la principal riqueza del país.

La recuperación del cobre fue el resultado de un largo proceso de luchas obreras y populares. Desde comienzos del siglo XX, el movimiento sindical minero había identificado correctamente que el control imperialista sobre el cobre constituía uno de los principales mecanismos de dependencia económica del país. La consigna de la nacionalización se transformó progresivamente en una reivindicación democrática y antiimperialista que terminó siendo asumida por amplios sectores políticos.Por primera vez el Estado chileno pasaba a controlar directamente la principal fuente de divisas del país y adquiría la posibilidad de orientar esos recursos hacia el desarrollo nacional.

Sin embargo, para comprender el significado político de esta medida resulta necesario situarla dentro del proyecto económico de la Unidad Popular.

El Área de Propiedad Social

La nacionalización del cobre no fue concebida como una medida aislada. Formaba parte de un proyecto mucho más amplio de reorganización económica basado en la creación de un Área de Propiedad Social, destinada a concentrar los principales sectores estratégicos de la economía.

El Programa Básico de la Unidad Popular señalaba expresamente:

“El proceso de transformación de nuestra economía se inicia con una política destinada a constituir un área estatal dominante, formada por las empresas que actualmente posee el Estado más las empresas que se expropien. Como primera medida se nacionalizarán aquellas riquezas básicas que, como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras, están en poder de capitales extranjeros y de los monopolios internos.”¹

Más adelante, el propio Programa establecía que la economía chilena quedaría estructurada en tres áreas de propiedad:

• un Área de Propiedad Social, integrada por las principales empresas estratégicas;
• un Área Mixta, donde coexistirían capital estatal y privado;
• y un Área Privada, destinada a continuar funcionando bajo propiedad particular.

La Unidad Popular, por tanto, no proponía la abolición inmediata de toda propiedad privada ni la socialización integral de la economía. Su estrategia consistía en construir un sector estatal dominante capaz de orientar el desarrollo nacional mediante la planificación económica.

Salvador Allende explicó esta orientación en su Mensaje Presidencial al Congreso Nacional de 1971:

“El Programa de la Unidad Popular señala con claridad la necesidad imperiosa de constituir tres áreas en la economía de nuestro país: una social, otra privada y una tercera mixta. La política del Gobierno ha estado orientada a ampliar con vigor el área de propiedad social en actividades de importancia preminente para el desarrollo económico del país.”²

El objetivo inmediato era desplazar el predominio del capital monopolista e imperialista mediante la expansión del sector estatal, manteniendo simultáneamente espacios para la propiedad privada y para empresas mixtas.

La creación del Área de Propiedad Social modificaba profundamente la estructura de la propiedad, pero dejaba abierta una cuestión todavía más decisiva: ¿la expansión del sector estatal significaba que la clase trabajadora comenzaba a ejercer el poder sobre la economía o suponía, principalmente, una ampliación de las funciones económicas del Estado capitalista? Toda la discusión posterior sobre la participación obrera y el control de la producción girará en torno a esta pregunta.

La participación de los trabajadores.

Una de las innovaciones más importantes del Programa consistía en incorporar mecanismos de participación obrera dentro de las empresas estatales.

El propio Programa establecía:

“Respecto de las empresas del sector público, sus Consejos Directivos y sus Comités de Producción deben contar con mandatarios directos de sus obreros y empleados.”³

Esta disposición representaba un cambio significativo respecto del régimen anterior. Por primera vez la participación de los trabajadores era reconocida como un principio permanente de administración de las empresas nacionalizadas.

Durante el gobierno de la Unidad Popular esta orientación comenzó a materializarse mediante la creación de Consejos de Administración, integrados por representantes del Estado y representantes elegidos por los trabajadores.

Sin embargo, los límites de este modelo comenzaron a manifestarse tempranamente entre los propios trabajadores. Ya el 14 y 15 de julio de 1971, un encuentro de trabajadores del sector textil nacionalizado formuló críticas a los límites del sistema de participación establecido en las empresas del Área de Propiedad Social.La discusión sobre la participación obrera no surgió, por tanto, únicamente como un balance posterior de la experiencia: comenzó a plantearse entre los propios trabajadores mientras se construía el nuevo sector estatal de la economía.

El modelo de participación diseñado por la Unidad Popular fue considerablemente más amplio que una simple representación sindical dentro de las empresas estatales. En el proyecto de ley sobre el Área de Propiedad Social, enviado por el Presidente Salvador Allende al Congreso Nacional en octubre de 1971, se estableció una estructura jerarquizada de organismos de participación de los trabajadores, destinada a incorporar a obreros, empleados y técnicos en la administración de las empresas nacionalizadas. No se trataba únicamente de consultar a los sindicatos, sino de crear una institucionalidad permanente de participación en la gestión productiva.

El Mensaje Presidencial señalaba expresamente:

“Los organismos de participación en estas empresas son: 1. La Asamblea de trabajadores de la empresa; 2. Las Asambleas de Sección, taller, departamento u otra unidad de la empresa; 3. Los Comités de Producción de cada sección, taller, departamento u otros, que tendrán como función asesorar al jefe respectivo; 4. El Comité Coordinador de trabajadores de la empresa, con participación de los sindicatos y representantes de los trabajadores en los Comités de Producción y en el Consejo de Administración; 5. El Consejo de Administración, que es el único organismo de participación con poder para adoptar resoluciones de carácter obligatorio para todos los trabajadores de la empresa relativas a su funcionamiento.”¹

La participación obrera culminaba, por tanto, en el Consejo de Administración, integrado por representantes del Estado y representantes elegidos directamente por los trabajadores. Sin embargo, el propio proyecto precisaba los límites de ese órgano. Respecto de sus atribuciones señalaba:

“El Consejo de Administración determina la política de la empresa de acuerdo a las normas e indicaciones de la planificación nacional. La participación de los trabajadores en este Consejo será determinada por elección directa, secreta, unipersonal y proporcional, con representación de los trabajadores de producción, administración y técnicos.”²

Este diseño institucional expresa con claridad la concepción económica de la Unidad Popular. Los trabajadores elegían democráticamente a sus representantes y participaban en la conducción de las empresas; sin embargo, la orientación estratégica de la producción seguía subordinada a la planificación central del Estado. La empresa nacionalizada no era concebida como una unidad autónoma dirigida directamente por los trabajadores, sino como parte de un sistema de planificación estatal donde las decisiones fundamentales continuaban radicando en los organismos superiores del gobierno.

Nacionalización, cogestión y poder obrero.

Precisamente aquí aparece el principal límite estratégico del Área de Propiedad Social. La ampliación de la participación obrera no modificaba el lugar donde residía el poder último sobre la producción. Los trabajadores intervenían en la administración de las empresas nacionalizadas, pero no constituían el sujeto soberano que definía la planificación general de la economía ni el rumbo político del Estado. La democratización de la gestión no equivalía todavía al ejercicio directo del poder por la clase trabajadora.

La historia del movimiento obrero demuestra que la nacionalización de empresas no resuelve por sí sola el problema del poder. Un Estado puede convertirse en propietario de los principales medios de producción sin que la clase trabajadora ejerza directamente su dirección política. Por ello, la cuestión fundamental no consiste únicamente en quién es el propietario jurídico de las empresas, sino en qué clase social controla efectivamente el Estado y la planificación de la economía.

En consecuencia, la participación obrera se desarrollaba dentro del aparato estatal existente. Desde la perspectiva expuesta en el capítulo anterior, esta experiencia se aproxima mucho más a una forma de cogestión estatal que al control obrero entendido por Trotsky como una situación de poder dual. Los trabajadores ampliaban significativamente su capacidad de intervención en la administración de las empresas, pero no constituían todavía el órgano soberano de dirección de la producción ni ejercían directamente el poder político sobre el conjunto de la economía.

La cuestión decisiva dejaba entonces de ser únicamente quién era el propietario jurídico de las empresas para transformarse en un problema de poder: ¿qué clase dirigía efectivamente el Estado y, por esa vía, las empresas nacionalizadas? La nacionalización modificó profundamente la estructura de la propiedad, pero no sustituyó el aparato estatal por nuevas instituciones construidas desde la propia organización de la clase trabajadora. La dirección estratégica de la economía continuó descansando en el Estado republicano de los capitalistas y en los órganos centrales de planificación.

Notas

1. Programa Básico de la Unidad Popular, diciembre de 1969, capítulo “La construcción de la nueva economía”.

3. Programa Básico de la Unidad Popular, 1969, capítulo “Participación de los trabajadores”.

2. Salvador Allende, Mensaje Presidencial al Congreso Nacional, 21 de mayo de 1971.

4. Salvador Allende, Mensaje Presidencial que acompaña el Proyecto de Ley sobre el Área de Propiedad Social, 20 de octubre de 1971, capítulo “Organismos de participación”. Allí se establece que el Consejo de Administración “determina la política de la empresa de acuerdo a las normas e indicaciones de la planificación nacional” y regula la estructura de Asambleas de Trabajadores, Comités de Producción, Comité Coordinador y Consejo de Administración.

Capítulo IV

La guerra económica y la huelga en Mina El Teniente.

“Make the economy scream.”(“Hay que hacer chillar la economía.”)

Richard Nixon, instrucciones al director de la CIA Richard Helms, 15 de septiembre de 1970.¹

Toda revolución modifica la correlación de fuerzas entre las clases sociales. A medida que la Unidad Popular avanzaba en la nacionalización del cobre, la expansión del Área de Propiedad Social y la reforma agraria, el imperialismo norteamericano y la gran burguesía chilena comenzaron a percibir que estaban perdiendo el control sobre sectores estratégicos de la economía chilena. Por primera vez desde comienzos del siglo XX, el dominio que habían ejercido sobre las principales riquezas del país aparecía seriamente amenazado.

La respuesta no consistió únicamente en la oposición parlamentaria o en la disputa electoral. Desde los primeros meses del gobierno comenzó a desplegarse una amplia ofensiva económica, política e internacional destinada a impedir el éxito del proceso iniciado en 1970. La desestabilización económica, el bloqueo financiero, el desabastecimiento y la presión internacional no fueron fenómenos aislados, sino distintas expresiones de una misma estrategia orientada a alterar la nueva correlación de fuerzas creada por el avance de las transformaciones impulsadas por la Unidad Popular.

Los documentos posteriormente desclasificados por el gobierno de Estados Unidos permiten constatar que esta política fue deliberadamente impulsada desde Washington. Durante la reunión celebrada el 15 de septiembre de 1970 entre el presidente Richard Nixon y el director de la CIA, Richard Helms, quedó registrada una de las instrucciones más conocidas de la política norteamericana hacia Chile:

«Quizás haya una posibilidad entre diez, pero hay que salvar a Chile. Vale la pena gastar. No preocuparse por los riesgos involucrados. Ninguna participación de la Embajada. Hay 10 millones de dólares disponibles, más si es necesario. Trabajo a tiempo completo: los mejores hombres que tengamos. Plan de acción. Hacer chillar la economía. 48 horas para un plan de acción.»

La ofensiva se expresó mediante el bloqueo de créditos internacionales, restricciones al financiamiento externo, demandas judiciales promovidas por las empresas expropiadas, fuga de capitales, reducción deliberada de inversiones, acaparamiento de mercancías y una creciente especulación sobre bienes de consumo básico. A ello se sumó el paro patronal de octubre de 1972, impulsado por organizaciones empresariales del transporte, el comercio y diversos gremios profesionales, cuyo objetivo era paralizar el funcionamiento del país y provocar una crisis política de gran magnitud.

La presión internacional adquirió formas concretas a medida que avanzaban las nacionalizaciones. Estados Unidos cortó créditos a Chile en agosto de 1971 y, después de la nacionalización del cobre, la Kennecott desarrolló acciones destinadas a bloquear las exportaciones chilenas, como ocurrió en París en agosto de 1972 y posteriormente en Hamburgo. La defensa de la propiedad expropiada se trasladaba así desde las empresas y las instituciones chilenas hacia el terreno financiero, judicial y comercial internacional.

En este contexto, la inflación adquirió una dimensión política que excedía ampliamente el ámbito de la política económica. Resultó de la combinación de múltiples factores: el fuerte incremento de la demanda derivado de la redistribución del ingreso, las limitaciones estructurales de la capacidad productiva, el boicot empresarial, el desabastecimiento, el mercado negro, el bloqueo financiero internacional y la creciente incertidumbre generada por la confrontación política. La inflación fue, al mismo tiempo, un fenómeno económico y una expresión concreta de la intensificación de la lucha de clases.

La respuesta de la clase trabajadora fue inmediata. En numerosos lugares los trabajadores ocuparon fábricas, organizaron sistemas de abastecimiento, mantuvieron funcionando empresas paralizadas y comenzaron a coordinar la producción desde los propios centros de trabajo. Paralelamente surgieron las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP), destinadas a enfrentar el mercado negro y garantizar la distribución de productos esenciales a la población.

Sin embargo, la respuesta del gobierno continuó desenvolviéndose dentro del marco institucional definido por la estrategia de la Unidad Popular. La prioridad seguía siendo preservar la legalidad constitucional, buscar acuerdos con sectores de la oposición e incorporar a las Fuerzas Armadas al gabinete ministerial para garantizar la estabilidad política. Mientras amplios sectores de la clase trabajadora tendían a profundizar la movilización, la dirección del proceso privilegiaba la preservación de la institucionalidad republicana.

La Huelga en Mina El Teniente: de la reivindicación salarial a la disputa política.

Durante 1972 y comienzos de 1973 la aceleración de la inflación deterioró rápidamente el poder adquisitivo de los salarios. Para enfrentar esa situación, el Congreso aprobó la Ley N.º 17.713, que estableció un reajuste general de remuneraciones. Sin embargo, el Gobierno sostuvo que los trabajadores de El Teniente no tenían derecho a percibir íntegramente dicho reajuste, argumentando que ya habían obtenido aumentos salariales mediante su convenio colectivo.

Esta decisión dio origen a uno de los conflictos laborales más importantes de la historia minera chilena. El conflicto no se desarrolló en cualquier empresa. El Teniente era la principal mina subterránea de cobre del mundo y constituía uno de los pilares económicos de la reciente nacionalización. Una paralización prolongada afectaba directamente los ingresos fiscales y el abastecimiento de divisas del país, otorgándole una relevancia política que trascendía ampliamente el ámbito laboral.

El 17 de abril de 1973 los trabajadores de El Teniente iniciaron una huelga reclamando el pago del reajuste conocido posteriormente como el “41 %”. En las semanas siguientes el conflicto adquirió una dimensión nacional. Hubo expresiones de solidaridad en otras divisiones mineras, especialmente en Chuquicamata y Andina, aunque en estos casos las paralizaciones no lograron consolidarse.

En sus orígenes, la huelga tuvo un fundamento esencialmente económico. Los trabajadores buscaban preservar el poder adquisitivo de sus remuneraciones frente al acelerado aumento del costo de la vida. Sin embargo, el desarrollo de la crisis nacional modificó progresivamente el carácter del conflicto.

A medida que avanzaba la movilización, la Democracia Cristiana intentó transformar el conflicto en un instrumento de desestabilización política contra el gobierno de la Unidad Popular. La huelga comenzó a insertarse en un escenario mucho más amplio, marcado por la guerra económica, el paro patronal, las crecientes acciones opositoras y la preparación del golpe de Estado.

El punto de inflexión se produjo durante junio de 1973. Una columna de trabajadores marchó desde Rancagua hacia Santiago para hacer visibles sus demandas. A su ingreso a la capital se produjeron violentos enfrentamientos con Carabineros, mientras paralelamente en Rancagua se registraban cortes de caminos, bloqueo del transporte y manifestaciones callejeras. El Gobierno decretó Zona de Emergencia para enfrentar el creciente conflicto.

Fue precisamente en este momento cuando comenzaron a diferenciarse dos orientaciones dentro del movimiento huelguista. Diversos testimonios y reconstrucciones posteriores indican que una parte significativa de los obreros comenzó a distanciarse de una conducción sindical que, progresivamente, subordinaba el conflicto salarial a una estrategia política alianza con la reacción y el plan golpista. Como consecuencia de ello, numerosos trabajadores optaron por poner término a la huelga y retornar a sus labores.

En cambio, el sector de empleados, cuya conducción sindical se encontraba mayoritariamente en manos de la Democracia Cristiana, decidió mantener la movilización y profundizar la confrontación con el gobierno. Se configuró así una división inédita entre obreros y empleados de la División El Teniente. Por primera vez el conflicto dejó de expresar únicamente una disputa laboral para transformarse en una confrontación política acerca del destino mismo del proceso abierto por la Unidad Popular.

Esta evolución también cuestiona las interpretaciones que explican el comportamiento político de los trabajadores de El Teniente a partir de una supuesta condición de “obreros privilegiados”. Si bien las condiciones materiales de existencia influyen sobre la conciencia, ésta no surge mecánicamente de la posición económica de cada sector de la clase. La experiencia de la huelga muestra que la orientación política de los trabajadores estuvo profundamente condicionada por la disputa entre proyectos y direcciones que actuaban en su interior. La progresiva diferenciación entre obreros y empleados, así como el distanciamiento de una parte importante de los primeros respecto de la conducción democratacristiana, revela que la conciencia de clase se configura históricamente en el curso de la lucha política y no como una consecuencia automática del nivel de ingresos o de la posición ocupada en el proceso productivo.

Esta diferenciación resulta decisiva para comprender el significado histórico de la huelga. No puede interpretarse simplemente como un movimiento homogéneo contra el gobierno, ni tampoco reducirse a una conspiración organizada desde la oposición. Su evolución refleja la disputa por la dirección política de una movilización nacida de reivindicaciones económicas legítimas, pero crecientemente incorporada a la estrategia general de desestabilización que culminaría en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Pocas semanas después, el 29 de junio de 1973, el intento golpista conocido como el Tanquetazo confirmó que la confrontación había superado definitivamente el plano económico. Mientras la burguesía avanzaba hacia una salida militar, la clase trabajadora respondía fortaleciendo nuevas formas de organización desde los lugares de trabajo y los territorios. La huelga de El Teniente mostró las contradicciones de ese momento histórico: una parte del movimiento obrero comenzaba a apartarse de la orientación golpista de la oposición, mientras otra permanecía bajo su influencia. Al mismo tiempo, en numerosos centros industriales surgían organismos que ya no aspiraban solamente a defender salarios o participar en la administración de las empresas, sino a organizar directamente la producción y la movilización popular.

Notas

1. Peter Kornbluh, The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability, The New Press, 2003.

2. Memorándum de Richard Helms sobre la reunión con Richard Nixon, 15 de septiembre de 1970, documentos desclasificados del National Security Archive y reproducidos por la Church Committee del Senado de Estados Unidos.

3. Ley N.º 17.713, sobre reajuste de remuneraciones, Diario Oficial, 1972.

4. Sobre el desarrollo de la huelga de El Teniente y la diferenciación entre obreros y empleados durante la fase final del conflicto, véanse las reconstrucciones cronológicas elaboradas por dirigentes sindicales de la División El Teniente y la historiografía sobre el conflicto minero de 1973

Capítulo V

Los orígenes de los Cordones Industriales

Los Cordones Industriales no surgieron de un decreto del Gobierno ni fueron una institución diseñada previamente por los partidos de la Unidad Popular. Tampoco nacieron únicamente como respuesta al paro patronal de octubre de 1972. Su aparición fue el resultado de un proceso anterior de acumulación de experiencias de lucha y coordinación territorial entre trabajadores que, bajo las condiciones revolucionarias abiertas en Chile, comenzó a adquirir una dimensión política cualitativamente nueva.

Existían antecedentes anteriores a 1970. Durante los años sesenta, en algunas de las principales zonas industriales de Santiago comenzaron a desarrollarse experiencias de coordinación entre sindicatos de distintas empresas y vínculos entre trabajadores, pobladores y otros sectores populares. Franck Gaudichaud identifica, por ejemplo, antecedentes de coordinación territorial en Macul desde 1969 y formas de articulación sindical en Vicuña Mackenna anteriores al surgimiento formal de los Cordones. Estas experiencias no constituían todavía organismos de poder obrero, pero muestran que los Cordones no aparecieron espontáneamente de la nada: se apoyaron sobre una acumulación previa de organización y lucha de la clase trabajadora.¹

El salto se produjo durante 1972. El primer Cordón Industrial surgió en Cerrillos-Maipú, una de las principales concentraciones industriales del país. Su origen inmediato estuvo vinculado tanto a problemas territoriales —locomoción, vivienda, salud y abastecimiento— como a conflictos desarrollados en empresas como Perlak, Aluminios El Mono, CIC e Indubal. Trabajadores de distintas fábricas comenzaron a coordinar sus luchas, mientras pobladores y campesinos de la comuna participaban también de movilizaciones comunes. De estas experiencias surgió durante junio el Comando Coordinador de Trabajadores de Cerrillos-Maipú, antecedente inmediato del Cordón Industrial.²

La secuencia de junio y julio de 1972 permite observar que el Cordón Cerrillos-Maipú no nació como consecuencia del paro patronal de octubre, sino varios meses antes y estrechamente vinculado a las luchas por la extensión del Área de Propiedad Social. El 3 de junio los trabajadores de El Mono, Polycron y Perlak se movilizaron por el traspaso de sus empresas al APS; el 27 de junio se constituyó el Cordón Industrial Cerrillos y, el 12 de julio, alrededor de 5.000 obreros de Cerrillos y campesinos de Melipilla marcharon hacia el centro de Santiago. Los Cordones surgían así desde conflictos concretos de la clase trabajadora y comenzaban rápidamente a superar los límites de cada fábrica individual.

Lo decisivo fue que aquella coordinación comenzó a superar las reivindicaciones particulares que habían provocado su nacimiento. Una vez resueltos algunos de los conflictos iniciales, los sindicatos no se disolvieron ni regresaron simplemente a la actividad aislada dentro de cada empresa. Mantuvieron la coordinación territorial, establecieron relaciones con pobladores y campesinos y comenzaron a discutir problemas que afectaban al conjunto de la comuna. Una organización surgida inicialmente de la solidaridad entre conflictos obreros comenzaba así a transformarse en un espacio permanente de coordinación política de la clase trabajadora.

El paro patronal de octubre de 1972 produjo un nuevo salto. Frente al intento de paralizar el transporte, el comercio y sectores fundamentales de la economía, los trabajadores ocuparon fábricas, mantuvieron empresas funcionando, organizaron el transporte de materias primas y productos y participaron en mecanismos territoriales de abastecimiento. Los Cordones dejaron entonces de constituir experiencias localizadas y comenzaron a extenderse por las principales zonas industriales de Santiago y otras ciudades del país.

Pero octubre significó algo más profundo que una simple expansión organizativa. La clase trabajadora comenzó a asumir directamente funciones que normalmente correspondían a los propietarios de las empresas y, en determinados ámbitos, al propio aparato estatal. Organizar la producción, garantizar el abastecimiento, coordinar el transporte y defender las fábricas planteaba en la práctica una cuestión que excedía ampliamente el terreno sindical: ¿quién debía dirigir la economía y ejercer la autoridad en medio de la crisis revolucionaria?

Octubre de 1972 produjo un salto cualitativo. Iniciado el paro de camioneros y patrones el 11 de octubre, el gobierno decretó el estado de emergencia dos días después. El 14 de octubre, tras la ocupación y evacuación de Elecmetal, se organizó el Cordón Vicuña Mackenna y, al día siguiente, se generalizaron los Cordones Industriales y Comandos Comunales, junto con ocupaciones masivas de empresas y acciones de las JAP frente al cierre del comercio. El gobierno reconoció formalmente la existencia de los Cordones el 21 de octubre. En cuestión de días, organismos que habían surgido desde conflictos fabriles particulares comenzaban a intervenir frente a problemas generales de la producción, el transporte y el abastecimiento

Cómo funcionaban los Cordones Industriales

Los Cordones Industriales no fueron sindicatos paralelos ni organismos destinados simplemente a sustituir las organizaciones sindicales existentes. Su principal innovación consistió en superar territorialmente la fragmentación de la organización obrera empresa por empresa. Reunían trabajadores y representantes de numerosas fábricas ubicadas dentro de una misma concentración industrial, permitiendo que un conflicto inicialmente circunscrito a una empresa pudiera transformarse rápidamente en un problema común para los trabajadores de toda una zona.

Su funcionamiento no respondió a un modelo único ni alcanzó el mismo grado de desarrollo en todos los territorios. Franck Gaudichaud señala que los Cordones se organizaban sobre la base de coordinaciones territoriales de varias decenas de fábricas y agrupaban principalmente a delegados sindicales de empresas medianas junto a representantes de empresas pertenecientes al Área de Propiedad Social. Existía una voluntad explícita de estructurarlos desde las bases mediante delegados elegidos en las asambleas de fábrica y de evitar que éstos fueran simplemente designados por las direcciones de los partidos. Sin embargo, esa democratización nunca llegó a generalizarse completamente: en numerosas empresas la participación descansaba principalmente en dirigentes sindicales y militantes políticos, especialmente del Partido Socialista y del MIR.⁴

Durante el primer semestre de 1973 comenzó a perfilarse una estructura relativamente común. Las asambleas de trabajadores de las empresas podían elegir representantes para el Cordón; los delegados de las distintas fábricas conformaban un consejo territorial y éste elegía una dirección encargada de coordinar las diferentes tareas. Pero esta estructura nunca llegó a estabilizarse completamente. Algunos Cordones tuvieron una existencia permanente y una importante capacidad de movilización, mientras otros funcionaron de manera irregular o adquirieron relevancia principalmente durante los momentos más agudos de la crisis política. La propia investigación historiográfica advierte, por ello, contra una imagen excesivamente homogénea de los Cordones.

Su verdadera importancia aparece cuando observamos qué hacían, más que su organigrama. Durante el paro patronal de octubre de 1972 los trabajadores debieron mantener fábricas funcionando, enfrentar problemas de transporte, conseguir materias primas, trasladar productos y establecer mecanismos de abastecimiento. Los Cordones permitieron coordinar estas tareas entre diferentes centros de trabajo y relacionarlas con las necesidades de los territorios. La organización obrera comenzaba así a superar parcialmente los límites de la fábrica individual.

La geografía industrial favorecía esta coordinación. En Cerrillos-Maipú, por ejemplo, numerosas fábricas se encontraban concentradas a lo largo de grandes ejes viales y ferroviarios. Gaudichaud utiliza una expresión particularmente gráfica para describir este proceso: existía primero un “cordón en sí”, determinado objetivamente por la concentración industrial del territorio, que mediante la movilización y la autoorganización comenzó a transformarse en un “cordón para sí”. En las empresas más movilizadas, las asambleas podían elegir uno o dos delegados encargados de participar en la coordinación territorial.

Esta dimensión territorial modificaba también la relación entre fábrica y comunidad. Los problemas de la producción comenzaron a relacionarse directamente con el abastecimiento, el transporte y las necesidades de las poblaciones cercanas. Los trabajadores ya no intervenían únicamente como asalariados frente a su patrón, sino que empezaban a discutir cómo mantener funcionando empresas y cómo hacer llegar determinados productos a la población. El problema de qué producir, cómo producir y para quién producir comenzaba así a adquirir un contenido político que excedía las reivindicaciones económicas tradicionales.

Este proceso no debe idealizarse. Los Cordones no agruparon permanentemente a la totalidad de la clase trabajadora, su desarrollo fue profundamente desigual y las organizaciones políticas continuaron teniendo una influencia decisiva en su funcionamiento. Gaudichaud estima que, aunque constituyeron un fenómeno minoritario respecto del conjunto de los trabajadores, no obstante alcanzaron a sectores claves de la economía y a franjas particularmente activas del movimiento sindical y político⁵, lo cual abre una linea posible de conducción al conjunto del movimiento obrero.

De la fábrica al problema del poder

Como vimos anteriormente, el control obrero contiene una dinámica que tiende a desbordar los límites de cada fábrica. Trotsky señalaba que, al intervenir sobre la producción, los trabajadores se enfrentan inevitablemente a problemas de materias primas, transporte, crédito, distribución y abastecimiento, extendiendo así su acción hacia otras empresas, ramas y territorios. De esta manera, lo que comienza como una disputa por la autoridad dentro de la producción puede transformarse, bajo condiciones revolucionarias, en una cuestión de poder político. Esta evolución no es automática ni supone reproducir mecánicamente la experiencia de los soviets rusos. Como señalaba Trotsky respecto de los consejos de fábrica alemanes:

“Extendiendo sus funciones, abordando por sí mismos tareas cada vez más audaces y creando sus propios órganos federales, los consejos de fábrica pueden convertirse en soviets”.⁶

La cuestión decisiva no era, por tanto, la forma o el nombre del organismo, sino las funciones de poder que comenzaba a asumir y su capacidad para desarrollarlas. Este marco permite comprender mejor la potencialidad y también los límites alcanzados por los Cordones Industriales. Surgidos desde las fábricas, comenzaron a coordinar territorialmente a los trabajadores e intervenir sobre problemas que excedían la lucha sindical: producción, transporte, abastecimiento y defensa de las empresas frente a la ofensiva patronal. Esa dinámica planteaba objetivamente la posibilidad de avanzar desde el control obrero hacia organismos de poder de la clase trabajadora.

Tampoco puede afirmarse que los Cordones constituyeran ya soviets plenamente desarrollados o un Estado alternativo al Estado existente. Su importancia histórica reside precisamente en su carácter embrionario y transitorio. La dinámica de la lucha de clases había empujado a organismos nacidos desde las fábricas a coordinar territorialmente a los trabajadores y a intervenir sobre problemas de producción, distribución, transporte y abastecimiento. Es decir, comenzaron a asumir algunas funciones que desbordaban tanto los límites del sindicalismo tradicional como las formas institucionales de participación obrera impulsadas desde el Gobierno.

Dos concepciones del Poder Popular

El desarrollo de los Cordones Industriales abrió una discusión que atravesó los últimos meses de la revolución chilena: ¿qué significaba concretamente construir Poder Popular? La expresión era utilizada tanto por el Gobierno y los partidos de la Unidad Popular como por sectores de trabajadores y organizaciones de izquierda. Sin embargo, bajo una misma denominación comenzaban a aparecer concepciones diferentes acerca de la relación entre los organismos creados por las masas, el Gobierno y el Estado existente.

La propia Unidad Popular había incorporado desde su programa de 1969 la idea de construir un Poder Popular. El Programa Básico sostenía que las transformaciones propuestas requerían modificar las relaciones de poder existentes y proclamaba como objetivo que los trabajadores y el pueblo organizado ejercieran efectivamente el poder. La perspectiva, sin embargo, estaba vinculada a la conquista del Gobierno y a la transformación progresiva de las instituciones existentes. El Poder Popular debía desarrollarse mediante organizaciones sindicales, juntas de vecinos, centros de madres, cooperativas y otras organizaciones sociales, articulándose con la acción transformadora del Gobierno Popular.

Esta concepción adquirió mayor precisión a medida que aparecieron organismos obreros que comenzaban a desbordar los mecanismos institucionales previstos originalmente. Salvador Allende reconoció reiteradamente la importancia del Poder Popular, pero estableció un límite político fundamental: no debía constituirse como un poder independiente o contrapuesto al Gobierno de la Unidad Popular. En una formulación que sintetizaba esta concepción señalaba:

“Hay que crear el Poder Popular; pero el Poder Popular no puede ser antagónico ni independiente del Gobierno. El Poder Popular debe ser un instrumento del Gobierno Popular.”⁷

La afirmación expresaba una cuestión estratégica mucho más profunda que una discusión organizativa. Para Allende, el Gobierno Popular constituía el centro político desde el cual debía desarrollarse la transformación de la sociedad. Las organizaciones surgidas desde las fábricas y los territorios podían fortalecer ese proceso, presionar para profundizar determinadas medidas e incorporar a los trabajadores a la conducción económica y política, pero no debían transformarse en una institucionalidad alternativa que disputara la autoridad al Gobierno y al Estado existente. Esta concepción era coherente con la estrategia general de la vía chilena al socialismo: avanzar hacia una nueva sociedad utilizando y transformando progresivamente la institucionalidad republicana burguesa.

Los Cordones Industriales introducían, sin embargo, una dinámica diferente. No habían sido creados por el Gobierno ni establecidos previamente por el Programa de la Unidad Popular. Surgieron desde conflictos concretos de la clase trabajadora y comenzaron a desarrollar formas de coordinación territorial que, bajo la presión de la crisis revolucionaria, asumieron funciones relacionadas con la producción, el transporte, el abastecimiento y la movilización. Su autoridad no provenía de una institución estatal, sino de las fábricas, las asambleas y la propia movilización de los trabajadores.

La crisis de octubre de 72 permitió que esta diferencia adquiriera una expresión práctica. Mientras los trabajadores extendían las ocupaciones y los Cordones se generalizaban frente al paro patronal, el gobierno avanzó hacia otra salida política. El 26 de octubre, el general Héctor Bravo, encargado de la Zona de Emergencia de Santiago, llamó a devolver las empresas ocupadas; el 2 de noviembre se constituyó un gabinete cívico-militar y pocos días después el gobierno retomó negociaciones con la oposición y el movimiento gremialista. Frente a una misma crisis aparecían así dos dinámicas diferentes: la extensión de organismos surgidos desde la movilización obrera y la búsqueda gubernamental de una estabilización de la situación mediante las instituciones existentes.

Luis Vitale identificó precisamente esta contradicción al realizar posteriormente un balance de la experiencia chilena:“La Unidad Popular no alcanzó a cambiar el carácter del Estado ni crear un nuevo tipo de institucionalidad que formalizara los embriones de poder popular.”⁸

Aparecían así, bajo la expresión común de Poder Popular, dos perspectivas que tendían a entrar en contradicción. Para la estrategia gubernamental, los organismos populares debían fortalecer al Gobierno y contribuir a transformar progresivamente el Estado existente. Desde otra perspectiva, la dinámica desarrollada por los Cordones planteaba la posibilidad de que los organismos creados directamente por los trabajadores adquirieran creciente independencia, extendieran sus funciones y comenzaran a constituirse en una autoridad alternativa desde las fábricas y los territorios.

Esta contradicción tampoco debe presentarse como si los propios Cordones hubieran desarrollado desde su nacimiento una estrategia acabada y consciente de construcción de un Estado alternativo. Su composición política era heterogénea, sus niveles de organización eran desiguales y los partidos de la Unidad Popular mantenían una importante influencia sobre sus trabajadores. La cuestión del poder aparecía fundamentalmente como resultado del desarrollo objetivo de las funciones que los Cordones comenzaban a asumir, antes que como aplicación de un programa revolucionario previamente elaborado.

La contradicción no desapareció después de derrotado el paro patronal. En enero de 1973, el gobierno presentó el Plan Prats-Millas, que buscaba delimitar el Área de Propiedad Social y restituir determinadas empresas ocupadas. La respuesta de sectores de los Cordones fue inmediata: Cerrillos se movilizó contra el plan el 25 y 26 de enero y, pocos días después, la asamblea del Cordón Vicuña Mackenna también rechazó las restituciones. La cuestión planteada durante octubre reaparecía bajo una nueva forma: quién debía decidir el destino de las empresas ocupadas y hasta dónde debía extenderse el Área de Propiedad Social.

Durante las últimas semanas del proceso, los Cordones intentaron avanzar hacia formas superiores de coordinación. El 16 de julio, desde Indugas, se llamó a constituir una Coordinadora Provincial de Cordones Industriales; su primera reunión se realizó dos días después y el 24 de julio desarrolló una gran concentración en el Teatro Caupolicán. Al día siguiente, Allende intervino ante la CUT llamando nuevamente al diálogo con la Democracia Cristiana y condenando el “paralelismo sindical”. En agosto, los Cordones rechazaron la formación del gabinete de “seguridad nacional” integrado por los tres jefes de las Fuerzas Armadas. La distancia entre ambas orientaciones se hacía cada vez más difícil de conciliar.

Precisamente por ello, el documento que mejor permite observar hasta dónde había avanzado esta contradicción no es una resolución teórica de algún partido, sino una intervención producida por los propios organismos obreros.

Carta del 5 de septiembre de 1973 de los Cordones Industriales a Salvador Allende

La evolución política de los Cordones Industriales alcanzó una de sus expresiones más profundas el 5 de septiembre de 1973. Apenas seis días antes del golpe de Estado, la Coordinadora Provincial de Cordones Industriales, junto al Comando Provincial de Abastecimiento Directo y el Frente Único de Trabajadores en Conflicto, dirigió una extensa carta al presidente Salvador Allende. El documento comenzaba constatando un cambio decisivo en la situación política: el peligro ya no era solamente que el proceso revolucionario terminara contenido dentro de una salida reformista, sino la posibilidad inmediata de una derrota contrarrevolucionaria:

“Antes teníamos el temor de que el proceso hacia el socialismo se estaba transando para llegar a un gobierno de centro, reformista, democrático-burgués que tendía a desmovilizar a las masas […]

Pero ahora, analizando los últimos acontecimientos, nuestro temor ya no es ese; ahora tenemos la certeza de que vamos en una pendiente que nos llevará inevitablemente al fascismo.”

La Carta confrontaba entonces al Gobierno con sus propias promesas de construcción del Poder Popular. Después de tres años de Unidad Popular, los trabajadores preguntaban “¿dónde está el nuevo Estado?”, mencionando expresamente la nueva Constitución, la Cámara Única y la Asamblea Popular. La crítica se dirigía, además, a la orientación adoptada frente a los momentos decisivos de la lucha de clases. El balance del paro patronal de octubre de 1972 ocupaba por ello un lugar central:

“En octubre, cuando fue la voluntad y organización de la clase obrera la que mantuvo al país caminando frente al paro patronal, donde nacieron los Cordones Industriales, en el calor de esa lucha; y se mantuvo la producción, el abastecimiento, el transporte, gracias al sacrificio de los trabajadores […] Ud. no nos tuvo confianza.”

“A pesar de que nadie puede negar la tremenda potencialidad revolucionaria demostrada por el proletariado, le dio una salida que fue una bofetada a la clase obrera, instaurando un Gabinete cívico-militar […].”

El significado político de la Carta aparece entonces con particular claridad. Los Cordones no estaban reclamando solamente mejores salarios, nuevas nacionalizaciones o mayores espacios de participación dentro de las empresas. Desde la experiencia concreta de mantener la producción, organizar el abastecimiento y enfrentar el paro patronal, una franja organizada de la clase trabajadora había llegado a interrogar directamente por el Estado y el poder político. La crítica a Allende era precisamente que, en aquellos momentos en que los trabajadores consideraban posible avanzar, el Gobierno había optado por el repliegue, la estabilización institucional y el acuerdo. Esta conclusión desembocaba en la formulación más radical de toda la Carta:

“Por todo lo planteado, compañero, nosotros los trabajadores, estamos de acuerdo en un punto con el señor Frei, que aquí hay sólo dos alternativas: la dictadura del proletariado o la dictadura militar.”

“Estamos absolutamente convencidos de que históricamente el reformismo que se busca a través del diálogo con los que nos han traicionado una y otra vez, es el camino más rápido hacia el fascismo.”

La Carta constituye así uno de los testimonios más avanzados de la conciencia política alcanzada por sectores de los Cordones Industriales. De la fábrica habían pasado a la coordinación territorial; de la producción, al abastecimiento y el transporte; y desde allí, al problema del Estado y a la disyuntiva entre dictadura del proletariado y dictadura militar. Pero el documento expresaba también una contradicción que la experiencia de los Cordones no consiguió resolver: quienes denunciaban los límites del reformismo y planteaban la necesidad de avanzar hacia otro poder continuaban dirigiéndose a Allende para exigirle que se apoyara en las masas y encabezara ese viraje. La independencia organizativa alcanzada por los trabajadores no se había traducido todavía en una dirección política revolucionaria capaz de disputar la conducción del proceso. Precisamente este problema conduce a la cuestión que examinaremos a continuación: el papel del PS, el MIR y la ausencia de una dirección revolucionaria capaz de transformar aquella potencialidad obrera en una estrategia para la conquista del poder.

Notas

1. Franck Gaudichaud, Poder popular y Cordones Industriales. Testimonios sobre el movimiento popular urbano, 1970-1973, LOM/Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, 2004.

2. Ibíd.

3. Crónica de Punto Final, noviembre de 1972, sobre la experiencia de Cerrillos-Maipú.

4. Franck Gaudichaud, Poder popular y Cordones Industriales, op. Cit.

5. Ibíd.

6. León Trotsky, ¿Y ahora? Problemas vitales del proletariado alemán, 1932, apartado sobre los consejos de fábrica y el control obrero.

7. Salvador Allende, discurso sobre el Poder Popular, 1972.

8. Luis Vitale, Interpretación marxista de la Historia de Chile, tomo VII.

9. Coordinadora Provincial de Cordones Industriales, Comando Provincial de Abastecimiento Directo y Frente Único de Trabajadores en Conflicto, “Carta al Presidente Salvador Allende”, Santiago, 5 de septiembre de 1973.

10. Víctor Farías, La izquierda chilena (1969-1973), tomo VI, pp. 5018-5022.

11. Franck Gaudichaud, Poder popular y Cordones Industriales, Santiago, LOM/DIBAM, 2004, pp. 453 y ss.

CAPÍTULO VI.

La dirección revolucionaria y la cuestión militar del proletariado.

La experiencia de los Cordones Industriales demuestra que la revolución chilena no careció de movilización obrera ni de organismos capaces de comenzar a desbordar las instituciones existentes. La Carta del 5 de septiembre de 1973 mostró incluso que sectores avanzados de los trabajadores habían llegado a plantear directamente el problema del Estado, denunciar el reformismo y reclamar una “vanguardia decidida y hegemónica”. La cuestión que queda planteada es, entonces, por qué aquella enorme potencialidad no logró transformarse en una alternativa política capaz de disputar efectivamente el poder.

La crítica a la estrategia predominante de la Unidad Popular no agota esta discusión. A su izquierda existieron fuerzas que rechazaron las concesiones a la Democracia Cristiana, impulsaron la movilización obrera y defendieron distintas formas de Poder Popular. El Partido Socialista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria tuvieron una intervención decisiva en este terreno, pero desde posiciones diferentes. Sus límites no fueron los mismos y no pueden reducirse a una crítica común al reformismo.

El Partido Socialista: entre el Congreso de Chillán y el Frente Popular

La trayectoria del Partido Socialista había estado atravesada desde sus orígenes por la tensión entre colaboración de clases y revolución. Fundado en 1933 como una organización que reivindicaba el marxismo y la transformación socialista, pocos años después participó junto al Partido Comunista y el Partido Radical en el Frente Popular que llevó a Pedro Aguirre Cerda al gobierno en 1938. La experiencia gubernamental y las crisis posteriores abrieron fuertes debates internos sobre la participación socialista en alianzas dirigidas por sectores burgueses.

Durante los años cincuenta, la formación del Frente de Acción Popular (FRAP) y las sucesivas candidaturas presidenciales de Salvador Allende expresaron un desplazamiento hacia una política de mayor independencia respecto del radicalismo y los partidos tradicionales, aunque manteniendo la perspectiva de conquistar el gobierno mediante la vía electoral. Estas contradicciones alcanzarían una formulación particularmente radical en el Congreso de Chillán de 1967, cuando el partido proclamó formalmente la necesidad de conquistar el poder y destruir el aparato del Estado burgués.

La contradicción del Partido Socialista aparece con particular claridad al comparar sus definiciones programáticas con su actuación durante el Gobierno Popular. En el Congreso de Chillán de 1967, el PS había adoptado formulaciones inequívocamente revolucionarias. Su resolución política establecía:

“El Partido Socialista, como organización marxista-leninista, plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación, para instaurar un Estado Revolucionario”.¹

La misma resolución sostenía que sólo mediante la destrucción del aparato burocrático y militar del Estado burgués podía consolidarse la revolución socialista y rechazaba que las formas electorales o legales pudieran conducir por sí mismas al poder. Estas formulaciones estaban considerablemente a la izquierda de la estrategia que posteriormente desarrollaría el Gobierno de la Unidad Popular.

El problema del PS no fue, por tanto, la ausencia formal de un programa que hablara de toma del poder o destrucción del Estado burgués. La contradicción consistió en que esas definiciones no se transformaron en una estrategia consecuente durante la revolución chilena. El partido pasó a constituir uno de los pilares del Gobierno de Allende, mientras sectores importantes de su militancia obrera participaban simultáneamente en los Cordones Industriales y acompañaban una dinámica que comenzaba a desbordar los límites institucionales de la coalición.

Desde la perspectiva desarrollada en este folleto, la Unidad Popular presentaba las características políticas fundamentales de un Frente Popular: organizaciones de la clase trabajadora participaban en una alianza con fuerzas burguesas y pequeño-burguesas sobre la base de un programa común que no planteaba la sustitución del Estado existente por un nuevo poder basado en los organismos de la clase trabajadora. El límite del PS consistió precisamente en intentar radicalizar esa alianza sin romper estratégicamente con ella.

El MIR y la “unidad de los revolucionarios”

El problema del MIR fue diferente. Sería incorrecto identificar su estrategia con la desarrollada por la dirección de la Unidad Popular. Desde su fundación en 1965, el MIR rechazó expresamente la vía pacífica y sostuvo que el capitalismo sólo podía ser derribado mediante una revolución. Su Declaración de Principios afirmaba que su finalidad era sustituir el capitalismo por un gobierno de obreros y campesinos dirigido por “los órganos del poder proletario”, reconocía al proletariado como “la clase de vanguardia revolucionaria” y proclamaba la insurrección popular armada como camino hacia el poder.²

Por eso, una crítica marxista al MIR no puede construirse atribuyéndole posiciones que no sostuvo. El MIR planteó la conquista del poder, rechazó la vía pacífica y reconoció programáticamente la centralidad revolucionaria del proletariado. El problema es determinar si su concepción del partido, su política frente a la Unidad Popular y su implantación social permitieron transformar esas definiciones en una estrategia efectiva para dirigir la revolución.

Una primera contradicción estaba presente en la propia formación del MIR. El Congreso de Unidad Revolucionaria de agosto de 1965 reunió organizaciones y militantes provenientes de tradiciones estratégicas diferentes: la Vanguardia Revolucionaria Marxista-Rebelde de Miguel Enríquez y otros jóvenes provenientes del socialismo; trotskistas del Partido Obrero Revolucionario, entre ellos Luis Vitale y Enrique Sepúlveda; sindicalistas revolucionarios vinculados a Clotario Blest; anarquistas encabezados por Ernesto Miranda; socialistas revolucionarios e independientes. Enrique Sepúlveda, proveniente del trotskismo, fue elegido primer secretario general.³

La propia Declaración de Principios expresaba abiertamente el criterio político que había permitido aquella convergencia:

“unificar, por encima de todo sectarismo, a los grupos militantes revolucionarios”.²

Precisamente aquí aparece una diferencia fundamental con el método de construcción del partido bolchevique. El leninismo no construyó el partido mediante la unidad de todas las corrientes que se consideraban revolucionarias, sino mediante sucesivas delimitaciones políticas, programáticas y organizativas.

No se trataba de diferencias secundarias. Trotskistas, anarquistas, sindicalistas revolucionarios, guevaristas, maoístas y otras corrientes podían coincidir en la necesidad de la revolución y, sin embargo, mantener concepciones profundamente diferentes acerca del partido, la clase social dirigente, la naturaleza del Estado, la insurrección y los organismos mediante los cuales debía ejercerse el nuevo poder. Desde el método leninista, esas diferencias no debían ser postergadas en nombre de la “unidad de los revolucionarios”: constituían precisamente las cuestiones alrededor de las cuales debía delimitarse el partido revolucionario.

El problema de la implantación obrera en el MIR.

La Declaración de 1965 era inequívoca al definir al proletariado como vanguardia revolucionaria. Por tanto, sería incorrecto afirmar que el MIR negaba teóricamente la centralidad de la clase trabajadora. La discusión debe plantearse en otro terreno: qué lugar ocupó efectivamente la construcción del partido en los sectores estratégicos del proletariado.

Durante la UP, el MIR desarrolló una extensa política de Frentes de Masas e intervino entre trabajadores, campesinos, pobladores y estudiantes. Su concepción del Poder Popular buscaba articular esos diferentes sectores y adquirieron particular importancia los Comandos Comunales. El problema no consistía en organizar pobladores o campesinos. Una revolución proletaria necesita establecer una alianza con todos los sectores explotados. La cuestión estratégica era desde qué clase y desde qué posiciones materiales debía dirigirse esa alianza.

Los Cordones Industriales habían surgido precisamente desde las grandes concentraciones obreras y comenzaban desde allí a extender sus funciones hacia el transporte, la distribución, el abastecimiento y la coordinación territorial. Su desarrollo planteaba concretamente la posibilidad de que la organización de los trabajadores desde la producción constituyera el punto de partida para un poder más amplio sobre la sociedad.

Desde esta perspectiva, el límite del MIR no puede reducirse a decir que tenía “pocos obreros”. La cuestión era cualitativa: la construcción prolongada de una dirección revolucionaria en los sectores estratégicos del proletariado no había alcanzado antes de la crisis la profundidad necesaria para disputar efectivamente la conducción de esos organismos a las fuerzas tradicionales de la izquierda.

El “apoyo crítico”.

La independencia organizativa del MIR respecto de la Unidad Popular tampoco significó una ruptura política absoluta con el Gobierno. La relación fue considerablemente más contradictoria. El propio Miguel Enríquez utilizó la expresión “apoyo crítico” para caracterizarla. El Archivo Nacional registra además que, después del triunfo electoral de 1970, la relación entre Enríquez y Allende se hizo muy estrecha. Enríquez recordaría posteriormente: “la relación con Salvador Allende fue casi diaria”.⁴

El MIR no ingresó formalmente a la Unidad Popular y mantuvo sus discrepancias con la estrategia institucional. Pero la elección de Allende modificó su política inmediata: en septiembre de 1970 estableció una tregua en las acciones de propaganda armada que había desarrollado durante el período anterior. La relación tuvo incluso una dimensión práctica en la seguridad presidencial, con participación inicial de militantes miristas en la protección de Allende y vínculos con la formación del GAP.⁵

Más importante que esos episodios era la orientación política subyacente. El MIR distinguía entre las diferentes fuerzas de la Unidad Popular y depositaba expectativas en la radicalización de sectores de su izquierda, particularmente del PS y el MAPU, mientras buscaba desarrollar desde fuera la movilización y los organismos de Poder Popular.⁶ Aquí aparece una cuestión estratégica fundamental: el MIR criticó profundamente el reformismo de la Unidad Popular, pero no desarrolló una caracterización de la UP equivalente a la concepción de Frente Popular como una estrategia de colaboración de clases que debía ser políticamente derrotada y sustituida por la independencia del proletariado.

Esta diferencia tenía consecuencias prácticas. Si el problema fundamental era la correlación entre un ala reformista y un ala revolucionaria dentro del proceso, entonces podía plantearse presionar a la Unidad Popular desde fuera, fortalecer a su izquierda y empujar al Gobierno hacia medidas más radicales. Pero si el problema era la naturaleza misma del Frente Popular, la tarea era diferente: conquistar políticamente a los trabajadores que seguían al PS, al MAPU y al propio Allende para una estrategia independiente del conjunto de la coalición gubernamental.

El balance del PS y del MIR muestra así dos límites estratégicos diferentes. El Partido Socialista poseía una importante implantación obrera y una influencia considerable en los Cordones Industriales, pero no rompió con la estrategia de la Unidad Popular: buscó radicalizar el Frente Popular desde su interior. El MIR, en cambio, había roto con la vía pacífica, planteaba la conquista del poder y defendía el Poder Popular, pero la “unidad de los revolucionarios”, su insuficiente arraigo en los sectores estratégicos del proletariado y su política de “apoyo crítico” no le permitieron construir una alternativa capaz de disputar al reformismo la dirección de la clase trabajadora.

La cuestión militar del proletariado.

La cuestión de la dirección revolucionaria conducía inevitablemente a otro problema que la revolución chilena tampoco podía eludir: la cuestión militar. Si el Estado no constituye un aparato neutral, sino que descansa en última instancia sobre instituciones coercitivas —Fuerzas Armadas, policía y demás organismos represivos—, el desarrollo de organismos de poder obrero no podía limitarse indefinidamente al control de la producción, el abastecimiento o la coordinación territorial. En algún momento debía enfrentar la cuestión de quién disponía efectivamente de la fuerza material capaz de decidir el desenlace de la crisis.

Desde la perspectiva del marxismo revolucionario, la conquista del poder exige una ruptura en los aparatos represivos del Estado, quebrando su disciplina y disputando políticamente a sus sectores de base. Américo Gomes sintetiza este problema:

“Sin la división de las Fuerzas Armadas y de los demás aparatos represivos no puede triunfar una revolución, ni tampoco impedirse una contrarrevolución. Para derrotar el Estado burgués y destruirlo es necesario romper la jerarquía y la disciplina militar, quebrar su cadena de mando, dividir las Fuerzas Armadas y ganarse la base de los soldados para la revolución.”⁷

El problema militar no consiste, por tanto, simplemente en enfrentar desde fuera a las Fuerzas Armadas. Las situaciones revolucionarias pueden profundizar las contradicciones existentes entre sus mandos y la tropa, abriendo la posibilidad de disputar políticamente a soldados, marineros, cabos y suboficiales y separarlos del alto mando. Como sintetizaba Trotsky, “una insurrección es, en esencia, no tanto la lucha contra el ejército, sino una lucha por el ejército”.⁸

En Chile este problema adquirió una importancia decisiva. La estrategia de la Unidad Popular descansaba, por el contrario, en la confianza en el carácter profesional, republicano y constitucionalista de las Fuerzas Armadas. Esta concepción, sostenida particularmente por el Partido Comunista, llevaba a buscar garantías en sectores del alto mando y a preservar la unidad y disciplina de las instituciones militares. Pero el desarrollo de la crisis revolucionaria demostró que las Fuerzas Armadas no se encontraban por encima de la lucha de clases. El Tanquetazo del 29 de junio y, finalmente, el golpe del 11 de septiembre mostraron que sectores decisivos del aparato militar se preparaban para resolver por la fuerza una crisis que ya no podía ser contenida mediante los mecanismos ordinarios de la institucionalidad.

Después del Tanquetazo, el problema militar dejó de constituir una posibilidad abstracta. Durante julio comenzaron allanamientos militares en empresas y organizaciones de izquierda; el 2 de agosto las Fuerzas Armadas asaltaron la industria Cobre-Cerrillos y, el 31 de agosto, el regimiento Tacna intervino Indugas en el marco de una búsqueda sistemática de armas en los Cordones Industriales. Al mismo tiempo, la detención en Valparaíso de marineros opuestos a la acción golpista mostraba que también existían contradicciones dentro de los propios aparatos militares. La cuestión planteada ya no era solamente cómo defender las fábricas, sino qué política desarrollar frente al aparato armado del Estado y frente a las fracturas que comenzaban a manifestarse en su interior.⁹

Los Cordones Industriales habían desarrollado importantes capacidades de organización territorial, movilización y control sobre sectores de la producción, pero no podían resolver espontáneamente el problema militar ni transformar por sí solos su poder embrionario en una alternativa estatal. El desarrollo de organismos de poder obrero debía articularse con una política hacia la base de las Fuerzas Armadas que impulsara su ruptura con el alto mando. Pero esa tarea planteaba, a su vez, el problema de la dirección revolucionaria.

La insurrección no surge espontáneamente de la acumulación de luchas ni constituye simplemente la prolongación del control obrero. Supone una decisión política consciente: evaluar la correlación de fuerzas, preparar el momento decisivo, coordinar los organismos de poder obrero y aprovechar las fracturas producidas dentro del aparato estatal. De allí la formulación marxista de la insurrección como un arte. Los organismos creados por las masas podían constituir la base social de un nuevo poder, pero transformar una situación revolucionaria en la conquista efectiva del Estado requería una dirección política capaz de preparar y conducir ese desenlace.

Notas

1. Partido Socialista de Chile, Voto sobre Política Nacional, XXII Congreso General Ordinario, Chillán, 24-26 de noviembre de 1967.

2. Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Declaración de Principios, Congreso fundacional, agosto de 1965.

3. Biblioteca Nacional de Chile, Memoria Chilena, “Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)”, antecedentes sobre su fundación y el Congreso de Unidad Revolucionaria de agosto de 1965.

4. Archivo Nacional de Chile, “La Unidad Popular”, sección “Miguel-Allende”. Allí se reproduce la declaración de Miguel Enríquez: “la relación con Salvador Allende fue casi diaria y a veces más: estábamos todo el tiempo pasando información”.

5. Biblioteca Nacional de Chile, Memoria Chilena, “El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR, 1965-1990)”, cronología, septiembre de 1970, donde se registra la tregua en las acciones de propaganda armada después de la elección de Salvador Allende; Cristián Pérez, “Salvador Allende, apuntes sobre su dispositivo de seguridad: El Grupo de Amigos Personales (GAP)”, Estudios Públicos, N.º 79, 2000, pp. 31-81.

6. Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Secretariado Nacional, “Carta del MIR al PS”, diciembre de 1972, reproducida en Cecilia Radrigán y Miriam Ortega (eds.), Miguel Enríquez. Con vista a la esperanza, Santiago, 1998, pp. 228-229.

7. Américo Gomes, Sobre la cuestión militar, apartado “La política hacia los aparatos represivos”.

8. León Trotsky, Historia de la Revolución Rusa, capítulo sobre el arte de la insurrección.

9. Franck Gaudichaud, “Cronología del movimiento popular, 1970-1973”, en Poder popular y Cordones Industriales. Testimonios sobre el movimiento popular urbano 1970-1973, Santiago, LOM/Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2004.

Capitulo final.

Las lecciones estratégicas de la Unidad Popular: el problema del poder.

La experiencia de la Unidad Popular continúa siendo uno de los debates estratégicos más importantes del movimiento obrero chileno y latinoamericano. La nacionalización del cobre, la ampliación del Área de Propiedad Social, el fortalecimiento de la organización sindical y, especialmente, la irrupción de los Cordones Industriales demostraron la enorme capacidad de la clase trabajadora para intervenir en la producción y en la vida política cuando actúa como sujeto independiente. Al mismo tiempo, la derrota del 11 de septiembre de 1973 dejó planteada una de las cuestiones fundamentales de toda revolución: ¿cómo puede la clase trabajadora conquistar y conservar el poder político?

La experiencia chilena demuestra que detrás de toda estrategia política existe una determinada concepción del Estado y de la lucha de clases. No existe una discusión puramente técnica sobre nacionalización, planificación económica, participación o control obrero. El problema decisivo es quién ejerce el poder y mediante qué instituciones. Como señalaba Lenin en 1917, “la cuestión fundamental de toda revolución es, indudablemente, la cuestión del poder del Estado”.¹

La estrategia de la Unidad Popular respondió desde su origen a una concepción determinada de ese problema. Buscó avanzar hacia profundas transformaciones económicas preservando la institucionalidad burguesa, utilizando el aparato estatal existente y manteniendo una alianza política de colaboración de clases. Pero la revolución chilena produjo, desde abajo, una dinámica diferente. La agudización de la lucha de clases impulsó organismos de autoorganización obrera —particularmente los Cordones Industriales— que comenzaron a asumir funciones sobre la producción, el abastecimiento, el transporte y el territorio. No se trataba de dos estrategias contenidas originalmente en la Unidad Popular, sino de una contradicción entre la estrategia previamente definida por su dirección y una tendencia hacia el poder obrero surgida del desarrollo de la propia revolución.

De esta experiencia surgen, a nuestro juicio, tres lecciones estratégicas fundamentales.

Primera lección: el problema del poder para la clase trabajadora.

La revolución chilena confirmó que las transformaciones económicas, por profundas que sean, no resuelven por sí mismas la cuestión del poder. La nacionalización del cobre, la reforma agraria y la ampliación del Área de Propiedad Social constituyeron conquistas históricas, pero las instituciones fundamentales del viejo Estado —el alto mando militar, los organismos represivos, el Poder Judicial y el aparato burocrático— permanecieron en pie. La transformación de las relaciones de propiedad avanzó considerablemente más lejos que la transformación del poder político.

La aparición de los Cordones Industriales agudizó esta contradicción. Como hemos visto, estos organismos no constituyeron todavía un Estado alternativo ni alcanzaron el grado de desarrollo de los soviets de la revolución rusa. Pero expresaron una tendencia objetiva hacia la dualidad de poder: sectores de la clase trabajadora comenzaron a organizarse independientemente de las instituciones estatales y a intervenir sobre funciones que excedían ampliamente la lucha sindical tradicional.

Toda situación de dualidad de poder es necesariamente transitoria. No puede existir indefinidamente un equilibrio entre el viejo Estado burgues y los organismos surgidos de la revolución. Tarde o temprano la contradicción debe resolverse: o el Estado capitalista reconstruye plenamente su autoridad o los organismos de la clase trabajadora avanzan hasta transformarse en el fundamento de un nuevo poder político.

La cuestión del poder desembocaba, por ello, inevitablemente en la cuestión militar. El Estado burgués no descansaba solamente en el Parlamento, los tribunales o la administración pública, sino, en última instancia, en sus instituciones coercitivas. Lenin, retomando las conclusiones de Marx sobre la Comuna de París, identificaba precisamente entre los componentes fundamentales del Estado al ejército permanente, la policía y la burocracia.²

No bastaba entonces con desarrollar organismos capaces de controlar fábricas, organizar el abastecimiento o coordinar territorialmente a los trabajadores. Era necesario quebrar la capacidad coercitiva del Estado capitalista, desarrollar una política dirigida hacia soldados, cabos y suboficiales y preparar políticamente a la clase trabajadora para el enfrentamiento decisivo con la contrarrevolución. La confianza en el supuesto carácter constitucionalista de las Fuerzas Armadas demostró precisamente el límite más trágico de la estrategia institucional.

En Chile, la contradicción no alcanzó a resolverse mediante la sustitución del viejo poder por uno nuevo. Fue la contrarrevolución la que terminó resolviéndola. El 11 de septiembre de 1973, las instituciones militares que la estrategia de la Unidad Popular había considerado parte del orden constitucional utilizaron toda la fuerza material del Estado para destruir al Gobierno Popular y aplastar las organizaciones de la clase trabajadora.

Segunda lección: del Frente Popular al programa de la dictadura del proletariado.

La derrota de la Unidad Popular no demuestra el fracaso del programa socialista, sino los límites de una estrategia de Frente Popular y colaboración de clases. El problema no consistió simplemente en que la UP avanzara demasiado lentamente, cometiera errores tácticos o realizara excesivas concesiones. Su estrategia no estaba orientada hacia la sustitución del Estado burgués por un nuevo poder de la clase trabajadora, sino hacia profundas transformaciones económicas preservando las instituciones fundamentales del Estado existente y manteniendo una alianza política que subordinaba la independencia del proletariado. Por eso tampoco bastaba con radicalizar el Frente Popular desde su interior, como pretendieron importantes sectores del PS, ni con presionarlo desde fuera esperando fortalecer su ala izquierda, límite también presente en la política del MIR. La cuestión estratégica era construir una alternativa independiente de la clase trabajadora orientada a la conquista del poder.

Esta discusión conserva plena actualidad. El crecimiento de la ultraderecha, las tendencias autoritarias, las intervenciones militares en crisis políticas —como ocurrió en Bolivia en 2019— y la utilización recurrente de estados de emergencia en América Latina no son fenómenos simplemente externos a la democracia burguesa, sino expresiones de las contradicciones de un capitalismo cada vez más decadente. Frente a ellas, el reformismo vuelve a levantar la política del “mal menor”: defender la democracia existente mediante amplias alianzas con sectores del centro y de la burguesía, postergando nuevamente un programa propio de los trabajadores. La política revolucionaria parte de una distinción fundamental: defender las libertades democráticas no significa defender programaticamente la democracia burguesa. Los derechos de huelga, organización, reunión, expresión y movilización deben ser defendidos frente a toda reacción porque constituyen conquistas y condiciones fundamentales para la organización independiente de la clase trabajadora, precisamente para desarrollar las fuerzas capaces de enfrentar y finalmente derrocar al capitalismo.

Pero la independencia de clase tampoco constituye por sí misma un programa de poder. La cuestión decisiva sigue siendo qué Estado debe sustituir al dominio político de la burguesía. Desde Marx y Engels hasta Lenin y Trotsky, el marxismo revolucionario respondió mediante el programa de la dictadura del proletariado: la destrucción del aparato estatal burgués y su sustitución por un nuevo poder basado en los organismos democráticos de la clase trabajadora y las masas explotadas. Los Cordones Industriales mostraron embrionariamente esa posibilidad durante la revolución chilena. Frente a un capitalismo que reproduce crisis, guerras, autoritarismo y reacción, la alternativa formulada por Rosa Luxemburgo —“socialismo o barbarie”— conserva así toda su vigencia: defender cada libertad democrática conquistada, no para convertir a la democracia burguesa en el horizonte histórico de los trabajadores, sino para organizar sus fuerzas y preparar la lucha por un nuevo poder de clase.

Tercera lección: el partido revolucionario no se improvisa.

Pero un programa de dictadura del proletariado no adquiere fuerza histórica por su sola formulación. Necesita una organización capaz de conquistarlo para sectores cada vez más amplios de la clase trabajadora y, durante una situación revolucionaria, transformarlo en una alternativa efectiva de poder. Ésta es la tercera lección de la revolución chilena: el partido revolucionario no se improvisa.
Lenin sintetizó una dimensión de este problema en ¿Qué hacer?:

“Sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario.”*⁴

Décadas más tarde, Trotsky abrió el Programa de Transición con otra formulación:

“La situación política mundial del momento se caracteriza, ante todo, por la crisis histórica de la dirección del proletariado.”⁵

La revolución chilena permite dar a ambas afirmaciones un contenido concreto. No bastaba con que existieran organizaciones que se reivindicaran revolucionarias, ni con proclamar la necesidad de conquistar el poder cuando la crisis revolucionaria ya estaba abierta. Era necesario un partido construido previamente, delimitado alrededor de un programa de dictadura del proletariado y profundamente arraigado en los sectores estratégicos de la clase obrera.

Esta construcción exigía dos condiciones inseparables. La primera era la delimitación programática y estratégica. Las diferencias acerca del Frente Popular, el carácter del Estado, el Poder Popular, la cuestión militar, la insurrección y la dictadura del proletariado no eran discusiones que pudieran dejarse para después de iniciada la revolución. Constituían precisamente las cuestiones fundamentales alrededor de las cuales debía construirse el partido revolucionario.

La segunda era su arraigo en los sectores estratégicos del proletariado. Un programa revolucionario que no conquista fuerza material en las grandes concentraciones obreras permanece impotente frente a una crisis revolucionaria. El partido debía construirse durante años en las fábricas, minas, puertos, transportes y demás sectores capaces de intervenir directamente sobre la producción y el funcionamiento material de la sociedad.

Cuando aparecieron los Cordones Industriales, la posibilidad de disputar su dirección dependía precisamente de esa acumulación anterior. La revolución puede producir Cordones; no produce espontáneamente el partido capaz de dirigirlos. La crisis revolucionaria acelera extraordinariamente la conciencia y la organización de las masas, pero no sustituye el trabajo previo de formación de cuadros, delimitación política e implantación en la clase trabajadora.

Y cuando la dualidad de poder alcanza su momento decisivo, el problema del partido se convierte también en el problema de la insurrección. La espontaneidad de las masas puede producir huelgas generales, ocupaciones, organismos de autoorganización e incluso profundas fracturas dentro del aparato estatal. Pero concentrar esas fuerzas, escoger el momento decisivo, desarrollar una política hacia la base de las Fuerzas Armadas y organizar conscientemente la lucha por el poder exige una dirección revolucionaria. La insurrección, como insistieron Lenin y Trotsky a partir de la experiencia rusa, no constituye simplemente una explosión espontánea: es un problema político y estratégico que debe ser preparado conscientemente.

Trotsky expresó la relación entre las masas y su dirección mediante una imagen que conserva toda su fuerza:

“Sin una organización dirigente, la energía de las masas se disiparía como vapor no encerrado en un cilindro de pistón. Pero el movimiento no proviene del cilindro ni del pistón, sino del vapor.”⁶

El partido no sustituye a la clase trabajadora ni crea artificialmente la revolución. Las masas constituyen la fuerza material de la revolución; el partido lucha por conquistar su dirección sobre la base de un programa. Y ese programa no puede limitarse a la independencia política frente a la burguesía, a la defensa de las conquistas existentes ni a una formulación genérica de Poder Popular. Debe responder a la cuestión fundamental que toda revolución termina planteando: qué clase gobernará, mediante qué instituciones y qué Estado sustituirá al poder existente.

La tarea es, por tanto, construir un partido revolucionario programáticamente delimitado alrededor de la lucha por la dictadura del proletariado y profundamente arraigado en los sectores estratégicos de la clase obrera, capaz de disputar al reformismo la dirección de las masas, desarrollar los organismos independientes surgidos de la lucha y conducirlos hacia la conquista del poder.

Más de medio siglo después, ésta no constituye solamente una conclusión histórica. Frente a un capitalismo que reproduce crisis, guerras, desigualdad, reacción y tendencias cada vez más profundas hacia la barbarie, la alternativa histórica mantiene toda su vigencia: socialismo o barbarie.

Estudiar la revolución chilena significa prepararse para las luchas que vendrán. No para repetir mecánicamente las formas de 1973, sino para incorporar sus conquistas, contradicciones y derrotas al arsenal estratégico de una nueva generación de trabajadores revolucionarios. La tarea no consiste solamente en recordar a quienes lucharon, sino en construir en la clase trabajadora la fuerza política capaz de resolver aquello que la revolución chilena dejó inconcluso: la conquista del poder y la construcción de un Estado de trabajadores.

06-09-2026

Notas

1. V. I. Lenin, Una de las cuestiones fundamentales de la revolución, septiembre de 1917. Allí Lenin formula que “la cuestión fundamental de toda revolución es, indudablemente, la cuestión del poder del Estado”.

2. V. I. Lenin, El Estado y la revolución, 1917, capítulo I, especialmente el apartado dedicado al Estado como producto del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase y al papel de los “destacamentos especiales de hombres armados”, el ejército permanente y la policía.

3. Rosa Luxemburgo, La crisis de la socialdemocracia (Folleto de Junius), 1916. Allí desarrolla la alternativa histórica entre avance al socialismo o retroceso hacia la barbarie.

4. V. I. Lenin, ¿Qué hacer? Problemas candentes de nuestro movimiento, 1902, capítulo I. La formulación “Sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario” aparece en su discusión sobre la relación entre teoría revolucionaria y movimiento obrero.

5. León Trotsky, La agonía del capitalismo y las tareas de la IV Internacional (Programa de Transición), 1938. El texto comienza señalando que “la situación política mundial del momento se caracteriza, ante todo, por la crisis histórica de la dirección del proletariado”.

6. León Trotsky, Historia de la Revolución Rusa, prólogo. Allí Trotsky compara la relación entre las masas y la organización dirigente con la del vapor y el mecanismo que permite concentrar su energía.